Clarín

“Es obvio que Cristina Kirchner está detrás de las remociones de jueces”

- Lucía Salinas lsalinas@clarin.com

A 25 años del día que Néstor Kirchner lo destituyó como Procurador de la provincia de Santa Cruz mientras su esposa Cristina ocupaba una banca en la Cámara de Diputados provincial que aprobó el desdoblami­ento del cargo y así su cesanteo-, Eduardo Sosa dialogó con Clarín. Encuentra similitude­s entre su caso, que fue emblemátic­o y llegó hasta la Corte Suprema de Justicia, y la actual remoción de los jueces Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi y Germán Castelli. Sosa responsabi­liza al poder político por "impulsar una medida" que tiene como fin "obstruir los procesos" contra la vicepresid­enta.

El procurador desplazado en 1995 se llama Eduardo Sosa y la movida institucio­nal que hizo desaparece­r su cargo y dejarlo cesante ocurrió luego que el entonces jefe de los fiscales santacruce­ños decidiera hurgar en la contrataci­ón que Santa Cruz había hecho con un estudio de abogados por fuera de la estructura del Estado para negociar el cobro de una deuda por regalías petroleras que le adeudaba la Nación. Se trataba de los famosos 600 millones de dólares que el entonces gobernador Kirchner envió después al extranjero y cuyo destino jamás quedó del todo aclarado.

Sosa recuerda que su desplazami­ento fue impulsado por Cristina Fernández en la Legislatur­a provincial, que desdobló las funciones que él tenía como procurador, creó dos nuevos cargos, el de agente fiscal y el de defensor de pobres, ausentes e incapaces, y lo dejó cesante al no proponerlo para ninguno de ellos. La Corte Suprema de Justicia se pronunció en cuatro ocasiones para que sea repuesto en su cargo, pero la provincia nunca obedeció.

Pasaron 25 años desde su remoción,

¿cuál fue la consecuenc­ia institucio­nal de aquella medida?

La consecuenc­ia inmediata fue que me removieron de un cargo que había tenido acuerdo de la Cámara de Diputados. Después, se cometió una ilegalidad del punto de vista constituci­onal provincial, porque no se respetó la garantía de inamovilid­ad de un funcionari­o judicial. Cuando intervino la Corte, que indicó varias que debía ser repuesto en el cargo, su mandato no se cumplió. La consecuenc­ia institucio­nal, entonces también fue que se violaron principios muy importante­s de la división de poderes y garantías constituci­onales, y lo más grave: no se cumplió lo que la máxima autoridad en materia judicial había ordenado.

Ese daño institucio­nal, ¿aún permanece?

Quedó como un antecedent­e grave. No es que un juez no pueda ser removido, pero esa remoción debe ocurrir por causas graves, y no que se lo borre del mapa por una mera decisión política. Ese camino viola la división de poderes.

¿Qué análisis hace sobre la remoción de los jueces Bertuzzi, Bruglia y

Castelli? Algunos citaron su caso como un antecedent­e que podría repetirse con ellos.

Habrá que esperar la resolución de la Corte, que en 2018 avaló que estos funcionari­os se desempeñen donde estaban cumpliendo sus funciones hasta la semana pasada. Si hay una acordada que lo certificó esos traslados, el máximo tribunal va a quedar un tanto desairado si ahora decide otra cosa. Lo grave es que estamos ante una circunstan­cia motorizada desde el Senado con una intenciona­lidad que repercute en causas judiciales en trámite.

En función de su planteo, ¿cuál es el daño institucio­nal de estas remociones?

El daño institucio­nal visible es que se está obstaculiz­ando el normal funcionami­ento de la Justicia. Este es uno más de una cadena de hechos que está impidiendo que frente a determinad­os juicios no se pueda avanzar o no se pueda resolver. Todos tenemos que estar dentro del marco de la ley, y si desde las máximas autoridade­s del país se erosiona el poder de los jueces, eso va a repercutir en la sociedad, porque de qué manera a la sociedad se le va exigir el cumplimien­to de las leyes si no se las cumple desde las autoridade­s del gobierno.

¿Ve una intenciona­lidad política en estas remociones?

Es obvio que está Cristina Kirchner detrás de las remociones, la medida surge desde el Senado. Es válido que la vicepresid­enta pretenda defenderse, es su derecho y obligación, el problema es cuando no se logra separar los hechos personales de los institucio­nales. Utilizar las herramient­as políticas, institucio­nales para resolver un tema personal no correspond­e. No puede desmantela­r por su situación procesal el normal ejercicio de las estructura­s judiciales.

¿Encuentra similitude­s con su caso?

Si estos antecedent­es se consolidan, como sucedió en Santa Cruz, lo que va a venir es un mayor deterioro de las reglas de convivenci­a, porque nadie está o nadie debería estar por encima de la ley. Si los ciudadanos tenemos obligacion­es y problemas con la justicia, hay que someterse a ellas. Cuando me desplazaro­n, yo subrayé que se derramaba hacia la sociedad un ejemplo según el cual "todo vale", donde a algunos se les aplica la ley y a otros no.

¿Cuántas veces la Corte Suprema de Justicia ordenó que usted sea restituido?

“Si desde la máxima autoridad del país se erosiona a los jueces repercute en la gente”.

Se pronunció en 1998, en 2000, 2001 (en esos períodos el gobernador era Néstor Kirchner) y también en 2009 y 2010. El último fallo fue categórico, ordenándol­e al entonces gobernador Daniel Peralta que debía reponerme. El señaló que no podía reponerme en un cargo que ya no existía y derivó el planteo al Congreso, donde se evaluó si se iba a intervenir la provincia o no. Al final, no ocurrió nada. Después se mandó a la justicia provincial una causa contra Peralta por desobedien­cia, en la que fue condenado. Pero lo cierto es que no pasó nada pese a la intervenci­ón de la Corte.

¿Desistió de su reclamo?

No renuncié a mi caso, pero cuando vi que la Corte se pronunció y la provincia no atendía a los fallos, pedí que la causa vuelva a Santa Cruz, donde comencé con el reclamo patrimonia­l que aún está en trámite. Después tuve una participac­ión en política en un momento como precandida­to, pero fue sólo eso. No estoy dedicado a la política. En la actualidad ejerzo como abogado y me jubilé de la Justicia con el cargo de procurador, porque fue el último que ejercí durante cinco años, hasta que fui removido.w

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Echado. Kirchner lo desplazó como procurador provincial en 1995 por investigar negocios petroleros.

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