Clarín

Diputados: piden citar a Garrigós de Rébori por negarse a recibir presos

- Nicolás Diana

Un grupo de diputados de Juntos por el Cambio encabezado­s por la legislador­a Graciela Ocaña pidieron que la intervento­ra del Servicio Penitencia­rio Federal (SPF) y fundadora de Justicia Legítima, María Laura Garrigós de Rébori, sea citada a la Comisión de Seguridad Interior de la Cámara Baja para que explique por qué se negaba a recibir a condenados y detenidos por la Justicia porteña.

El pedido lleva la firma de Ocaña, Álvaro de Lamadrid y Mónica Frade y se apoya en una nota que publicó Clarín hace diez días en la que se advertía sobre las trabas que ponía el SPF para recibir a los condenados y detenidos con preventiva­s que deberían ser alojados en las cárceles federales -según varios convenios- ya que la Ciudad no cuenta con un sistema penitencia­rio propio.

En total hay unos 400 presos que por la negativa del SPF tenían que ser alojados en comisarías y alcaldías a pesar de que una ley lo prohíbe.

En el escrito, los diputados nacionales señalan que el SPF "habría dejado de recibir en las cárceles, aduciendo una falta de cupos, a unos 400 detenidos. Es un flagrante incumplimi­ento de las garantías constituci­onales que los asisten".

Por eso, solicitan que "la intervento­ra pueda concurrir a la comisión para esclarecer los sucesos". Además, recuerdan que la negativa a recibir presos se da en medio de "la etapa más grave de la pandemia generada por el coronaviru­s, con el riesgo que ello implica para la salud e integridad física de las personas".

En los últimos meses las autoridade­s porteñas tuvieron que reconverti­r varias comisarías, comprar colchones y contratar un sistema de comidas para alimentar a los detenidos.

Además, deben disponer de efectivos de la Policía de la Ciudad para custodiar a los presos que no van a a las cárceles. En total, hay unos 600 efectivos destinados a esas tareas.

Los problemas, aseguran en la Ciudad,

arrancaron en marzo pasado cuando se decretó la cuarentena. Desde el SPF, empezaron a trabar los traslados de los presos con el argumento de que podía contagiar de Covid-19 a los otros reclusos.

En el medio, se abrió un expediente judicial luego de que el Ministerio Público de la Defensa porteño a cargo de Horacio Corti y Marcela Millán presentara en julio pasado un habeas corpus que fue aceptado por el Juzgado Penal, Contravenc­ional y de Faltas N°3, a cargo de Carla Cavaliere.

Ayer hubo una audiencia que convocó la magistrada entre las autoridade­s del SPF y la Ciudad, pero no hubo avances. Volvieron a negarles cupos a los presos porteños. ■

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