Una jugada para descomprimir la presión política sobre la Corte

Desde aquel polémico fallo del dos por uno dictado en mayo del 2017 que podía favorecer a los ex represores, la Corte Suprema no volvió a estar nunca, como ahora, en el ojo de la tormenta política y pública. Aquel momento resultó más delicado porque el entonces oficialismo de Cambiemos y la oposición peronista-kirchnerista, coincidieron en criticar la decisión –luego corregida con intervención del Congreso— que tuvo las firmas de Elena Highton, Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz. Afuera quedaron Ricardo Lorenzetti, todavía titular del máximo Tribunal, y Juan Carlos Maqueda.

El debate abierto ahora resulta mucho más complejo y en lugar de aunarlo, divide al sistema político y a la sociedad. La Corte dispuso que dará su opinión sobre los traslados de los jueces Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi y Germán Castelli. El Gobierno acaba de desplazarlos de la Cámara Federal y el TOF7, después de una estrategia combinada entre Cristina Fernández, en el Senado, y Alberto Fernández en la Rosada. Con la convalidación rápida, por voto dividido, de la Cámara de Casación Penal.

Aunque se trate de un asunto técnico, algo en la agenda le concede impacto público. Los magistrados que fueron separados por el kirchnerismo han entendido en causas de corrupción de la “década ganada”. En especial, Bruglia y Bertuzzi. Fueron también quienes ratificaron el procesamiento que el fallecido juez Claudio Bonadio impuso a la vicepresidenta por el escándalo de los Cuadernos de las coimas. El tercero en discordia, Castelli, estaba hasta la semana pasada a cargo del Tribunal Federal Oral 7 que preparaba la sustanciación del juicio. Con fecha todavía muy incierta. Ahora mucho más.

La importancia del problema parece haber escalado por tres razones. Refiere, en definitiva, a la mancha de corrupción que acompaña al kirchnerismo aún antes desde que en 2015 debiera dejar el poder en manos de Mauricio Macri. Ese asunto está hoy, según la consultora Synopsis, entre los tres temas de inquietud mayor de la población. En línea con la grave crisis económico-social y el miedo por la pandemia. Por otro lado, el sistema político está partido. El Gobierno desplazó a los jueces para comenzar a liberar a Cristina de los innumerables cercos producto de sus causas de corrupción. La oposición denuncia una maniobra de impunidad y la fundamenta con el desconocimiento que el Consejo de la Magistratura y el Senado hicieron de una acordada de la Corte Suprema de abril del 2018.

El clima general de la Argentina, ahora mismo, luce mucho más crispado que en 2017. Había en esa época sectores sociales independientes aún expectantes sobre lo que podía hacer el macrismo. De hecho, resultó el mejor año de Macri que se impuso en las elecciones legislativas de octubre. En Buenos Aires Esteban Bullrich venció a Cristina.

Ya en 2018 sobrevino la crisis financiera y la debacle.

En un contexto de grieta ensanchada, también por efecto de las restricciones de la cuarentena, la Corte Suprema asumió en estos tiempos una actitud pasiva. Incluso cuando el conflicto con los tres jueces empezó a tomar volumen. Rápidamente quedó bajo dos fuegos. El kirchnerismo, a través de la vicepresidenta, reprochó alguno de sus comportamientos. Como derivación, con la anuencia presidencial, impulsa un cambio en su estructura y en la cantidad de sus integrantes. Hebe de Bonafini –eco de Cristina-- habló de los jueces como “los hombres de la muerte”.

Cambiemos agita aquella pasividad del máximo Tribunal. Quizás no sea el único elemento trascendente. Las organizaciones de abogados, magistrados y fiscales opinan en dirección parecida con un interés particular. ¿Quién defendería a la Justicia de los avances políticos si los cinco jueces permanecen ajenos?

Ese asunto disparó la discusión en la Corte cuyo interior se asemeja a un verdadero rompecabezas. La vieja puja entre Rosenkrantz y Lorenzetti, sumada a las presiones oficiales, impide la formación de mayorías para el dictamen de fallos.

El de ayer fue el cuarto intento de Rosenkrantz por empujar a sus colegas a adoptar alguna posición. El primero pasó de largo sin consecuencias. El segundo corría la misma suerte hasta que el presidente de la Corte aclaró que el tema, en algún momento, sería tratado. El tercero fue la notificación del máximo Tribunal sobre la solicitud de intervención que hicieron Bruglia y Bertuzzi. El último alumbró cuando se comunicó oficialmente que el tema será definido el martes próximo.

Las iniciativas nacieron siempre de parte de Rosenkrantz. En el acuerdo de este martes hubo una variante. El pedido también fue acompañado por Rosatti. Después dieron su bendición Lorenzetti y Maqueda. Sin garantía acerca de cuál podrá ser el resultado final. Hay una excepción: se sabe que en ningún caso Highton de Nolasco acompañará un pronunciamiento que pueda forzar una marcha atrás del Gobierno. Y desatar un conflicto de poderes. La jueza tiene estrechísima relación con Alberto. Le debe su continuidad en el Tribunal pese a estar en edad jubilatoria.

Fue el cuarto intento de Rosenkrantz por empujar a sus colegas a adoptar una posición.

Podría asegurarse que Rosenkrantz transformó casi en un “piletazo” su última jugada. Porque, salvo Rosatti en un sentido, y Highton de Nolasco en el opuesto, desconocía cómo resultaría la reacción de sus colegas. Obtuvo el compromiso para el tratamiento de los desplazamientos de Bruglia, Bertuzzi y Castelli. Pretende descomprimir la presión política y social existente sobre el Tribunal.

Los cinco cortesanos -mejor dicho cuatrodeben resolver si la acordada del 7 de abril del 2018 que dictó el cuerpo se ajusta a derecho. O respondió y respondería ahora a los contextos del poder político. Aquellos cinco jueces son los mismos de hoy. Aunque en dicha acordada pudo registrarse una particularidad. Fue votada por Lorenzetti, Maqueda y Rosatti. La que en el mundillo judicial se define como el “triunvirato peronista”. No participó entonces Highton. Tampoco Rosenkrantz, que era ya presidente del Tribunal después de una sorpresiva maniobra que contó con la anuencia de Rosatti y Highton de Nolasco. Pese a no haber participado en ese acuerdo, Rosenkrantz parece el único interesado en defender aquella acordada.

En su desarrollo de nueve páginas, los tres jueces advirtieron (Punto V del fallo) que ante la consulta de la Magistratura y del Ministro de Justicia –ejercido entonces por Germán Garavano- “corresponde que este Tribunal intervenga a fin evitar situaciones potencialmente frustratorias del servicio de justicia que puedan implicar un retardo en su prestación”.

En el Punto VII señalaron que “desempeñar funciones de la misma jerarquía dentro de la jurisdicción nacional, con igual o similar competencia material, mediando el consentimiento respectivo, resulta diametralmente diferente de lo considerado y definido en la acordada 4 del 2018”. Esa acordada, que firmaron todos los cortesanos, rechazó los sorteos de jueces para integrar el Tribunal Oral en lo Criminal Federal 9. Por no revestir las mismas competencias.

La Corte concluyó, en la acordada del caso Bruglia (7/18) que “no es necesaria la instrumentación de un nuevo procedimiento de designación conforme al artículo 99, inciso 4, de la Constitución”.

Aún para los inexpertos la resolución resultaría transparente. Pero claro: se trata de Justicia, política y poder en la Argentina indigente. ■