El Gobierno se guarda para más adelante la puja por los terrenos cedidos a la Ciudad
Se trata de decenas de inmuebles transferidos en 2016, por un valor cercano a los 300 millones de dólares.
Tras el decreto de Alberto Fernández que dispuso un fuerte recorte en la coparticipación federal a la Ciudad, la disputa entre el Gobierno y la administración de Horacio Rodríguez Larreta por los fondos que Nación cedió en el marco del traspaso de la Policía porteña llegó al Congreso. Pero podría no terminar allí. Sucede que la Casa Rosada postergó para una segunda etapa la discusión por la transferencia de los 70 inmuebles cedidos en el marco de ese acuerdo firmado en 2016.
Los inmuebles en cuestión surgen del "Convenio de transferencia progresiva” a la jurisdicción porteña “de facultades y funciones de seguridad en todas las materias no federales ejercidas en la Ciudad”, firmado el 16 de septiembre de 2016, complementario a la transferencia de recursos dispuesta por Mauricio Macri con el aumento de la coparticipación de 1,4 a 3,75% (luego en 2018 bajó a 3,5%).
Entre las cesiones hechas por Nación hay terrenos que albergan comisarías, destacamentos y estacionamientos, pero también hay inmuebles en desuso. Según fuentes de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), a cargo de Martín Cosentino, se estima que el Estado nacional cedió propiedades por una superficie total de 127. 991,24 m2, por un valor de aproximadamente 297 millones de dólares.
Ese activo, según el Gobierno, no se tuvo en cuenta a la hora de hacer el traspaso de fondos para la Policía. De ahí que apenas asumió Fernández haya encomendado, por decreto, revisar todas las transferencias hechas a la Ciudad desde el 10 de diciembre de 2015 hasta el 10 de diciembre de 2019, y le pidiera a la AABE un informe para evaluar “eventuales hechos o actos ilícitos”.
Fue, en principio, motivado por la cesión vía DNU que, tres días después de perder la elección de 2019, hizo Macri de 31 inmuebles valuados en 16 mil millones de pesos como parte de un convenio para "cancelar deudas y afrontar compromisos de asistencia económico financiera" por obras que afrontó la Ciudad, como el Paseo del Bajo y los viaductos ferroviarios.
A partir de esa orden de Fernández, la AABE se presentó ante la Justicia para frenar la cesión del "Triángulo de Salguero", ubicado en la Costanera, y el sector denominado "Estación Villa Crespo", situado en la línea del Ferrocarril San Martín.
Pero el Gobierno también puso bajo la lupa los inmuebles de la Policía. La idea era avanzar rápidamente con una profunda revisión, pero la pandemia postergó el relevamiento en el territorio. Sin personal del Estado disponible para llevar a cabo una auditoría, la AABE todavía no pudo emitir un dictamen como fijó el decreto.
En febrero, en las primeras mesas de negociación con la Ciudad por la coparticipación, el Gobierno utilizó como referencia un informe presentado por la Auditoría General de la Ciudad de Buenos Aires el año pasado. Realizado entre el 26 de octubre de 2017 y el 21 de noviembre de 2018, y con la firma de su por entonces titular, la legisladora porteña Cecilia Segura, ese documento da cuenta de un universo de 78 inmuebles, de los cuales se habían transferido apenas 31. Por eso la importancia de un dictamen de la AABE para hacer un planteo formal. Al cabo, todavía no está claro qué terrenos ya están a nombre de Ciudad. “Por el momento, estamos discutiendo los fondos, los terrenos quedarán para más adelante”, indicaron en el Gobierno nacional.
Desde la sede del Gobierno porteño insisten en que todos los bienes que recibió la Ciudad están justificados porque el traspaso de la Policía no sólo contempla el personal y los fondos, sino toda la logística para garantizar el normal funcionamiento de la fuerza de seguridad. Eso incluye, según ese criterio, las sedes de las 43 comisarías que funcionan en el distrito y los inmuebles para las distintas divisiones y destacamentos de la Policía Federal.
De todos modos, ante la polémica que generó la rebaja de 1,18 por ciento los fondos de coparticipación para este año y a la espera de una decisión de la Corte, el Gobierno decidió circunscribir el debate a los fondos que, según considera, necesita la Ciudad para el servicio de seguridad metropolitana. ■
Entre las cesiones hay terrenos que albergan comisarías e inmuebles que están en desuso.