Toma de Guernica: prorrogan el desalojo y la Provincia busca reubicar a los ocupantes
El operativo policial debía comenzar hoy pero fue postergado para el 1° de octubre. La nueva fecha fue fijada por la Justicia tras un pedido del Gobierno bonaerense.
El juez de Garantías Martín Miguel Rizzo concedió ayer una prórroga de desalojo de las 100 hectáreas ocupadas en Guernica, en el municipio de Presidente Perón, hasta los días 1°, 2 y 5 de octubre. El fallo surge de un pedido realizado por el gobernador Axel Kicillof, en espera de la reubicación de las 1.900 personas que ocuparon los terrenos.
El juzgado N° 8 accedió a la solicitud, firmada por el ministro de Desarrollo de la Comunidad bonaerense, Andrés “Cuervo” Larroque, para facilitar el abandono voluntario del predio usurpado. El desalojo debía realizarse entre hoy y el viernes. Para ello, se habían dispuestos 500 policías como auxiliares de la medida judicial.
El fallo del juez Rizzo explica que se busca proteger los derechos de ambas partes. “Por un lado, los damnificados, y por el otro, aquellas personas que se encuentran en especial situación de vulnerabilidad”, detalla.
Aunque otorga la prórroga y pide “agotar todas las instancias previas al desolojo”, el fallo aclara: “Lo que aquí se está resolviendo no es dejar sin efecto la orden librada, sino su postergación por este plazo razonable”. Además, se mantuvo la prohibición del ingreso de nuevos ocupantes al predio.
Como adelantó Clarín, la Provincia intentará agotar la mediación entre todos los actores de la toma, incluida la comuna de Presidente Perón, para evitar situaciones violentas.
El fiscal Juan Cruz Condomí Alcorta también se pronunció por las formas menos compulsivas para el cumplimiento de la orden, que fue avalada por la Cámara Penal de La Plata. Todas las instancias dieron conforme al lanzamiento, como se denomina técnicamente. Previa confirmación del delito de usurpación que prevé en el artículo 181 del CP, una pena de prisión de seis meses a tres años.
Conocido el dictamen de lanzamiento, Condomí explicó que aquellas personas que abandonen voluntariamente el campo tomado no serán imputadas de delito alguno.
Ahora comienza otra secuencia dilatoria. El asentamiento comenzó a desarrollarse a partir del 20 de julio. Lleva dos meses de trámite judicial. Mientras, a nivel de Poder Ejecutivo, las autoridades resuelven dónde serán reubicadas esas familias.
Ayer, Larroque estuvo con la intendenta Blanca Cantero. El funcionario procuró una salida parcial, consensuada, de algunos traslados de contingentes en el mismo municipio. Cantero argumenta que no dispone de tierras fiscales habilitadas para nuevos barrios bajo estas condiciones. Y que la ocupación ilegal de tierras en su distrito responde a un éxodo “organizado” desde otras regiones del Conurbano.
Surge del censo, realizado por el Ministerio de Desarrollo de la Comunidad, que efectivamente asentados en el lugar había 2.344 “hechos físicos”. Un eufemismo para señalar cada casilla, una carpa, algunas chapas sostenidas por palos u otras construcciones precarias.
Cuando se hizo el conteo de aquellos que respondieron a la encuesta sólo quedaban registradas 1.904 personas. Es decir, 440 podrían responder a alguna especulación inmobiliaria informal e ilegal. De hecho, hubo dos hombres detenidos por Condomí por publicar venta de terrenos en Facebook por más de $ 50.000.
La otra novedad fue que menos del 30% eran habitantes de Guernica. El resto, como sostiene Cantero, proviene de distritos como Almirante Brown, La Matanza, entre otros.
Hace dos semanas, todos los intendentes peronistas de la 3ra sección electoral acudieron en respaldo de Cantero e instalaron la decisión de oponerse a las tomas. Fue en simultáneo con la acusación del ministro de Seguridad. Sergio Berni, contra Emilio Pérsico y Fernando “Chino” Navarro, por la organización de la toma de Guernica. Ambos son responsables del Movimiento Evita y funcionarios del presidente Alberto Fernández.
Ayer, desde esa agrupación política insinuaron la conformación de un fideicomiso para la compra de terrenos ocupados en Presidente Perón. Rápidamente fue desmentido por la Gobernación.
Hay, en apariencia, alguna descoordinación entre las autoridades. Más gravoso aún por la incapacidad del Estado para resolver situaciones de campo. El dato es oficial: “Sólo la mitad de los 1.904 encuestados contestó sobre su procedencia”. La otra mitad se negó a la encuesta que debía ser obligatoria.
La sospecha, en este caso, es que los “no encuestados” no quieren revelar de dónde provienen por una orden de quienes ofrecieron o facilitaron esos traslados.
La intendenta de Presidente Perón afirma que no dispone de tierras para el traslado.