Agobiada por la crisis, Venezuela da otro paso para reestructurar su deuda
Pidió un “acuerdo de interrupción” de pago a sus bonistas. Y culpó de su mora a las sanciones de Estados Unidos.
Agobiada por una crisis sin precedentes, Venezuela propuso a los tenedores de bonos de la República y de las estatales Electricidad de Caracas y la petrolera PDVSA un “acuerdo de interrupción” de pagos de intereses y capital, aludiendo a problemas para hacer frente a los compromisos por las sanciones de Estados Unidos. La acción, en la práctica, implica un nuevo paso en la reestructuración de la deuda iniciada en 2017.
La vicepresidenta y titular de Finanzas, Delcy Rodríguez, dijo en Caracas que la propuesta tendrá validez hasta el 13 de octubre y que busca evitar que los tenedores “resulten afectados por el ilegal accionar de quienes detentan el poder en EE.UU.”.
“Venezuela -afirmó- se ha caracterizado siempre por dar fiel cumplimiento a sus obligaciones de pago”. Rodríguez también dijo que esta propuesta es parte del programa que inició en 2017 el gobierno chavista para reestructurar los débitos del país. En aquel año, Venezuela convocó a los tenedores de los llamados “bonos soberanos” y de los bonos de PDVSA, pero posteriormente Washington prohibió a sus ciudadanos tomar contacto con funcionarios de Caracas, lo que dificultó las negociaciones.
El economista venezolano Jesús Casique dijo a EFE que la postergación de pagos se debe no tanto a las sanciones de EE.UU. como a la debacle de PDVSA, la caja financiera del régimen. “Estamos produciendo escasamente 367.000 barriles diarios (de petróleo), o sea, esa caída vertiginosa ha afectado el cash flow de las finanzas públicas del país” y los pagos de los intereses, añadió.
Casique apuntó que en una renegociación de deuda están implícitas otras condiciones, como “disminuir el monto” de capital y manejar plazos largos, dos circunstancias a las que el régimen no se refirió al anunciar la propuesta de interrupción.
“El default de Venezuela está en el orden de los 22.000/23.000 millones de dólares” con esta interrupción de pagos solicitada, dijo el experto, antes de apuntar que la “deuda consolidada” del país asciende a 175.000 millones de dólares, un monto que equivale al 178% del PIB si se atiende a la cifra que reporta el FMI: 62.921 millones de dólares.
Casique también estimó que una deuda con las características de la venezolana “no se justifica”, puesto que el país disfrutó de ingresos por el orden de los US$ 630.000 millones gracias a los auges petroleros entre 20042008 y 2011-2014.
En la práctica, según el economista, Venezuela está en suspensión de pagos desde 2017 cuando cumplió, por última vez, con las obligaciones de los bonos -por más de 1.121 millones de dólares- esperando acceder a nueva financiación y reestructurar los pagos que vencen este año.
Oficialmente, Venezuela no se ha declarado en quiebra, pero sí inició una renegociación de la deuda en 2017. En noviembre de ese año, las agencias Standard & Poors y Fitch declararon al país en default parcial e incumplimiento restringido luego de que los intereses de los bonos de PDVSA no fueran pagados. ■