Los halcones de Cristina esperan al acecho y la Corte define si activa el botón rojo
Claves. La interna de los jueces antes de votar sobre un tema sensible. Las maniobras K, las operaciones y el rol opositor.
“¿Qué es lo que está buscando el presidente de la Corte?”. Carlos Rosenkrantz todavía estaba en su despacho cuando Alberto Fernández formuló el viernes esa pregunta retórica. Tampoco se había retirado de su oficina Juan Carlos Maqueda, que, pese a ciertas conductas hipocondríacas agudizadas durante la pandemia, asiste todos los días al Palacio de Tribunales, con barbijo y máscara protectora. Ricardo Lorenzetti seguía en Rafaela, su zona de confort, de la que en seis meses solo se apartó dos veces para visitas efímeras a Buenos Aires. Horacio Rosatti estaba en su casa de Santa Fe, con la notebook siempre conectada por Zoom con sus colaboradores, que lo ven trabajar desde un sillón aun cuando pasan varias horas en silencio. Elena Highton permanecía en su departamento de Palermo, sobre la calle República Arabe Siria, y desde allí preparaba la réplica a las críticas presidenciales por la aplicación de la Ley Micaela.
Los cinco volvieron a tener contacto esa tarde para ver cómo y en qué tono le contestaban al Presidente. Uno de ellos celebró que fuera Highton, la preferida de Alberto, la más molesta frente a la interpretación del primer mandatario acerca de que la Corte “no entiende la dimensión” de la violencia de género. Los cortesanos se mueven en un clima de internas y desconfianzas recíprocas. La última vez que se vieron las caras todos juntos, de manera virtual, Rosenkrantz y Lorenzetti llegaron al paroxismo de acusarse por inacción y de mandar escribir determinadas notas en los medios para esmerilarse.
Esa discusión duró entre tres y cuatro minutos, frente al desconcierto de sus pares. Al cabo, cuando la agenda se concentró en lo judicial y la charla continuó como si nada durante una hora y media, se comprometieron a que no trascendiera el malestar. No era momento, deben haber pensado. Pero no pudo ser. Un sector acusó luego a uno de los jueces de haber llamado a un periodista para reproducir el diálogo, con pequeñas alteraciones para quedar mejor parado. Un asistente del Palacio pidió luego la desgrabación de esa exposición mediática y la reenvió por WhatsApp.
Otro pacto que entablaron el martes, cuando Rosenkrantz convocó a sus colegas a un acuerdo extraordinario para que la Corte se expida sobre los planteos de los jueces Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi y Germán Castelli, por ahora, se cumple. “Seamos lo más herméticos posibles. Nos van a presionar de todos lados para saber qué vamos a hacer”, dijeron. Las presiones existen. Son fortísimas.
“Todo lo que te puedas imaginar. Están las que se conocen, las que no se conocen, las que se atribuyen y algunas increíbles”, describe un influyente consultor político y judicial. ¿Será cierto que también llegó alguna presión desde el exterior? ¿Será cierto que hubo advertencias de tipo personal con indicaciones muy precisas hacia uno de los jueces?
La falta de pistas sobre la resolución incentiva las operaciones. Se hacen frente al escenario inédito del Covid, que dificulta el contacto personal. Tres de los jueces no salen de su casa y los cinco son personas de riesgo: tienen entre 61 y 77 años. Así, cualquier comunicación escrita o virtual podría ser susceptible a una posterior filtración. Intencional o no. Las operaciones requieren ingenio.
Las próximas 48 horas serán determinantes. Cada ministro de la Corte debate en soledad cómo se pronunciará frente al pedido de per saltum que el 25 de agosto presentaron los tres jueces. En soledad, pero con conexión permanente. Hubo reuniones por Zoom y llamados teléfonicos entre ellos en las últimas horas. Aunque la negociación es difícil, harán el intento de pronunciarse por unanimidad.
Bruglia y Bertuzzi eran jueces del Tribunal Oral Federal y en 2017 y 2018 fueron trasladados a la Cámara Federal, donde confirmaron los procesamientos de Cristina Kirchner por la causa conocida como “Los Cuadernos de las coimas”, una voluminosa investigación en la que el ex chofer de Roberto Baratta, Oscar Centeno, detalla con precisión cómo se pagaban coimas en materia de obras públicas y subsidios. Castelli se desempeñaba en San Martín y fue trasladado al Tribunal Oral Federal 7 de Capital, que fue sorteado para juzgar a la vicepresidenta por el mismo caso. El kirchnerismo promovió y logró votar en el Senado con la ausencia de la oposición- la remoción de los jueces de sus respectivos destinos. A las pocas horas, Fernández firmó tres decretos y apuró los desplazamientos.
La Corte Suprema explora varias alternativas. Tres, sobre todo. Una: rechazar el per saltum y dejar que el expediente se tramite normalmente en el fuero Contencioso Administrativo Federal. Los expedientes podrían regresar de este modo al máximo tribunal si la Cámara de Apelaciones rechaza el pedido de los jueces para evitar sus traslados. Dos: hacer lugar al per saltum, aunque sin resolver nada. Abrirían el recurso y empezarían a tramitarlo. Sería una señal en favor de los jueces, aunque no cambiaría la situación actual. Tres: abrir el per saltum y hacer lugar a la medida cautelar para que no se los mueva del lugar en el que estaban antes de la decisión del Consejo de la Magistratura y del Senado. “Esto último sería como apretar el botón rojo”, confiesan fuentes del Tribunal.
En Olivos el tema fue epicentro de conjeturas durante varios días. Alberto esperó al final de la semana para pronunciarse. El mensaje no cayó bien entre los jueces. ¿Por qué lo hizo? Una versión que deslizaron en la Quinta Presidencial decía que había llegado el dato de que Rosenkrantz se había reunido en secreto con Macri. Un hombre con llegada a Fernández y a Rosenkrantz hizo de nexo para desmentir la maniobra. De paso, atribuyeron la especie a las internas palaciegas. Apuntaron a alguien en particular.
El oficialismo, esta vez, luce encolumnado. Desde Cristina hasta la ministra de Justicia, Marcela Losardo, todos dicen que no hay argumentos válidos para una sentencia adversa a sus intereses. El encargado de transmitir el mensaje oficial a los jueces es Eduardo “Wado” de Pedro, que se viene reuniendo con ellos desde que Alberto ganó las primarias de agosto por amplio margen. No es el único. Carlos Zannini también está muy activo.
El kirchnerismo mostró los dientes apenas trascendió la convocatoria de Rosenkrantz. Hebe de Bonafini trató a los ministros de la Corte de “señores de la muerte” y cómplices de Mauricio Macri. Raúl Zaffaroni opinó que Bruglia, Bertuzzi y Castelli “están haciendo un papelón”. Fueron, tan solo, dos muestras de lo que podría venir si el fallo no resulta funcional a Cristina. “Los halcones nuestros todavía están agazapados”, reconocen en el Instituto Patria.
No hubo una orden explícita, sí, en cambio, alguna sugerencia para que no se levantaran demasiadas olas contra el máximo Tribunal. Por eso, también, sorprendieron las declaraciones presidenciales. Cerca de la vicepresidenta dicen que no hay motivos para alarmarse. “Ella está confiada”, aseguran.
Sus halcones, de todos modos, preparan una batería de iniciativas por si el martes reciben una mala noticia. Desde la reprimenda pública hasta pedidos de juicios políticos y el reimpulso para agrandar la cantidad de jueces de la Corte. La Comisión Beraldi está lista. Claro que para la cristalización de ambas iniciativas el oficialismo necesitaría los dos tercios de los votos en el Senado. Hoy no los tiene.
En la oposición también juegan fuerte. “Hay demasiado secretismo”, sostiene Patricia Bullrich, como sembrando dudas. La presidenta del PRO hace eje en un dictamen de la Corte en 2018, que, con las firmas de Maqueda, Lorenzetti y Rosatti (los otros jueces no votaron), señaló que los camaristas que son trasladados a puestos de similar jerarquía no deben contar con el aval del Senado.
Ese pedido lo había hecho Germán Garavano, el entonces ministro de Justicia de Macri. Garavano mantuvo en las últimas semanas varias charlas con el ex presidente, con Horacio Rodríguez Larreta y con la cúpula de la UCR. “¿Qué va a pasar?”, fue la pregunta del millón. También hubo consultas con altos juristas y con Ernesto Sanz, que tiene un vínculo con Lorenzetti desde que estudiaban en la Universidad del Litoral. Hay sensaciones contradictorias en Juntos por el Cambio. Por momentos domina el escepticismo. Alguien también quiso saber qué opinaba Elisa Carrió. La jefa de la Coalición Cívica respondió de modo lacónico y místico: “Hay que rezar, hay que rezar”.w
Dicen que Cristina está tranquila. En la oposición hay sensaciones contradictorias.