Desde las PASO, salieron de la cárcel 18 ex funcionarios y empresarios K
El impulso del Gobierno al cambio de doctrina sobre las prisiones preventias y las corrientes extremadamente garantistas del ex juez y asesor de Cristina Kirchner, Eugenio Zaffaroni, prácticamente vaciaron las cárceles de acusados o condenados por casos de corrupción contra el Estado.
Mientras el kirchnerismo ataca al juez Martín Iruzun porque había dictaminado que correspondía mantener prisiones preventivas en casos de corrupción por el “poder residual” y la plata de los detenidos, lo que se comprobó con maniobras como el Operativo Puf.
Los números de las prisiones preventivas desde 2016 se impusieron como un récord en la justicia federal encargada de investigar casos de corrupción. Se dictaminaron 74 detenciones sobre ex funcionarios, empresarios y dirigentes políticos vinculados al kirchnerismo, la mayoría fue en el caso Cuadernos de las Coimas cuyas excarcelaciones se dictaron en 2018 y luego fueron saliendo.
Pero continuaba un gran número de detenidos que fue disminuyendo. Desde las elecciones PASO a la fecha: 18 los detenidos K dejaron la cárcel, algunos al haber obtenido la excarcelación y otros bajo la figura de prisión domiciliaria. Y solo quedaron tres tras las rejas.
El “preso K” número 18 en recibir el arresto domiciliario fue Lázaro Báez. Pese a ser dueño de 1.412 propiedades, le prestaron una casa en el GBA después que los vecinos de Ayres de Pilar rechazaran su ingreso para cumplir allí la morigeración de su detención. La situación tiene un antecedente más: las cinco prisiones preventivas que tenía dictadas Cristina Kirchner, quedaron todas sin efecto.
Si Jaime sale en diez días porque antes no falló la Cámara Nacional de Casación Penal, sólo quedaran detenidos su antecesor Juan Pablo Schiavi, con condena firme, y el hijo de Báez,
Martín. Las estadísticas judiciales están atravesadas por los vaivenes de la política. Después de las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO) fueron excarceladas siete personas y tras la asunción del presidente Alberto Fernández y un duro discurso contra el Poder Judicial, se puso fin a varias detenciones, a la luz de las restricciones impuestas en el nuevo Código Procesal Penal. En el Pabellón destinado a presos por corrupción, sólo permanecen Ricardo Jaime y Juan Pablo Schiavi condenados por la tragedia de Once y el ex asesor y cuñado de De Vido, Claudio “El Mono” Minnicelli por la causa de la Mafia de los Contenedores. Y un no ex funcionario, Martín Báez.
Durante esos meses, Cristóbal López y Fabián De Sousa acusados por defraudación al Estado, al no pagar al fisco más de $ 8.000 millones, fueron excarcelados. El cese de la prisión preventiva alcanzó al empresario de
Electroingeniería, Gerardo Ferreyra que cumplía arresto domiciliario, el único empresario procesado en la causa de los Cuadernos de las Coimas que no se acogió a la ley del imputado colaborador. En el marco de ese mismo expediente, dejaron la cárcel Oscar Thomas, ex director de Yacyretá y Carlos Cortés señalado como testaferro de Daniel Muñoz, ex secretario privado de Néstor Kirchner. Fue en octubre cuando el ex líder de Quebracho, Fernando Esteche, también logró la excarcelación. Previo a ello, la lista había incorporado al ex Jefe del Ejército César Milani absuelto y liberado en La Rioja, en una causa de lesa humanidad. Otro impulso fue la resolución la Comisión Bicameral de Monitoreo e Implementación del Código Procesal Penal Federal que ordenó la entrada en vigencia los artículos que limitan la aplicación de prisiones preventivas por parte de los jueces durante la pandemia, la justicia le dio el mismo beneficio a Luis D’Elía.