Doble juego de la Rosada por Venezuela: condena por los DD.HH. y el bloqueo
Son las posturas que Cancillería ordenará adoptar durante el debate de los próximos días en Ginebra.
Alberto Fernández y Felipe Solá conversan estas horas sobre cuál será la posición argentina ante el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, que tienen sede en Ginebra. Ocurre que entre el lunes y el martes el organismo evaluará dos resoluciones sobre la situación en Venezuela.
El Gobierno analiza la forma de apoyar la segunda declaración, que destaca que en Venezuela se cometen violaciones a los derechos humanos, definiciones que están en la segunda resolución y que incluye el duro informe de la Alta Comisionada, Michelle Bachelet, presentado a mediados de año. Este da cuenta de que en el país caribeño se han cometido miles asesinatos, torturas y otras vejaciones a los derechos humanos, que la justicia no es independiente y que hay presos políticos. La otra es un proyecto que patrocinan Irán y otros aliados de Venezuela que estipulan cooperación técnica y asistencia en materia de derechos humanos, que diluye toda crítica.
Aún así, de acuerdo a lo consultado por Clarín con fuentes a cargo de las negociaciones, el Gobierno quiere dejar en su posición fuertemente asentado su rechazo a los bloqueos y las sanciones contra Venezuela como modo de presión, tal como promueve Estados Unidos.
Las fuentes consultadas señalaron que la posición más aproximada a esta cuestión es la que plantea el llamado Grupo Internacional de Contacto sobre Venezuela, en el que tiene una fuerte participación la Unión Europea, que no sólo sostiene que en ese país se cometen abusos a los derechos humanos. Sin embargo la UE mantiene su propio esquema de sanciones contra Caracas y ahora critica las elecciones legislativas que para el 6 de diciembre quiere llevar a cabo el régimen de Maduro. El Gobierno argentino las apoya.
Ahora, la Rosada insiste en que no está de acuerdo con las definiciones de "crímenes de lesa humanidad" cometidos por el régimen de Nicolás Maduro y varios ministros como dictaminó en septiembre una misión de expertos de la ONU, y que la Argentina apoyó en 2019 durante la gestión de Mauricio Macri, cuando el embajador era Carlos Foradori. Aún así, esta segunda declaración, según supo Clarín de altas fuentes, no contendría la definición de "crímenes de lesa" humanidad aunque incorpore el trabajo de la misión, cuyo mandato se deben prorrogar o no los países que integran el Consejo de DDHH (Argentina es uno) para que siga investigando los abusos cometidos por el comando chavista en Caracas.
La crisis venezolana es un punto de conflicto interno para el gobierno de Alberto F. El núcleo duro que sigue a Cristina Kirchner -cuya gestión fue aliada al chavismo- considera que Venezuela es víctima de una cruzada estadounidense, y que sufre un asedio internacional mientras que la cuestión de los derechos humanos no es un asunto más grave que los abusos en otros países de la región.
Esta fue de hecho la posición expuesta esta semana por el embajador ante la Organización de Estados Americanos, Carlos Raimundi, quien pidió "no estigmatizar" a Venezuela. Fueron palabras catalogadas como "tristes" por el subsecretario para los Asuntos Hemisféricos del Departamento de Estado, Kevin O' Reilly, durante una conversación con la AmCham. Raimundi ya había dicho lo mismo cuando se trató su pliego en el Senado. Pero ahora incomodaron al Presidente y al canciller, porque en sus definiciones, más militantes que diplomáticas, dio entender que también criticaba el "informe Bachelet", lo que debió salir a aclarar.
Desde que asumió Raimundi, el Gobierno se abstuvo de condenar a Maduro en la OEA, donde libra una "guerra fría" contra su secretario general, Luis Almagro, a quien considera "al servicio" de los intereses de Estados Unidos. Fernández no apoyó su reelección a principios de año
A mediados de julio, el Gobierno había apoyado las denuncias del reporte de Bachelet , pero el propio presidente Fernández recibió críticas del núcleo duro K. La presión viene por todas partes, ya que esta semana el embajador de los Estados Unidos, Edward Prado, le planteó a Solá durante un almuerzo que para su país la crisis humanitaria de Venezuela era una preocupación, al igual que las violaciones a los derechos humanos. Prado también la necesidad de apoyar el trabajo de Bachelet.
Amnistía Internacional Argentina tomó el mismo camino. "Argentina debe mostrar con hechos su condena a las violaciones de derechos humanos en Venezuela", señalaba un comunicado abogando por el apoyo a la tarea y al informe de la Alta Comisionada y a la continuidad de la misión. "Llama la atención y preocupa que, ahora, desde el ámbito diplomático argentino se matice o se relativice el peso de estos hechos o la responsabilidad del gobierno venezolano. No estamos hablando de ideologías, estamos hablado de miles de víctimas y sus familiares que siguen desamparadas”, dijo la entidad. ■
Alberto Fernández intenta acallar los ruidos por el respaldo de Raimundi a Maduro.