A 10 años del escándalo de las siliconas PIP, siguen en juicio 3.500 argentinas
Se calcula que más de 13.000 mujeres en el país tenían las prótesis prohibidas. Pero muchas no pudieron ir a la Justicia y otras ni supieron que se las implantaron.
Era fines de marzo de 2010 cuando Virginia Luna, en ese entonces de 33 años, supo que algo malo ocurría con sus prótesis. “Están diciendo en la tele que hay una marca de implantes adulterados, son de Francia pero se venden acá”, le avisó una amiga. Virginia, que llevaba tres años operada, se repitió que no, que seguro no eran los que le habían colocado a ella. Estaba equivocada: en los papeles se encontró con que en su cuerpo tenía las Poly Implant Prothèse (PIP), señaladas en las noticias por romperse en forma prematura y por contener un gel de silicona no homologado para uso médico.
No fue la única. En Argentina, más de 10.000 mujeres tenían esas mismas prótesis. Cerca de 3.500 iniciaron demandas contra la certificadora que no advirtió la anomalía. Luna, que para ese momento ya era abogaa da, se presentó como damnificada y también acompañó en su rol de letrada a más del 90% de las víctimas locales. Una década más tarde cuenta en qué estado se encuentra la causa.
Ocupó páginas de diarios y horas de aire de programas de televisión y radio. Fue un verdadero escándalo sanitario. La fábrica ubicada en Seynesur-Mer, al sur de Francia, fue allanada luego de que detectaran que las prótesis de esta firma presentaban un índice elevado y poco común de rotura. Así se llegaron a encontrar “barriles de silicona industrial de grado no médico”, comparte Luna.
“Se estima que se fabricaron cerca de 500.000 pares adulterados que llegaron a circular o fueron colocados. El 80%, en América Latina”, detalla la abogada. Sin embargo, las demandantes a nivel mundial fueron muchísimas menos: 35.000. El 10% de ellas son argentinas.
Según Luna, las afectadas en el país, que se operaron entre 2007 y 2009, son cerca de 15.000. En el registro de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) consultado por Clarín figura que, previo al alerta internacional emitido por Francia tras el allanamiento, ingresaron al país 13.500 pares de prótesis PIP.
A pesar de esto, el número de denunciantes formales también resultó menor en el país. La explicación estaría en la falta de los stickers que incluyen el detalle de los implantes colocados. Esa sería una de las principales razones por las que hubo damnificadas que no se enteraron de que lo eran o mujeres que sospechaban que tenían PIP pero no llegaron a litigar contra la certificadora.
El 2020 es el último año en el que se pueden presentar afectadas ya que para la Justicia francesa este tipo de acciones prescriben luego de superada una década. Luna tiene pensado presentar un último grupo de damnificadas antes de diciembre.
Además, y en vistas de este plazo, recientemente la Unión de Consumidores de Argentina (UCA) decidió involucrarse y representar los intereses colectivos de las mujeres perjudicadas. Se contactaron con Lozano Blanco & Asociados, un estudio que está representando damnificadas en Latinoamérica, y van a asesorar a mujeres que se hicieron estos implantes y que quieran demandar a la certificadora.
“Son consumidoras. Y la ley de Defensa del Consumidor habla de la seguridad del producto, lo que no se tuvo en cuenta”, explica Adriana Malek, presidenta de UCA. Desde la entidad, quieren visibilizar el problema y que las damnificadas sepan que pueden reclamar. “Muchas mujeres no saben que tienen una PIP implantada porque no tuvieron síntomas o los tuvieron pero pueden confundirse con otra cosa, como dolores o fatiga. No lo relacionaron con el implante”, explica, e invita a quienes tengan dudas
escribir a contactar a la entidad info@ucargentina.org.ar.
En 2010, lo primero que hizo la abogada Luna después de confirmar con su sticker que sus prótesis eran PIP fue contactar al médico que la había operado.
Ir contra PIP no fue una posibilidad porque la fábrica, que había sido fundada en 1991, declaró la quiebra tras el escándalo. Su fundador, JeanClaude Mas, cumplió ocho meses de detención provisional durante 2012. En 2013 admitió que había utilizado silicona industrial aunque sostuvo que no implicaba riesgo sanitario y acusó a las mujeres que lo demandaron de ser “frágiles” y pretender “sacarle el dinero”, según la agencia EFE. Murió en abril del año pasado.
Ante la imposibilidad de accionar contra la firma de prótesis, las damnificadas apuntaron contra la certificadora alemana TÜV Rheinland, que debía verificar que el producto estuviera en perfectas condiciones previo a su distribución.
En 2018, hubo una medida preliminar en favor de las afectadas: la Justicia francesa encontró responsable a la certificadora ya que consideró que no podía ignorar que la cantidad de gel utilizado era inferior a la necesaria para las prótesis que declaraba fabricar.
Ese mismo año, un primer grupo de damnificadas argentinas recibió un adelanto de la indemnización. El total que esperan cobrar en los casos más severos, en los que se constató un daño físico, alcanzaría los 10.000 euros, según pudo averiguar Clarín.
“Hay algunas argentinas que esperábamos la sentencia final para mayo de este año pero la definición se dilató por la pandemia. No tenemos fecha exacta pero esperamos que la última audiencia para este primer grupo se haga a fines de octubre. En ella se determinaría el monto a cobrar como resarcimiento”, precisa Luna.w