Es urgente la reforma del Consejo de la Magistratura
En estos tiempos en que tanto se discute y se proyectan reformas al Poder Judicial, no hay nada más urgente que la modificación de la composición del Consejo de la Magistratura para que se adecúe a las disposiciones del artículo 114 de la Constitución Nacional.
La incorporación de esta institución fue una pieza central de la reforma constitucional de 1994 en el Poder Judicial, cuyas funciones son las de intervenir en el proceso de selección de los jueces, salvo los integrantes de la Corte Suprema, de promover su remoción ante el Jurado de Enjuiciamiento, estando también a su cargo la administración de este Poder del Estado.
El citado artículo 114 establece que el Consejo estará integrado de modo tal que se procure el equilibrio entre la representación de los órganos políticos resultantes de la elección popular, de los jueces de todas las instancias y de los abogados de la matrícula federal, debiendo ser además integrado por otras personas del ámbito académico y científico, en el número y la forma que indique la ley (el resaltado nos pertenece)
Las leyes 24.937 y 24.939, sancionadas el 10 y el 18 de diciembre de 1997 respectivamente, establecieron una composición con 20 miembros de la siguiente forma: el Presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, 4 jueces del
Poder Judicial de la Nación, 8 legisladores (4 por cada una de las Cámaras), 4 representantes de los abogados de la matrícula federal, 1 representante del Poder Ejecutivo y 2 representantes del ámbito científico y académico. El quórum para sesionar se estableció en 12.
El Consejo de la Magistratura funcionó regularmente con esa integración hasta que con fecha 22 de febrero de 2006 se sancionó la ley 26.080, promovida por el kirchnerismo, que modificó su composición en forma totalmente inconstitucional, al violar las exigencias del citado artículo 114., en dos aspectos fundamentales.
Primero, porque al eliminar de la integración al Presidente de la Corte Suprema, transgrede la norma constitucional en cuanto requiere la presencia de jueces de todas las instancias. Es decir que se prescinde arbitrariamente nada menos que de la representación de la máxima instancia judicial;
Segundo, porque al disminuir el número de jueces de 4 a 3, de los abogados de 4 a 2 y de 1 representante del ámbito científico, crea un desequilibrio a favor de los estamentos políticos, no obstante la reducción de 8 a 6 del número de legisladores.
La ley 26.080 establece en 7 el quórum para que el Consejo pueda sesionar, cantidad ésta que se alcanza con la sola representación de los estamentos políticos, al igual que la mayoría absoluta para adoptar sus decisiones, revelando en forma clara que no se respeta el equilibrio requerido por el artículo 114 de la Constitución Nacional.
La reciente participación del Consejo de la Magistratura en el conflicto suscitado con motivo del traslado de los jueces, que tuvo amplia repercusión en la opinión pública, quizá hubiera tenido un resultado distinto si la institución hubiera tenido la composición equilibrada y la participación del representante de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, arbitrariamente eliminado por la citada ley 26.080.
La solución para este grave problema institucional, dada la trascendencia de las funciones asignadas al Consejo de la Magistratura, sería volver a la integración establecida por las leyes 24. 937 y 24.939, ya sea por la modificación de la ley 26.080, lo que parece improbable por la composición política de las Cámaras o la declaración de inconstitucionalidad de la misma, por las razones invocadas.
Considero que la Corte Suprema de Justicia tiene legitimidad constitucional para reclamar su participación en la integración del Consejo de la Magistratura, en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 114 de la Constitución Nacional y en defensa de la supremacía constitucional, como elemento sustancial del Estado de Derecho .■