El campo se atrinchera frente al proyecto K de impuesto a la riqueza
El “Aporte Solidario, Obligatorio y Extraordinario para ayudar a morigerar los efectos de la pandemia” es considerado por los productores del campo como una imposición que afecta a ese sector más que a cualquier otro, porque grava bienes productivos, y por los cuales ya se tributa.
“La actividad agropecuaria requiere alta necesidad de capital y baja renta, principalmente por el factor tierra, pero también por el costo de las maquinarias”, destacó David Miazzo, economista jefe de la Fundación Agropecuaria para el Desarrollo de la Argentina (FADA). Y explicó que “esa situación lleva a que productores de chicos a medianos, al igual que contratistas rurales, fácilmente alcancen el nivel mínimo” que prevé el proyecto de ley que se tramita en el Congreso y que se conoce como “impuesto a la riqueza” o a “las grandes fortunas”.
El dictamen que impulsa el diputado del Frente de Todos, Carlos Heller, con fuerte apoyo del jefe de bancada, Máximo Kirchner, implica que quienes posean bienes por 200 millones de pesos, si la iniciativa se convierte en ley, deberán tributar por ello según los montos, desde un 2% hasta 3,5% para quienes tienen más de 3.000 millones de pesos declarados.
“Es un fortísimo golpe impositivo a la producción, porque afecta a la inversión y profundiza la inseguridad jurídica”, define el contador tributarista Santiago Saenz Valiente. Y pone en consideración que el tiempo, por la evolución del tipo de cambio oficial, corre “a favor del fisco y en contra de los contribuyentes”. Es porque en principio se había establecido como fecha de referencia el último día del año pasado. Pero luego se modificó, para que la “foto patrimonial” se tome el día que se sancione la ley. Esa sutileza implica que en vez de 3,2 millones de dólares, el piso de este impuesto ahora sea 2,4 millones de dólares. Es porque el 31 de diciembre pasado el tipo de cambio oficial estaba en 62,5 pesos y hoy está en 82 pesos.
Las entidades de la Mesa de Enlace vienen cuestionando la afectación sobre los bienes productivos. “La desigualdad es planteada principalmente, porque afecta a quienes corren riesgos invirtiendo en actividades que generan trabajo, del mismo modo que al que elige tenerla en un banco en el exterior”, plantearon en Confederaciones Rurales Argentinas.
“Ninguna pandemia habilita a violar las garantías constitucionales”, se plantan desde la Sociedad Rural Argentina (SRA), entendiendo que impone un “trato desigual infundado porque la mayor imposición pretendida está desconectada de la capacidad contributiva de la persona, violenta el principio de igualdad en las cargas públicas y evidencia una finalidad fiscal inaceptable en un tributo”.
Un informe del Instituto de Estudios Económicos de la SRA considera que se trata de un tributo altamente cuestionable desde la perspectiva constitucional, por lo que los contribuyentes contarán con fundadas razones para rechazar judicialmente su exigencia de pago.w