El Gobierno frenó contrarreloj otra protesta en una fuerza de Seguridad
El Ministerio de Justicia logró desactivar una marcha del personal del Servicio Penitenciario.
Con la promesa de atender el reclamo del personal y de ofrecer una recomposición salarial, el Gobierno logró desactivar, al menos por el momento, una protesta en el Servicio Penitenciario Federal que amenazaba con reavivar el clima de tensión que se generó entre las fuerzas de seguridad el mes pasado, con la huelga de la Policía Bonaerense.
El motivo de la protesta que un grupo de retirados y familiares de efectivos del SPF en actividad habían convocado para ayer desde el Obelisco a la sede del Ministerio de Justicia, obedecía a cuestiones salariales. En efecto, denuncian que durante la gestión de Mauricio Macri, en especial los últimos dos años, vieron retroceder sus salarios en comparación con los de otras fuerzas federales. Pero, también, tiene como caldo de cultivo de la puja interna latente entre la nueva gestión y sectores vinculados a la anterior administración.
En el Gobierno advirtieron esta situación ni bien trascendió la posibilidad de una marcha. Es que, a pesar de reconocer el retroceso en materia salarial que afrontó la fuerza, sorprendió que se evaluara una medida "a sólo dos días que comenzaran las negociaciones para acordar una recomposición", en el marco de las reuniones que desde Jefatura de Gabinete encabeza la secretaria de Gestión y Empleo Público de la Nación, Ana Castellani.
La funcionaria cercana al jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, ejecuta la estrategia de homogeneizar los aumentos para todo el sector público que dispuso Alberto Fernández desde que asumió la Presidencia. El objetivo, aseguran en Balcarce 50, es evitar discrecionalidades en función de negociaciones políticas que pueda hacer cada área de la Administración Pública Nacional, para evitar un "efecto dominó". El ministro de Trabajo, Claudio Moroni, que lidia con reclamos de los gremios vinculados al sector privado, es uno de los principales interesados en evitar eso.
Si bien no se trata de una negociación paritaria, por la imposibilidad de las fuerzas de seguridad de tener representación gremial, en esa mesa confluyen representantes del Ministerio de Justicia y también participan informalmente efectivos del SPF, además de la interventora María Laura Garrigós de Rébori.
Allí llegó un bosquejo de petitorio que rápidamente dio cuenta de la brecha entre las pretensiones de las partes: mientras el personal reclama un aumento en torno al 50 por ciento,
en sintonía con las otras fuerzas federales y al mismo tiempo como recomposición de la pérdida salarial del 2020 y de años anteriores, la primera promesa del Gobierno fue un aumento del 7% desde octubre, en línea con el aumento otorgado al personal público no político.
"Pero quedó claro (en la mesa) que no proponíamos este aumento y nada más. Simplemente lo pusimos sobre la mesa porque, mientras se lleva adelante esa mesa, queríamos asegurar que en octubre ya se empezara a cobrar ese aumento que es el piso", explicaron fuentes oficiales al frente de la negociación.
La aclaración, en cualquier caso, no llegó a evitar que algunos sectores propiciaran una protesta a través de redes sociales. Con todo, en el Gobierno están convencidos que responden a la gestión anterior y que aprovechan este contexto para pujar por recuperar el espacio perdido. "No tiene otra explicación. Si a dos días de empezar una negociación en la que te sentás con la premisa de reconocer la pérdida del salario, te responden con una marcha, no hay que ser demasiado mal pensado...", razonan. La ministra Marcela Losardo y el vice Juan Martín Mena encabezaron gestiones contrarreloj para frenar la medida, que fue desactivada este jueves a la noche. La preocupación radicaba en que el reclamo de los retirados se extendiera a los 16 mil efectivos en actividad y, peor aún, a aquellos que se encuentran de guardia.w