Un problema de estructuras que se arrastra desde la dictadura de Pinochet
Historia. Las manifestaciones reflotan el reclamo contra la falta de igualdad ante el plebiscito constitucional del domingo.
Catalina Santana nunca imaginó que la protesta que inició hace un año junto a otros centenares de estudiantes contra el alza de los pasajes del metro conduciría a un plebiscito en el que los chilenos decidirán si se reemplaza la Constitución legada por la dictadura militar de Augusto Pinochet (1973-1990). Catalina, de 18 años, cursaba el último año del bachillerato cuando decidió saltar los torniquetes del subterráneo en repudio al aumento de 30 pesos (0,04 centavos de dólar), que no afectaba a los estudiantes ni a los adultos mayores. “Pensaba que íbamos a llegar en algún momento a un consenso, quizás no tan bueno para nosotros como el plebiscito, pero sí que ellos (los políticos) algo nos iban a dar’’, dijo la joven a The Associated Press.
La consulta ciudadana para decidir si se reescribe o no la Constitución se llevará a cabo el 25 de este mes. En las urnas también se decidirá quién estaría a cargo de redactar una nueva Carta Magna en caso de que gane el sí.
El 18 de octubre de 2019, cuatro días después del inicio de las manifestaciones estudiantiles, un estallido social remeció al país sudamericano. Los violentos disturbios que causaron extensos daños en las estaciones del metro y en supermercados fueron seguidos de masivas protestas que lograron algunas mejoras económicas para los más vulnerables y un amplio acuerdo político que convocó al plebiscito constitucional.
“El lema ‘Chile despertó’ usado en las manifestaciones es la mejor frase que representa lo que pasó en el país hace un año’’, señaló Benjamín Gálvez, periodista de 23 años. Catalina recordó que “cuando todo partió nosotros no pedíamos una nueva Constitución. Eso se fue viendo en el camino, cuando nos dimos cuenta que cambiando leyes podíamos lograr respuesta a nuestras demandas’’.
La Constitución vigente fue impuesta en 1981 por la dictadura de Pinochet en un país dominado por el miedo y la represión. Instauró un modelo económico, político y social neoliberal que abrió paso a una educación y salud privada -para los que podían pagarlas- y un sistema de pensiones basado en el ahorro individual que el año pasado entregaba pensiones de 110.000 pesos (140 dólares) a los más pobres. Tras el estallido, éstas fueron reajustadas en un 50% por el gobierno centroderechista de Sebastián Piñera ante los onerosos cargos que cobraban las empresas.
“Esa explosión social puso en duda la tesis de que Chile era la excepción latinoamericana’’, dijo a AP Carla Rivera, profesora de la Universidad de Santiago. Hasta ahora, los mecanismos que permiten la existencia de sistemas de salud y educación para ricos y otros para pobres siguen intactos. La pandemia en marzo acalló las protestas que se reanudaron hasta hace pocas semanas.w