La subcultura de las ocupaciones territoriales
No son un fenómeno solo local. La explosión urbana ha generado situaciones semejantes en prácticamente todo el mundo. No obstante, lo que si distingue a cada país es la actitud de las autoridades públicas que reflejan, asimismo, la escala valorativa de amplios sectores de la sociedad. Dicho de otro modo, la resolución racional o no del problema, con el curso de la urbanización como telón de fondo, depende de la capacidad de intervención y de mediación del Estado.
En la Argentina, los asentamientos producidos por ocupaciones territoriales configuran un espectro muy vasto desde por lo menos los años 60 tanto en tierras fiscales como en privadas: los hay de unas pocas familias, los masivos de más de trescientas y los multitudinarios que pueden llegar a varios miles.
El fenómeno se acentuó desde la democratización política por varias causas concurrentes: la predica de sectores radicalizados frecuentemente vinculados a sectores eclesiásticos radicalizados desde los 70, la obturación de la prosecución histórica del sistema de loteos por el ultimo régimen militar, el desalojo simultáneo de varias villas capitalinas sin un proyecto alternativo de reemplazamiento, y el comienzo de la descomposición de la sociedad industrial que venía construyéndose desde los años 30.
La deriva económica y social consagrada desde entonces ha convertido a las tomas en una subcultura de actores reconocidos que transitan por los circuitos subrepticios de una política sin horizontes salvo los ofrecidos por consignas ideológicas perimidas. Por un lado, están las bandas expertas en el rubro que, en algunos casos, conforman verdaderas empresas inmobiliarias de ese profuso mercado informal emblemático de la pobreza estructural. Luego, los “golondrina”, sus clientelas de familias e individuos convocadas como socios menores interesados en comprárselas; y que, en tanto el nuevo asentamiento se consolide, las revenden a precios más altos haciendo diferencias asombrosas por lo exiguas.
Los “punta de lanza” –gente de acción directacomandan a los contingentes de “golondrinas” compradores u ocupadores a comisión en tránsito a la segunda etapa de la toma.
También están los “hormigas” oportunistas que intentan infiltrase tomando una extensión pero que solo logran la tolerancia de los capos en tanto compongan una banda numerosa correspondiente a una familia extensa, una barrabrava, una banda delictiva amateur o alguna congregación religiosa.
Todos se inscriben en la amplia gama de los rebusques de una marginalidad siempre atenta a estas y a otras oportunidades legales e ilegales. Suele darse el caso de que, disipado el desalojo, las tierras sean luego compradas por los mismos vendedores que las revenden a precios mucho más elevados a brókers más adinerados interesados en nuevas reventas.
O bien en la radicación de provechosos negocios de ganancias superlativas a expensas de poblaciones explotadas sujetas a regímenes de esclavitud o servidumbre en cuartos de edificios de inquilinatos regenteados por contratistas de obras, etc.
Un resultado solo evaluable en un mediano plazo; y que lejos de oficiar una solución al problema habitacional lo agrava con sus capas superpuestas de dueños sin títulos e inquilinatos especulativos según códigos a veces ancestrales.
Estos negocios suelen entrelazarse con otros igualmente ilegales que ofrecen ganancias extraordinarias por el hecho de ubicarse en territorios en los que no pagan ningún impuesto, están conectados ilegalmente a servicios públicos indispensables como la red de agua potable o de energía eléctrica aunque en condiciones sanitarias e infraestructurales deplorables, sin cloacas y calles de tierra fácilmente inundables.
Otros actores de fuste desde los 2000 son las delegaciones de diversas organizaciones sociales o de segmentos de estas que “se cortan solas” utilizando su nombre. Suministran asesoramiento jurídico, bolsas de alimentos y planes con sus respectivos descuentos a cambio de apoyo político para presionar al Estado por más subsidios y conformar compactos electorados previsibles alquilables a diferentes políticos de ocasión.
Toda la saga requiere de una adecuada disposición a enfrentar a los medios para conmover a las almas bien pensantes y progresistas mediante hábiles manipulaciones emocionales y el repertorio de los lugares comunes del pobrismo. Luego, los falsos negociadores que ofician el doble juego de la defensa de la propiedad privada pero que distribuyen bajo cuerdas materiales para consagrar el hecho consumado.
En todos los casos, resultados finales bien distintos a la épica ocupadora: una situación jurídica fáctica no reconocida por los gobiernos locales en el que los títulos de propiedad son reemplazados por precarios certificados emitidos por una organización social o por una entidad intermedia. Y cuyo no reconocimiento oficial, determina barrios fantasmagóricos cuyo en los que los municipios no recolectan los residuos y los vecinos conviven en una situación sanitaria miserable.
Y una marginalidad social en la que se han diluido valores cruciales del progreso como la propiedad y la razón reemplazados por de dominio precario y la fuerza para sostenerlo. Por último, un Estado reemplazado por una corporación política de poderes locales, provinciales, judiciales asociados a mafias que extraen de la miseria, riqueza; y votantes seguros aunque en ebullición crónica para garantizar su subsistencia.w
Lo que distingue a cada país es la actitud de las autoridades públicas y la escala valorativa.