Ejercer el periodismo de investigación no es un delito
La Corte Interamericana de Derechos Humanos sostuvo en 1985 que “la profesión de periodista - lo que hacen los periodistas - implica precisamente el buscar, recibir y difundir información”. La frase es exacta pues a eso se dedica el buen periodismo, especialmente el de investigación: de manera obsesiva observa, descarta y analiza hechos, encuentra patrones y conductas aisladas, contrasta datos, entrevista fuentes, chequea y luego difunde la noticia.
El juez Ramos Padilla, al procesar al periodista Daniel Santoro, en su extensa decisión ofrece una visión distinta en la que resaltan dos nocivas caricaturizaciones del oficio.
En primer lugar, investigar o buscar información sería utilizar técnicas de espionaje y publicar una noticia sobre un hecho de corrupción o un crimen sería enviar un mensaje a una víctima para extorsionarla. Esta idea es errada. Las noticias no son mensajes direccionados: son el reflejo de una sociedad libre, que discute sus asuntos a la luz, que puede incomodar al poder - y a las que se les puede contestar. Como ha dicho un tribunal internacional, las demandas del pluralismo de una sociedad democrática requieren la mayor circulación de informes y opiniones sobre asuntos de interés público.
En segundo lugar, el juez confunde la relación entre el periodista y su fuente y la equipara a una asociación para cometer delitos. Esto es otro problema. Al ejercer su oficio, un periodista se contacta con personas de todo tipo y lugar, sin distinguir entre fuentes sanctas y non sanctas, y puede llegar a conocer sus crímenes. Pero no puede achacarse al periodista la responsabilidad de lo que haga o deje de hacer su fuente. La difusión de información veraz de interés público obtenida de manera lícita por el periodista en ningún caso puede generarle responsabilidad.
La libertad de expresión no da patente de corso. A través del ejercicio de su actividad medios y periodistas pueden causar daños injustos, que deben ser reparados civilmente y de manera proporcionada. Pero la Constitución y los tratados de derechos humanos dan un lugar prominente al derecho a la libre expresión pues de esta manera se protege la democracia.
La decisión de Ramos Padilla fue criticada por distintas organizaciones de la sociedad civil argentina y mundial por avasallar la libertad de expresión. Nathalie Southwick, del Comité para la Protección de Periodistas, sostuvo que responsabilizar a los periodistas por los actos de sus fuentes sienta un precedente muy perturbador que allana el camino a la apertura de causas penales contra los periodistas de investigación que trabajan cuestiones de corrupción. El procesamiento de Daniel Santoro es una decisión peligrosa y un mal antecedente para la región. Penaliza el ejercicio de medios y periodistas y promueve la autocensura. Pero, sobre todo, no entiende cómo funciona el periodismo. ■
* Ignacio Boulin, abogado, profesor de la Universidad Nacional de Cuyo y de la Universidad Austral; es master en Derecho por Harvard Law School.