Declaración Academia Nacional de Periodismo
Buenos Aires, 22 de octubre de 2020.
La Academia Nacional de Periodismo reafirma su preocupación por la ampliación del procesamiento a unos de sus miembros, Daniel Santoro, en el marco de la investigación judicial que instruye el juez federal con asiento en Dolores, Alejo Ramos Padilla. Como todos los ciudadanos, los periodistas estamos sujetos a la investigación de nuestras conductas por parte de la Justicia. Pero, en esta causa en particular, el procesamiento se asienta en suposiciones, datos falsos, inferencias indebidas y en una fuerte politización de las interpretaciones de los hechos. El trabajo de los periodistas –y en particular el secreto de sus fuentes– se encuentra protegido de manera explícita en la Constitución Nacional. En su ausencia, la opinión pública quedaría privada de informaciones esenciales sobre inconductas de gobernantes y actos de corrupción protagonizados por funcionarios de la administración pública. Esta Academia confía, por tanto, en que una correcta investigación judicial expondrá y castigará los eventuales delitos e irregularidades que se hayan cometido, pero al mismo tiempo evitará incriminar la labor periodística –y en particular el ejercicio del periodismo de investigación–, dejando a un lado cualquier prejuicio ideológico o adscripción política. Asimismo, la Academia Nacional de Periodismo suma su preocupación a la de otras entidades respecto de denuncias judiciales presentadas por legisladores nacionales de partidos de la oposición contra los periodistas Roberto Navarro, Ari Lijalad y Franco Mizrahi por publicar datos distribuidos por un organismo oficial.
Una vez más: la Academia no busca defender un supuesto derecho de los periodistas a infringir la ley, solo pretende garantizar que el ejercicio cotidiano y legal de su trabajo no sea limitado, ni afectado por amenazas o procesos judiciales controvertidos. Por todo esto, la Academia Nacional de Periodismo ratifica su solidaridad con el periodista Daniel Santoro sin que esto implique una defensa corporativa de uno de sus miembros, se solidariza con todo periodista que haya sido espiado, rechaza las denuncias penales contra periodistas por difundir hechos ciertos, y confía en que una correcta administración de Justicia evitará atemorizar a los periodistas en su búsqueda cotidiana de noticias.