Venezuela: no hay derechos humanos sin condena internacional

Los derechos humanos son la lengua franca de la globalización; todo político debería comprender su naturaleza, especialmente los que frecuentaron la Facultad de Derecho. El tablero internacional tal como lo conocemos comenzó a fraguarse en 1648 con los tratados de Münster y Osnabrück. El orden resultante, conocido como el “sistema wesfaliano”, estaba regido por un ideal soberanista de inspiración hobbesiana: mientras mantuvieran una actitud pacífica en el plano internacional, los Estados gozaban de completa autonomía sobre su población; las interferencias foráneas con sus asuntos internos podían considerarse actos de guerra.

A pesar de sus virtudes, este régimen encerraba una seria amenaza: los gobiernos podían usar sus inmensas capacidades para tiranizar a sus residentes o abusar de ellos. De hecho, cuando los nazis comenzaron a montar su macabro aparato criminal, la comunidad internacional descubrió que carecía de las herramientas legales para condenar su accionar. El proyecto de los derechos humanos es un intento de subsanar este peligro latente en el sistema de Estados.

Los derechos reconocidos en los tratados cumplen una doble función. A nivel interno, resguardan los intereses fundamentales de las personas contra la acción u omisión de sus gobiernos. Y en el plano externo, desactivan el escudo soberano de los Estados: si las autoridades los infringen de manera generalizada, la comunidad internacional puede emprender acciones remediales, como la exposición pública, la imposición de sanciones y las intervenciones humanitarias.

En suma, como explica Charles Beitz en su influyente libro sobre el tema, los derechos humanos son asuntos internos de interés internacional. Por eso, al suscribir los documentos internacionales cada país se compromete implícitamente a velar por su cumplimiento efectivo en todas partes. Y ese compromiso no puede supeditarse a especulaciones geopolíticas, cálculos estratégicos ni preferencias ideológicas.

Los derechos humanos son el marco mismo en que los desacuerdos políticos deben dirimirse.

Según el reciente informe de la ONU, la dictadura “bolivariana” es responsable de miles de asesinatos, torturas, detenciones arbitrarias y desapariciones forzadas. Para no mencionar que ha puesto a su pueblo al borde de una catástrofe humanitaria de magnitudes soviéticas. Nicolás Maduro no es un abanderado de los humildes ni un campeón del socialismo; es un criminal de lesa humanidad y tarde o temprano rendirá cuentas desde la Corte Penal de La Haya.

Los que argumentan que la comunidad internacional debe mantenerse al margen de estas aberraciones y que los venezolanos deben resolver sus propios problemas niegan la esencia misma de los derechos humanos. Por cinismo, cobardía o ignorancia se convierten en cómplices que abandonan a las víctimas a su suerte. No sorprende: los derechos humanos son la mayor creación de esa modernidad liberal que sueñan con sepultar. ■