El impuesto a la riqueza, según la Constitución

El ejercicio del poder impositivo lleva en sí el poder de destruir”, afirmó el ex presidente de la Corte Suprema de los Estados Unidos Chief Justice John Marshall en 1819. Los constituyentes sufrieron en carne propia la utilización de los impuestos para la persecución política. Es por ello que sentaron dos grandes bases en la Constitución Nacional: por un lado, fijaron la igualdad como base del impuesto y, por el otro, eliminaron la confiscación de bienes para siempre del Código Penal.

Resulta que luego de 150 años, todavía necesitamos aclarar que los impuestos no son retroactivos, no pueden discriminar, ni pueden confiscar.

En primer lugar, la Corte Suprema en el precedente Navarro Viola nos recuerda que “la afectación del derecho de propiedad resulta palmaria cuando la ley toma como hecho imponible una exteriorización de riqueza anotada antes de su sanción (...)”.

Sin embargo, la Ley 27605 grava la tenencia de bienes a una fecha transcurrida y recae sobre un patrimonio ya alcanzado por otro impuesto, por ejemplo, bienes personales. También las variaciones ocurridas en los bienes seis meses anteriores a la entrada de la ley hacen presumir un ardid para la elusión. En otra ocasión, más precisamente en el fallo Insúa, la mayor autoridad de la Justicia expresó que “al pago del impuesto al patrimonio neto… el contribuyente adquirió un derecho inalterable con respecto a la obligación tributaria que goza del amparo constitucional (…)”.

En segundo lugar, el principio de Igualdad y no discriminación. La ley distingue entre personas físicas y jurídicas, personas con patrimonio en Argentina y personas con patrimonio en el extranjero. Se establecen tasas diferenciales agravadas según la radicación del patrimonio. Aún cuando este sea idéntico, se discrimina según la jurisdicción creando una nueva distinción irrazonable.

En tercer lugar, y no por eso menos importante, la prohibición de la confiscación, un impuesto más contra los patrimonios ya afectados por otros. La superposición no es en sí misma inconstitucional pero sí lo es la confiscatoriedad ya que supone la elección de un grupo determinado de personas que serán castigadas a través de impuestos. Es una práctica muy antigua que se aplicaba en los regímenes autoritarios. Según el imaginario social, se delimita a un grupo de personas ricas que como usufructúan a la sociedad deben sufrir una limitación en sus patrimonios.

Los impuestos son necesarios para orientar la actividad económica pero también pueden distorsionarla cuando se crean con incentivos perversos. Si no se respetan estas tres reglas fundamentales, se pierde el equilibrio y la justicia queda fuera de escena. Quien, de buena fe, declara sus bienes ya sabe el riesgo de la confiscación, quien no cumple la ley es beneficiados por su ocultamiento.

Juan Bautista Alberdi, dijo en su libro “Sistema económico y rentístico de la Constitución”: “en la formación del tesoro público puede ser saqueado el país, desconocida la propiedad privada y hollada la seguridad personal”. La solución es asegurar el cumplimiento de la misma a través del control judicial. Los precedentes anteriormente citados marcan el camino a seguir para evitar las decisiones confiscatorias de los poderes políticos ocasionales.