Minería en Chubut: el PJ local amenaza con sancionar a legisladores
La conducción del Justicialismo de Chubut prometió sanciones para aquellos diputados provinciales que participan del debate o apoyen el proyecto de zonificación minera enviado a la Legislatura por el gobierno de la provincia.
El presidente del partido, el ultra K Carlos Linares, había calificado al proyecto y el debate como “una fantochada”, y ahora el secretario del Consejo Provincial de partido e intendente de la localidad de Dolavon Dante Bowen dijo que “el PJ no participará del debate y avanzará con sanciones" contra los diputados que avalen la iniciativa del gobierno de Mariano Arcioni.
La posición del justicialismo de Chubut vuelve a tropezar una vez más con el pensamiento orgánico del partido a nivel nacional, e incluso del propio presidente Alberto Fernández en relación a la minería.
Recientemente el ex gobernador de San Juan y presidente del PJ nacional José Luis Gioja declaró a medios de Chubut que “apoyaba el desarrollo de la minería en Chubut como fuente de desarrollo, riqueza y generación de empleo”, y calificó a la minería como una “actividad absolutamente lícita como lo es cualquier actividad productiva”.
Instó también a Arcioni a “lograr consensos para el desarrollo social de la actividad”. Gioja fue tres veces gobernador de San Juan, provincia minera por excelencia y siempre fue defensor de los proyectos de explotación mineros, aun frente a denuncias de daños ambientales severos.
Distintos sectores de Chubut se encuentran en estos días debatiendo el proyecto de zonificación que envió el gobierno de la provincia. Apunta sobre todo a la zona de la meseta central, la más pobre y postergada de la provincia, donde se están gestando distintos proyectos para la explotación minera. Sobre todo el ya histórico “Proyecto Navidad”.
El envío del proyecto trajo aparejada una creciente polémica entre los sectores pro mineros (sobre todos los habitantes de la meseta chubutense) y los antimineros quienes con el lema “NO es NO” realizan campañas constantes en contra de la actividad.
Además, el tema alcanzó visos de escándalo cuando la diputada oficialista Leyla Lloyd Jones -que se opone a la iniciativa del gobierno- denunció públicamente que “hay diputados que cobraron 10 millones de pesos para aprobar el proyecto”. Varios legisladores concurrieron a la justicia para vindicarse. Y también lo hizo Lloyd Jones, quien presentó pruebas e involucró a un conocido abogado de la provincia como supuesto lobbista de empresas mineras.
Ahora, Bowen agregó más leña al fuego. Dijo que “el diputado que no siga la línea del partido que es la de no apoyar el proyecto del gobierno deberá someterse al Tribunal de Disciplina del partido” y anticipó que “será pasible de sanciones”.
Según la agenda legislativa, el proyecto será tratado en una sesión extraordinaria que convocará el gobierno de la provincia el próximo 27 de enero. ■