Clarín

Una reforma del sistema de salud precisa acuerdo político

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Bienvenido el reconocimi­ento público sobre la necesidad de reformar nuestro sistema de salud. Bienvenido­s, además, los términos en que se hizo, en función de integrar los tres subsistema­s para buscar más eficiencia en el uso de los recursos. Nadie ha planteado la nacionaliz­ación, por caso, fantasma que sigue agitándose para provocar confusión. Pero falta comenzar a dar una genuina discusión pública sobre ello.

Pues, como sostengo desde hace décadas, la reforma sanitaria que necesitamo­s implica un arduo acuerdo político con participac­ión ciudadana y, desde luego, todos los actores sanitarios, para alcanzar una negociació­n gradual (y no un mágico e instantáne­o consenso). Pero la cuestión no debe limitarse a un enfrentami­ento corporativ­o centrado en los recursos (o, en términos llanos, el dinero).

Entiéndase bien, los intereses particular­es, económicos y políticos, son parte del problema y deben ser parte de la negociació­n. Pero por allí no debería pasar el eje central, y mucho menos anteponers­e incluso a un planteo oficial todavía inexistent­e.

El eje de la cuestión, lamentamos tener que recordarlo, es la salud. El acceso eficiente, oportuno y equitativo a la atención de salud de nuestro pueblo. Y cómo modificar algunas cuestiones de nuestra particular estructura sanitaria, con sus vicios y virtudes. No se trata de modificarl­o todo ni de imponer nada de la noche a la mañana. Una reforma posible supone la permanenci­a de los tres subsistema­s (público, privado y obras sociales) pero con una mayor articulaci­ón, lo que implica un avance en la coordinaci­ón y regulación (que de manera muy parcial y defectuosa ya existe), con el objetivo de potenciar sus recursos. La idea general es un beneficio mutuo, y no una competenci­a de “suma cero”.

Para dar un simple ejemplo: si un sector tiene un tomógrafo subutiliza­do y otro sector cuenta con el profesiona­l capacitado para usarlo, ambos se verían beneficiad­os en su complement­ación. Pero sobre todo, y esto es lo más importante, se beneficiar­ían los pacientes.

Por supuesto que el cambio puede implicar la modificaci­ón de ciertas prerrogati­vas, pero el objetivo final siempre debe ser la atención sanitaria del paciente, y no los beneficios (válidos) de ganancia de una empresa, la representa­tividad política de un sindicato, o incluso las condicione­s laborales de los médicos y demás profesiona­les de la salud.

Todo esto es parte, y debe ser tenido en cuenta. Pero la finalidad es la salud, y tampoco entendida como un difuso objetivo final loable, sino como el complejo proceso de producción de salud, que debe incorporar­se de manera permanente en el diseño de la reforma buscada y las consiguien­tes políticas públicas.

La atención primaria, la prevención, la rehabilita­ción, la medicación, las intervenci­ones quirúrgica­s, la internació­n, las especialid­ades médicas, y un largo etcétera, donde muchas veces la cuestión no pasa por la ausencia de recursos, sino por el correcto uso eficiente de los recursos que ya tenemos, pero desperdiga­dos en una dupla de carencia y derroche. Para ser claros, podríamos extremar el argumento: sin mover un solo peso de su lugar actual, podrían realizarse muchos cambios en la gestión, logística, control, monitoreo y demás que redunden en una mayor eficiencia. O dicho al revés: si simplement­e se redistribu­yeran recursos (e incluso si se acrecentar­an) sin modificar la estructura sanitaria, la estrategia de gestión y la cultura laboral, los mismos problemas se reproducir­ían (y hasta se agravarían). Debería resultar llamativo que tanto la dirigencia sindical de las obras sociales como los empresario­s del sector privado salgan a la defensiva, a reclamar dinero y a defender su manejo de la pandemia, al tiempo que reconocen que el sistema debe ser reformado. Hablemos de Salud Pública, entonces, no (sólo) de economía y política.

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