Derogan una ley que agilizaba la expulsión de extranjeros que cometen delitos
Se trata de la modificación a la Ley de Migraciones que había firmado la gestión anterior.
Derogan el decreto de Macri que aceleraba la expulsión de extranjeros que delinquen y controlaba la entrada de aquellos con antecedentes penales. La oposición dice que se favorece el ingreso de narcos.
El Gobierno nacional derogó este viernes el decreto de la gestión de Mauricio Macri que había modificado la Ley de Migraciones para establecer mayores controles al ingreso de extranjeros con antecedentes delictivos y agilizar el trámite de expulsión de inmigrantes que delinquen en el país. Lo hizo a través de un decreto firmado por el presidente Alberto Fernández y todos sus ministros.
Los cambios a la política migratoria se habían establecido en 2017 cuando Macri firmó el decreto 70/2017 que creó un "procedimiento migratorio especial sumarísimo" con el objetivo de negar el ingreso y expulsar delincuentes extranjeros con mayor agilidad.
En aquel momento, la gestión macrista había argumentado que la medida se amparaba en que cada Estado tiene “la prerrogativa soberana de decidir los criterios de admisión y expulsión de los no nacionales" y respondía a “la duración de los procesos administrativos y judiciales” así como el aumento de extranjeros en las cárceles argentinas. Según se dijo, además, las personas de nacionalidad extranjera bajo custodia del Servicio Penitenciario que en 2016 alcanzó al 21,3% de la población carcelaria total, cifra que subía al 33% entre los detenidos por narcotráfico.
Ahora, a través del decreto 138/2021, el Gobierno eliminó el endurecimiento de los controles fijados por el macrismo debido a que, según los argumentos, los cambios en la Ley de Migraciones "resultan irreconciliables" con la Constitución Nacional y con el sistema internacional de protección de los derechos humanos, "entre los que cabe mencionar la violación al principio del debido proceso, al derecho a contar con asistencia y defensa legal, la restricción a un control amplio y suficiente del poder judicial sobre los actos de la autoridad administrativa, la amplitud con la que se prevé la retención preventiva del y de la migrante sin definir las causas que la habilitan y la restricción a los derechos de reunificación familiar y dispensa por razones humanitarias”.
Clarín había dado cuenta de la intención de Alberto F. de avanzar con su derogación ni bien asumió. Incluso, el ministro del Interior, Eduardo "Wado" de Pedro, había trabajado en un nuevo decreto junto a la directora de Migraciones, Florencia Carignano. Pero ante la pandemia y la expectativa de que la Corte Suprema de Justicia zanjara el debate sobre su inconstitucionalidad demoraron definiciones.
“La Argentina ya tiene un régimen antes que Macri diga nada, que marca que cuando un extranjero es condenado es susceptible de expulsión. Lo que Macri hizo fue autorizar expulsiones sin condenas y esto parece muy peligroso porque se puede convertir en un acto de persecución contra alguna población”, indicó en aquel momento el mandatario.
La insistencia de organismos de Derechos Humanos y gestiones que realizaron De Pedro y su par de Mujeres, Géneros y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta, volvieron a poner el tema en la agenda del Presidente. Pero la decisión de avanzar sorprendió hasta a los sectores que impulsan su derogación. "Alberto eligió el momento", aseguran. Se abrió así un nuevo capítulo de polémica y discusión con la oposición, en medio de la cruzada del Gobierno por alejarse del escándalo del vacunatorio VIP.
Desde lo técnico, el DNU firmado por Fernández asegura que la medida tomada por Cambiemos no generó "mejoras ponderables" y que, por el contrario, "se agravó exponencialmente la litigiosidad en materia migratoria" desde su entrada en vigencia.
La decisión de Alberto Fernández está sostenida, según el DNU, en la "preocupación" expresada por distintos organismos internacionales, que había pedido la derogación del decreto de Macri, como el Comité de Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y de Sus Familiares, el Comité de los Derechos del
Niño y el Comité contra la Tortura, todos ellos de la Organización de las Naciones Unidas. “La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha sido enfática con relación a la protección de los y las migrantes, señalando que los Estados deben respetar sus derechos humanos y garantizar su ejercicio y goce a toda persona que se encuentre bajo su jurisdicción, sin discriminación alguna por su regular o irregular estancia, nacionalidad", dijo el Gobierno en el Boletín Oficial.
Según el Presidente, había “preocupaciones” de organismos internacionales.