El Presidente entrega la dama
La ofensiva de Cristina sobre el Poder Judicial y sus acusaciones al FMI,disminuyen los márgenes políticos del Presidente. Y lo debilitan. Al punto tal que debe permitir la salida de una pieza clave: la ministra Losardo.
Debieron transcurrir más de cinco años para que la Argentina conozca, al fin, las razones que llevaron a Mauricio Macri al gobierno en 2015. La revelación corrió por cuenta de Cristina Fernández. Al testimoniar coléricamente ante la Cámara de Casación Penal por la causa llamada “dólar futuro”, culpó al Poder Judicial por la entronización del ingeniero. Hizo una equivalencia con las Fuerzas Armadas. Poderes permanentes del pasado y del presente, según ella.
El otro tramo argumental, compartido por la vicepresidenta, fue expuesto por Alberto Fernández al inaugurar el período ordinario de sesiones en el Congreso. Anunció el inicio de una querella criminal contra Macri por “administración fraudulenta y la mayor malversación de caudales que nuestra memoria recuerda”. Aludió directamente al préstamo por US$ 45 mil millones que en el 2018 el Fondo Monetario Internacional liberó a la gestión de Cambiemos.
Aquella presunta vinculación entre el Poder Judicial y el soporte del FMI serviría para explicar, según la remozada construcción del relato kirchnerista, la derrota de Cristina y el ascenso de Macri. En el medio existieron dos elecciones (2015 y 2017) en las que Cambiemos triunfó con legitimidad. En las legislativas, incluso, con una victoria del senador Esteban Bullrich sobre Cristina en Buenos Aires. El kirchnerismo parece desconocer tales datos. Tampoco ha reparado – se advirtió en el primer año del regreso— que aún en la debacle Macri cosechó 41% de los votos. No hubo, a propósito, ninguna autointerpelación.
Como siempre, el relato está plagado de inconsistencias. De arbitrariedades. Cristina imputó responsabilidad política por el triunfo de Macri a los jueces Daniel Petrone y Diego Barroetaveña. Forman parte de la Cámara que sustanció su causa. Les reprochó no conocerles ni siquiera sus caras. Admitió, en cambio, identificar a Ana María Figueroa. Quizá por su cercanía al kirchnerismo. O el recuerdo de una causa por dádivas, al final desestimada, provenientes del encarcelado ex ministro de Planificación, Julio De Vido.
La vicepresidenta, en su alegato, colocó a once jueces y fiscales en la picota pública. Recordó de alguno de ellos sólo lo que le convino. Se quejó que la mayoría de sus causas recayeron en el fallecido Claudio Bonadio y Julián Ercolini. Con Bonadio, Néstor y Cristina Kirchner no tuvieron problemas hasta 2014. Cuando empezó a investigar a la familia por sospechas de lavado de dinero en la causa Hotesur. Empresa administradora de hoteles cuyo cliente principal solía ser el empresario K ya condenado, Lázaro Báez. Bonadio en 2011, sin demasiado trámite, dispuso la libertad y el sobreseimiento de dos secretarios del ex presidente. Daniel Muñoz e Isidro Bounine eran enton ces investigados por enriquecimiento ilícito. Así estaba todo bien.
Con Ercolini se produce una situación particular. Llegó a juez federal por impulso de Alberto Fernández. Cuando era jefe de Gabinete de Kirchner. Bonadio provino de la era menemista. Ercolini cerró una causa sobre presunto enriquecimiento ilícito del matrimonio en el período 1994-2003. Sucedió luego de que el fiscal Eduardo Taiano consideró que el ex presidente no merecía ser imputado. Este mismo fiscal es ahora conminado a jubilarse por el Gobierno. Tiene a cargo la investigación por el escándalo del Vacunatorio VIP.
En verdad, la situación patrimonial del matrimonio Kirchner estuvo en el centro de la escena aún antes que aterrizaran en la Casa Rosada. Después ocurrieron denuncias por los períodos del 2005 al 2008 que, en diferentes momentos, desestimaron los ex jueces Rodolfo Canicoba Corral y Norberto Oyarbide. En este caso saltó una liebre por los Cuadernos de las coimas. El contador histórico del matrimonio presidencial, Víctor Manzanares, arrepentido en esa causa, confesó las argucias que le había sugerido al ex juez para que pudiera demostrar la inexistencia de delitos en el incremento del patrimonio de los Kirchner.
Otro blanco del Presidente y la vicepresidenta es el fiscal Carlos Stornelli. De papel relevante en la investigación de los Cuadernos de las coimas. Tiene un procesamiento por haber sido ligado a una presunta red de espionaje que investiga Alejo Ramos Padilla. Los Fernández y el kirchnerismo a coro reclaman su renuncia. No hicieron lo mismo, en otro tiempo, con un amigo de ellos. El fiscal Carlos Gonella, discípulo de la ex procuradora Alejandra Gils Carbó, prohijado por Carlos Zannini, miembro de Justicia Legítima, fue procesado en diciembre del 2014 por el juez Marcelo Martínez de Giorgi. Omitió imputar a Báez en la ruta del dinero K. También fue declarado en rebeldía por no presentarse a declarar. En 2016 renunció a la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac). Sigue siendo fiscal general en Córdoba en lo Criminal Federal.
Parece imposible desligar el panorama que describió Cristina en su alegato por la causa de dólar a futuro con la médula del mensaje que Alberto pronunció en el Congreso.
También con el posible alejamiento de la ministra de Justicia, Marcela Losardo. No sólo el Presidente entregaría una pieza simbólicamente estratégica de su acotada autonomía. Abre las puertas, además, al desembarco del cristinismo en una cartera cuyo segundo, Juan Martín Mena, es soldado de la vicepresidenta. El Gabinete se va desbalanceando.
Losardo fue acosada desde el día que asumió. Pero contó en los primeros meses con el respaldo incondicional de Alberto. Su amigo y socio desde los tiempos de la Facultad de Derecho. A medida que Cristina aceleró la embestida sobre el Poder Judicial aquel respaldo menguó. La ministra estaba de acuerdo con varias de las reformas. Pero no con cualquiera. Ni de cualquier modo. Uno de los chispazos finales sucedió cuando Stornelli reveló una supuesta llamada solidaria de Losardo por su situación. No hay constancia que tal comunicación haya existido. Pero Cristina le exigió su cabeza al Presidente.
La presión de la vicepresidenta es de alta intensidad. La mujer observa inquieta cómo sus causas de corrupción no se evaporan. De allí la decisión de sobreinterpretar alguna de las propuestas presidenciales. Una de ellas es la creación de una Comisión Bicameral para establecer un “control cruzado” sobre el Poder Judicial. Alberto no especificó qué significaría. En realidad, la iniciativa no tiene siquiera un párrafo escrito.
El senador Oscar Parrilli y la directora de Asuntos Jurídicos del Senado, Graciana Peñafort, ecos de Cristina, se ocuparon rápido de darle contenido. Hablaron de la posibilidad de citar e investigar a jueces y fiscales de todo el país. La audacia fue interrumpida por la ministro de Justicia. “La Comisión no podrá arrogarse facultades de otros poderes”, disparó Marcela Losardo. Existe para esos menesteres el Consejo de la Magistratura. Braman los K.
La Justicia también quedó en el medio de la otra controversia planteada por los Fernández. La querella criminal contra Macri por el endeudamiento con el FMI. Que despliega una lógica asimilable a la perfección con las quejas de su vice por el juicio en ciernes a raíz de la causa dólar a futuro.
Cristina también reprochó a los jueces de la Cámara Federal de Casación por aquel endeudamiento macrista. Difícil de entender. Sobre todo, porque las acusaciones kirchneristas se contradicen demasiado. El relato indica que la deuda habría servido para que los amigos del ex presidente fugaran fortunas. Al mismo tiempo, subrayan que el dinero del FMI habría sido para facilitar la campaña y la reelección del ingeniero. Una cosa o la otra. Pura incongruencia.
El endeudamiento constituyó, sin dudas,
una mala política. En especial, su implementación. Pero la permanente salida de divisas de la Argentina encuentra otro origen. Está a la vista. La falta de seriedad de la clase dirigente. La política practicada sólo como método de acceso al poder. Nunca en busca de alguna modificación estructural. Eso explica la confrontación constante, la alteración de las reglas de juego y la desconfianza expandida. La fuga de capitales fue enorme durante el macrismo. Las estadísticas tampoco son piadosas con los K. Indican que sólo en el primer mandato de Cristina (2007-2011), con viento externo en general a favor y sin cepo, se fueron de nuestro país US$ 80 mil millones.
Alberto y Cristina pretenderían que el FMI acepte públicamente su responsabilidad por los fondos cedidos a Macri. Y no lo piden de buenos modos. En la querella criminal estaría incluida su ex titular, la francesa Christine Lagarde, de quien el ingeniero dijo en 2018 que los argentinos deberían enamorarse. En este contexto, Martín Guzmán debe continuar la negociación con el organismo internacional. Que asoma muy distante. Por canales diplomáticos el Gobierno intenta llegar a David Lipton, que se desempeñó como director gerente interino del FMI. Integra ahora el equipo de Joe Biden.
También esa gestión tendría sus escollos: el jefe de la Casa Blanca acaba de extender un decreto de Donald Trump que considera a Venezuela una “amenaza inusual y extraordinaria” para Estados Unidos. En simultáneo, la Argentina fue el único país del Grupo de Contacto Internacional que no firmó el repudio a la expulsión de la embajadora de la Unión Europea de Caracas.
Aquellas contradicciones son incesantes. El Gobierno que declama solidaridad estableció un sistema de privilegios para la vacunación contra el coronavirus. Los vacunatorios VIP afloran en cada rincón del país.
El Gobierno, que se siente dueño de los derechos humanos, se oculta cuando en una provincia convertida en cárcel por la cuarentena se apela a la represión para afrontar la desobediencia civil. Aquel dominio es Formosa. Su mandamás, hace 26 años, Gildo Insfrán. Gran gobernador y gran ser humano, según el Presidente.