Hay seis detenidos por la causa del juez que habría recibido coimas
La investigación judicial que golpea al juez federal de Mendoza Walter Bento (58) acumula la prueba de seis causas anteriores que fueron resueltas por el magistrado del Juzgado Penal Tributario 1, donde se habrían cobrado millonarios sobornos.
En la acusación del fiscal general de Mendoza, Dante Vega, con la colaboración del Ministerio Público Fiscal de la Nación, aparecen seis personas, imputadas por delitos de contrabando, narcotráfico y documentación apócrifa -hoy detenidos-, que negociaron su libertad con la presunta banda criminal integrada por un ex aduanero que fue asesinado (el empresario Diego Aliaga), tres abogados que tramitaban las causas y el juez como jefe de la organización.
“Los montos que se pagaron iban de los 50 mil a los 200 mil dólares por cada causa”, dijo a Clarín uno de los investigadores. El juez Bento fue imputado el miércoles pasado por asociación ilícita, cohecho (cobro de sobornos), lavado de activos y enriquecimiento ilícito. Su par, el juez de San Rafael Eduardo Puigdéngolas, avaló el pedido del fiscal general Dante Vega de acusar formalmente a Bento como “jefe de una banda de abogados y presos que cobraba coimas, a cambio de favores judiciales a procesados en casos de contrabando y narcotráfico”.
Los seis detenidos son Walter Bardinella Donoso -quien dio pie a la investigación a partir de conversaciones que aparecían en su celular-, Juan Carlos Molina Pérez, Javier Santos Ortega, Eugenio Nasi, Marcos Calderón y Omar Rodríguez.
En el ambiente tribunalicio mendocino era vox populi que Aliaga estaba vinculado al ámbito de la delincuencia aduanera de electrónica, indumentaria y cigarrillos, entre otras mercancías. Era habitual verlo en los cafés cercanos al Parque Cívico, junto a abogados con causas en la Justicia Federal. Según testigos, cada negociación que emprendía Aliaga llevaba al nombre del juez Bento, en cuyo juzgado se resolvieron a favor de los delincuentes las seis causas por las que se acusa al magistrado.
En esas causas iniciadas en 2010 intervinieron los abogados Luciano Ortego, Martín Ríos y Matías Aramayo, detenidos la última semana, imputados por asociación ilícita y cohecho activo, delitos que tienen una pena máxima de quince años. Según el expediente, eran los encargados de presentar escritos judiciales que permitían “preparar el terreno para que el juez cumpla con su parte en el acuerdo ilícito”. Para la Fiscalía, los letrados se reunían o hablaban en forma permanente con Aliaga, “quien les daba instrucciones bajo la dirección del juez”, al que califican en la investigación como “el jefe de la banda y el número 1” de la organización delictiva.
Una de las pruebas que más compromete al juez es su relación con Aliaga. Según la acusación hubo 265 llamadas en ocho meses entre el ex despachante y un teléfono agendado con el nombre de “Primo”. La Fiscalía general logró descubrir que el propietario de ese número era Bento.
Según la acusación, el objetivo principal de la banda era “lograr a través del pago de un soborno la libertad espuria de personas detenidas a disposición del Juzgado Federal 1 de Mendoza o su desvinculación del proceso. Primero se concretaba el soborno (comúnmente expresado en el pago de sumas en dólares) para que el beneficiario recuperara su libertad”. La libertad iba seguida por “la impunidad de hecho del sobornador, quien podía terminar sobreseído o, en la mayoría de los casos, beneficiado por el juez con una falta de mérito o una calificación legal de menor grado”. Luego, la baja de la imputación “servía de excusa para aparentar la legalidad de esa libertad otorgada”.
Además del juez Walter Bento como jefe de la banda, por presunto lavado y enriquecimiento ilícito están imputados su esposa Marta Boiza por enriquecimiento y lavado-, Luciano Ortego, Martín Ríos y Matías Aramayo -señalados como integrantes de la asociación ilícita- y los acusados de haber pagado coimas o de haber participado en el proceso: Walter Bardinella Donoso, su pareja Jessica Miere, Mariano Castro, Leandro Cirot, Eugenio Nasi, Javier Santos Ortega, Juan Carlos Molina, Marcos Calderó y Omar Rodríguez. También fueron imputados, por falso testimonio, Juan Aliaga (hijo del empresario asesinado) y Luis Álvarez.w