Ortega, Insfrán y los Derechos Humanos K
La supuesta y exclusiva defensa de los Derechos Humanos -y la superioridad moral que conlleva- que se arroga desde hace más de quince años el kirchnerismo sufrió en estas horas un doble revés de dimensiones internacionales.
Por un lado, el Gobierno debió apurar un gesto diplomático en un intento por enmendar la falta de condena al dictador Daniel Ortega. Las críticas a la abstención argentina impulsada por Carlos Raimundi en la OEA (26 países votaron contra el régimen nicaragüense), obligaron a un viraje que evidenció aún más la torpeza previa. El Presidente convocó a Buenos Aires al embajador Daniel Capitanich, en un gesto tardío y quizás insuficiente. Este lunes no estaba claro si la decisión derivaría en una ruptura con el gobierno de Ortega.
Por el otro, el informe de Michelle Bachelet en las Naciones Unidas, en el que expresó la grave preocupación por la situación de los Derechos Humanos en Formosa, pegó de lleno en un gobernador aliado, Gildo Insfrán, y por extensión en el gobierno nacional. Vale recordar que el formoseño es, según definió Alberto Fernández hace sólo un año, “uno de los mejores políticos y seres humanos”.
A Ortega e Insfrán los separan muchas cosas pero los une su violento deseo de permanencia en el poder. El nicaragüense lleva casi 20 años como presidente y aspira a la reelección en noviembre. Podría preguntarle la fórmula al formoseño, que en diciembre cumplirá 26 años al frente de su provincia.
El dato no es menor. La represión ordenada en Nicaragua tiene como blanco a dirigentes opositores, empresarios y periodistas, incluidos cinco precandidatos presidenciales (el último, Miguel Mora, detenido el domingo a la noche), todos encarcelados por la difusa acusación de “tener indicios de que atentaron contra la sociedad nicaragüense y los derechos del pueblo”. Esta conducta antidemocrática, a esta altura inusitada en Latinoamérica (con excepción de Venezuela y Cuba) es la que el gobierno de Alberto Fernández gambeteó condenar de entrada y sobre lo que intenta una dudosa corrección.
Lo de Insfrán, por cercanía, resulta aún menos disimulable. Desde el comienzo de la pandemia y de las cuarentenas se repitieron las denuncias en Formosa. Con ciudadanos a los que se les prohibió la entrada a la provincia, obligados a permanecer meses en la ruta, y lugares de aislamiento convertidos en centros de detención, los episodios se acumularon mientras el Gobierno Nacional esquivaba intervenir. Una salvaje represión policial en marzo, con manifestantes, periodistas y dirigentes opositores detenidos, fue el punto de inflexión. “Nos preocupa la violencia institucional, lo estamos analizando”, dijo el Presidente, más prudente en la condena que en los elogios a su amigo gobernador.
La intranquilidad que Alberto Fernández mostró demasiado tarde y con tibieza llegó con un tono más enérgico nada menos que desde las Naciones Unidas. Allí Bachelet señaló “la grave preocupación por los Derechos Humanos en la provincia de Formosa a medida que evolucionó la pandemia”.
La mención a la Argentina como uno de los países investigados en Derechos Humanos no ofrece antecedentes recientes y señala un triste retroceso en un país que había logrado ubicarse como ejemplar. Un paso atrás que desnuda otra vez al relato.
El Presidente y la coalición de Gobierno deberán hacerse cargo. ■
La falta de condena a Ortega y el informe Bachelet sobre Formosa desnudan al relato K.