Ahora el Gobierno se negó en la ONU a condenar al régimen de Ortega
Más idas y vueltas de la Cancillería
En otro giro de su política exterior, Argentina volvió a evitar denunciar los abusos en Nicaragua: se negó a firmar una declaración que reclamaba elecciones libres y transparentes y la liberación inmediata de los opositores presos. Ya la semana pasada había decidido abstenerse en la OEA de votar en contra del régimen. Pero este lunes, como gesto de protesta, convocó a su embajador en Managua. Human Rights Watch denunció a Nicaragua y la “política zigzagueante y selectiva de Argentina en derechos humanos”.
En otro giro sorpresivo de su política exterior, ahora el Gobierno evitó condenar los abusos del régimen de Daniel Ortega, al negarse a firmar una dura declaración que sí firmaron casi sesenta países ayer en Ginebra y en la que exigieron al régimen nicaragüense que permita elecciones "libres" y "transparentes", y que libere a sus presos políticos.
Fue en el marco de la sesión de la ONU en la que la Alta Comisionada para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, tuvo un duro pronunciamiento también sobre lo que sucede en el país centroamericano.
“Emplazo al Gobierno de Nicaragua a un cambio urgente en el curso de acción que está adoptando frente el proceso electoral”, dijo Bachelet en su discurso, en el que llamó a “liberar de inmediato a todas las personas detenidas arbitrariamente”.
“Desde mi último informe el pasado 23 de febrero, mi oficina ha observado un preocupante deterioro de derechos humanos, que alejan la posibilidad de que se pueda elegir libremente en las elecciones”, alertó y agregó: “Lamentablemente no se ha dado cumplimiento a la casi totalidad de las recomendaciones que hizo mi oficina. La crisis se ha agudizado de manera alarmante.”
Bachelet denunció una “persecución selectiva” contra defensores de derechos humanos, periodistas y opositores por parte del gobierno de Ortega y destacó que solo en las últimas semanas registraron las detenciones de “cinco candidatos y otros opositores sin suficiente evidencia probatoria”.
“Llamo al gobierno a un cambio urgente, que implica liberar de inmediato a los detenidos y derogar la legislación restrictiva del espacio democrático. Reitero que es urgente que se autorice el regreso de mi oficina en Nicaragua”, concluyó la dos veces presidenta de Chile.
Lo curioso es que el lunes, el presidente Alberto Fernández anunció a través de un comunicado que llamaba a consultas a su embajador en Managua, el dirigente kirchnerista Daniel Capitanich. Lo hizo junto a México y se sumó Costa Rica. La movida fue un gesto de endurecimiento frente al régimen. El martes pasado al Gobierno le llovieron criticas por abstenerse de una condena en la OEA.
Lo llamativo es que el Gobierno sí había apoyado la condena que Bachelet hizo en marzo pasado reclamando por los derechos humanos como elecciones libres. Pero Argentina no firmó una declaración similar a la de ayer que sí suscribieron Estados Unidos, Brasil, Francia, España, entre muchos otros países.
Los vaivenes oficiales son tales que ayer mismo el embajador Federico Villegas Beltrán apoyó con un discurso el informe de Bachelet sobre Nicaragua -el de marzo y su actualización ahora-, manifestando la "preocupación" de Argentina "por la situación de los derechos humanos en Nicaragua," y en particular -dijo- "por las detenciones de figuras políticas de la oposición".
También por la "persistencia de las restricciones al espacio cívico y la represión de la disidencia". Lo hizo en soledad sin apoyar la declaración de los otros países y en la Cancillería que fueron en sintonía otra vez con México, que tampoco firmó.
El documento que Argentina no firmó arranca haciendo mención a las "violaciones a los derechos humanos" que se producen en Nicaragua. "Compartimos las preocupaciones del Alto Comisionado sobre Nicaragua, incluida la impunidad persistente por las violaciones de derechos humanos desde abril de 2018 y los continuos informes de detenciones arbitrarias. El Gobierno debe garantizar la protección de los derechos humanos y hacer rendir cuentas a los responsables", sostiene.
Y luego continúa pidiendo un freno a las persecuciones: "Instamos al gobierno a que cese el hostigamiento contra periodistas y defensores de los derechos humanos y permita que las organizaciones de la sociedad civil operen en entornos seguros y propicios, sin temor a represalias".
También avanza sobre las trabas que impuso Ortega para el proceso electoral a pocas semanas de los comicios: "Nos preocupa que el Gobierno no haya implementado reformas electorales significativas antes de la fecha límite de mayo de 2021 de la Organización de los Estados Americanos, respaldada por este Consejo en marzo".
El texto dice que les preocupa las leyes del régimen contra la participación política, la libertad de expresión, la reunión pacífica y la asociación. Y señala que la disolución arbitraria de partidos políticos y los procesos penales contra múltiples contendientes presidenciales y disidentes son especialmente preocupantes. "Pedimos su liberación inmediata", agrega.
Es probable que estas medidas impidan la celebración de elecciones libres y justas en Nicaragua este noviembre, especulan e insta a Nicaragua a comprometerse incluso con observadores electorales internacionales en las presidenciales. De ahí que la declaración de estos 59 países considere que los nicaragüenses "merecen elecciones libres y justas a través de un proceso transparente y creíble, y una solución pacífica a la crisis sociopolítica del país."
La presentación de Bachelet corresponde a los derechos humanos en todo el mundo. De hecho, el lunes había mencionado también la intervención de su oficina ante la “grave preocupación” por los abusos cometidos en Formosa por el gobernador Gildo Insfrán, en medio de la pandemia de coronavirus. ■
El lunes, Alberto F. había hecho el gesto de subir el tono crítico al llamar a consulta al embajador.
Bachelet dijo ayer en la ONU que en Nicaragua “la crisis se ha agudizado de manera alarmante”.