Críticas a la postura “zigzagueante y selectiva” de Argentina en DDHH
La organización condenó los abusos en Nicaragua, y el rol de la Argentina y de México ante la situación.
La organización Human Rights Watch denunció ayer “la creciente campaña de violencia y represión” contra miembros de la oposición y la sociedad civil que lleva a cabo el gobierno de Daniel Ortega en Nicaragua y criticó que la Argentina tenga una posición "zigzagueante" en el tema y sea "selectiva" en su política de derechos humanos.
El informe divulgado en Washington, de 37 páginas y más de 50 entrevistas, detalla hostigamiento, detenciones y procesos penales arbitrarios y abusos en detenciones de críticos y opositores.
Concluye que los arrestos de opositores y otras graves violaciones de derechos humanos contra críticos a pocos meses de las elecciones presidenciales del 7 de noviembre “parecen formar parte de una estrategia gubernamental para eliminar la competencia política, reprimir el disenso y facilitar la reelección del presidente Ortega para un cuarto mandato consecutivo”.
Entre el 2 y el 20 de junio, las autoridades nicaragüenses detuvieron e iniciaron procesos penales arbitrarios contra cinco de los principales precandidatos presidenciales opositores y al menos otros nueve reconocidos críticos del gobierno, señala el informe.
El martes de la semana pasada, una mayoría de países de la región condenó en la Organización de Estados Americanos (OEA) los arrestos y pidió la liberación de los opositores detenidos.
La Argentina, junto con México, se abstuvo en esa votación, lo que provocó fuertes críticas de organismos de derechos humanos -entre ellos Human Rights Watch-, y luego buscó matizar ese impacto negativo con el llamado a consultas del embajador argentino en Managua, Daniel Capitanich. Ayer, evitó firmar una declaración de la ONU en Ginebra en la que 59 países pidieron la liberación de presos y a elecciones libres en Nicaragua (ver pag. 3).
En la presentación del informe, José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch, se refirió a la posición de los dos países sobre el caso nicaragüense. "Este zigzagueo, esta oscilación de Argentina y México en torno al caso de Nicaragua no genera mayor confianza. Lo más prudente es esperar y ver cómo evoluciona su posición”, dijo
Vivanco señaló que desde el regreso a la democracia, en 1983, “Argentina ha tenido todo tipo de gobiernos, de todos los sectores ideológicos, y no recuerdo que jamás se haya invocado como pretexto o justificación para no emitir un pronunciamiento crítico el principio de la no injerencia de los asuntos internos del país”.
Y advirtió: “Creo que es fundamental que Argentina retome su apoyo y su adhesión, que hasta ahora había sido consistente, a las obligaciones jurídicas internacionales de la universalidad de la causa de derechos humanos y no de una aplicación selectiva de los compromisos en derechos humanos en función de lo que es la simpatía o antipatía ideológica del actual gobierno argentino con circunstancias de derechos humanos que ameritan un pronunciamiento”.
Vivanco reclamó más apoyo internacional e hizo un pedido específico al secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres. “Apoyándose en las medidas adoptadas previamente por la ONU, es fundamental que el Secretario General potencie las acciones de la ONU y presente esta situación ante el Consejo de Seguridad”, reclamó.
El informe advierte que la crisis nicaragüense tiene “repercusiones alarmantes a nivel regional”, con más de 108.000 nicaragüenses que huyeron del país desde 2018, la mayoría hacia Costa Rica.
Entre enero y junio de 2021, Human Rights Watch entrevistó por teléfono a 53 personas en Nicaragua, incluyendo 46 activistas, abogados, periodistas, defensores de derechos humanos y opositores políticos que han sido víctimas de hostigamiento o detenciones arbitrarias.
También revisaron fotos y videos tomados durante las detenciones e informes de prensa y de organizaciones locales e internacionales de derechos humanos.
El informe señala que “Ortega ejerce un control directo sobre las fuerzas de seguridad. Es común que policías –y, a veces, militares– hagan guardia frente a las residencias de críticos para impedir que salgan de sus hogares, en circunstancias que constituyen detención arbitraria”.
“Muchas víctimas manifestaron no poder visitar a amigos o familiares, asistir a reuniones, ir a trabajar o participar en protestas o actividades políticas. Algunas no pudieron llevar a sus hijos a la escuela o a citas médicas. Hemos documentado tres casos de mujeres que sufrieron acoso y agresión sexual durante su detención”, agregó.w
“Es fundamental que Argentina retome su apoyo a la causa de los derechos humanos”.