Mucho más que un gesto político para los independentistas

La polémica generada sobre los indultos a nueve líderes secesionistas no concierne solamente a la cuestión por la independencia catalana, sino a los intereses inmediatos del gobierno del presidente español Pedro Sánchez, que necesita de los votos de Barcelona para seguir en el poder.

● El presidente justificó su decisión en que es un camino para lograr la “reconciliación con Cataluña” en la discusión de sus reclamos y, al mismo tiempo, seguir defendiendo la integridad del Estado español, que es la premisa de máxima que siempre impulsó el poder centralista de Madrid. Pero desde la derecha se cuestiona al gesto de Sánchez, asegurando que su medida es una claudicación en la defensa de la integridad de España ejemplificada en el castigo a quienes han atentado contra su soberanía.

● Desde el lado de los independentistas, se considera que los indultos constituyen una condición necesaria, pero no suficiente, para encarrilar un imprescindible diálogo político que aborde la crisis catalana. El mundo secesionista sigue reclamando una amnistía para todos los que tienen causas abiertas, afirmando que la continuidad de la situación genera inestabilidad y creciente malestar.

● En rigor, el indulto sólo conmuta la pena que les quedaba por cumplir, por lo que saldrán de prisión habiendo terminado sus respectivas condenas, pero no se perdonan los delitos, que es lo que reclaman los catalanes. El indulto tiene como condición que no se cometa un delito grave, en cuyo caso la pena indultada se sumaría a una eventual nueva condena.

● Muchos en España admiten que los años de prisión y los cargos que aplicó la justicia española fueron extremos. Pero ante ese argumento se ha sostenido que los ahora indultados violaron normas contra la soberanía española. El castigo tuvo un enorme peso político porque los nueve condenados por sedición son exmiembros del Gobierno y del Parlamento de Cataluña y representantes de entidades cívicas de esta región.

● El anhelo independentista catalán es centenario y tiene como mayor emergente la guerra de secesión de 1714 que canceló sus derechos culturales y nacionales. Pero el punto en la historia reciente es otro. En la crisis financiera de 2008, el gobierno catalán de Artur Mas, apremiado por la misma debacle que golpeaba a toda España, intentó que el recién llegado al ejecutivo nacional, Mariano Rajoy, accediera a que la autonomía catalana contara con su propia agencia recaudatoria y gestionara sus impuestos. La idea implicaba modificar en su favor la coparticipación de una región por entonces con el mayor PBI del país. Rajoy rechazó la demanda de plano.

● La reacción de Barcelona fue agitar con mayor fuerza las banderas independentistas para justificar, en el litigio con el gobierno central, los ajustes que caían a plomo sobre la población. Desde entonces, el conflicto se agravó hasta la intentona separatista de 2017, castigada con las condenas a prisión de los nueve líderes indultados.