No intervención y derechos humanos
La resolución de la OEA sobre Nicaragua expresa “preocupación” por las reglas electorales, “condena” el arresto y las restricciones a los precandidatos e “insta” a implementar medidas para unas elecciones transparentes. Es bastante moderada: no es una condena del régimen ni impugna su legitimidad.
Desde una opinión menos atada a las formas del discurso de la diplomacia, se podría decir que hoy en Nicaragua reina una dictadura con pretensiones totalitarias que suprime a la oposición y la prensa independiente. La respuesta del gobierno de Ortega y Murillo no admite crítica ni nada que deba cambiarse y denuncia a esa resolución como una “injerencia” en sus asuntos internos. Nada nuevo bajo el sol. Los estados denunciados por violaciones a los derechos humanos siempre se defienden alegando que es una intervención en asuntos internos: es lo que hizo la dictadura argentina.
Llama más la atención que el estado argentino haga propia una razón propia de los regímenes sospechados, con evidencias tangibles, de vulnerar los derechos humanos, y desprecie las razones de quienes reclaman en nombre de las víctimas.
No es la abstención lo que querría discutir, sino el argumento de la no intervención usado (y en verdad no justificado) para sostenerla. En el derecho internacional, el principio de no intervención establece obligaciones entre los estados. (Véase la exposición de Edmundo Vargas Carreño, El principio de no intervención, en https://www.oas.org/es/sla/ddi/docs/publicaciones_digital_XXX_curso_derecho_internacional_2003_Edmundo_Vargas_Carreno.pdf)
Es un principio básico de las relaciones internacionales tal como se establecen después de la segunda guerra mundial.
Sin embargo, a partir de la nueva conciencia de genocidios y otros crímenes de estado, el mismo sistema de deberes y obligaciones vigentes en la comunidad internacional sanciona otro principio, que establece que el respeto de los derechos humanos no puede ni debe quedar sometido a la sola jurisdicción doméstica.
Hay derechos fundamentales protegidos por el derecho internacional que prevalecen y relegan las fronteras políticas que durante siglos ampararon los crímenes de estado.
Ahora bien, es claro que pueden existir conflictos de interpretación cuando se trata de una acción que debe ser concordante con ambos principios. La invocación de los derechos humanos no justifica cualquier intervención.
Sucedió en 2003 con la invasión a Irak por una coalición de países encabezada por los EE.UU. y rechazada por otros estados. Pero en ese caso no era una acción surgida de la decisión de un organismo internacional. Se trataba de una acción entre estados y de una intervención militar que producía daños irreparables. La historia latinoamericana está plagada
de formas unilaterales y violentas de intervención, a lo largo del siglo XX y hasta los años 30 aproximadamente, que impusieron una lógica dictatorial en la hegemonía de los EE.UU. sobre su “patio trasero”. Intervenciones eran las de antes, podría decirse. Basta recordar las llamadas “Banana Wars” que llevaron a invasiones y ocupaciones que abarcaron casi toda América Central y el Caribe.
A partir de esos antecedentes y de lo que se ha logrado construir en el plano de la regulación de las relaciones internacionales (en un estado de cosas que dista de ser perfecto, ni siquiera satisfactorio) invocar el principio de no intervención
requiere una justificación que el gobierno argentino ha omitido.
Primero, la declaración surge de la OEA, un organismo internacional fundado en reglas y compromisos decididos y aceptados por los estados miembros.
Llama la atención, en ese sentido, que la declaración argentino-mexicana (que también en esto repite los términos del rechazo del gobierno de Nicaragua), no menciona a la OEA sino a “países” que “dejan de lado el principio de no intervención”, como si tratara de una coalición invasora y no de una entidad de derecho internacional de la que forman parte.
Segundo, agitar la idea de la intervención parece asimilar las decisiones de un organismo internacional a un acto de guerra, el preludio de una invasión: los fantasmas del pasado, sean los del “Gran Garrote” o de la Guerra Fría, dominan una visión del mundo no sólo anacrónica, sino incapaz de esgrimir una justificación razonada.
Finalmente, el estado argentino renuncia a una política de principios en la defensa de los derechos humanos. Reniega de la consigna (más declarada que cumplida) de convertirlos en el objeto de una política de Estado. Por supuesto, el giro en una política exterior más ocupada en conciliar con dictadores y mandones que en una acción en favor de quienes sufren persecución tiene su correlato en la política doméstica. Quedó en evidencia en las formas de la “no intervención” del gobierno nacional en los asuntos domésticos de la provincia de Formosa.
Hay un principio no escrito que ha resultado de las dolorosas enseñanzas de los años de la dictadura. Es el de la solidaridad con las víctimas, que fue fundamental en la resistencia a la dictadura y que recibió un apoyo decisivo de la comunidad internacional, en particular de la Comisión de Derechos Humanos de la OEA. El Gobierno parece inclinado a enterrar esa experiencia, a relegar lo que debería ser una norma y un valor incondicional en aras de conveniencias y regateos de una política sin principios. ■