DEBATE AMIA: un crimen de lesa humanidad devaluado

Integrantes de la Asociación Por el Esclarecimiento de la Masacre Impune de la AMIA (APEMIA)

Este aniversario de la masacre de la AMIA se produce en un momento muy especial: el Gobierno abandona sus promesas, el valor de su palabra y compromiso. En la Asamblea Legislativa de 2020, el Presidente aseguró ante la Nación que “apostamos a una democracia profunda y a una mejor calidad institucional” que asoció al esclarecimiento del atentado. “Solo se logrará si todos ayudamos a conocer la verdad… tenemos la decisión irreversible de terminar para siempre, para siempre, con los sótanos de la democracia”, agregó.

Un año después reconoció que su propuesta fracasó al recordar que “Esperaba que con eso se iniciara un derrotero que echara luz en los sótanos de la democracia… Pero lamentablemente no fue así”. ¿Qué se lo impidió si es un área de su responsabilidad? Los archivos secretos siguen cerrados: no hay investigación, ni verdad, ni Justicia. Su confesión abruma.

No fue la primera vez que esclarecer el crimen de AMIA había sido puesto en el centro de la escena como materia política pendiente. Lo novedoso es que lo declara frente al despliegue de pruebas halladas en los archivos de la participación del Estado y la complicidad internacional de sus aliados en el atentado. Esto cuestiona cualquier proyecto institucional como el pregonado. Si para investigar hay que conocer las pruebas – y los archivos secretos lo son- la conclusión más elemental es que todavía la investigación no comenzó.

Resulta evidente que el Estado no quiere asumir la decisión política de investigar porque teme reconocer cuán involucrado estuvo en la comisión del atentado y no sólo en su encubrimiento. Sin esta decisión, pretende que las huellas evidentes de su participación criminal se diluyan en el tiempo, con el acuerdo del Legislativo y del Poder Judicial. Para colmo, los Fiscales se apuran para sobreseer lo que queda de la conexión local. La DAIA/AMIA y la embajada de Israel “le hacen el aguante” a esta política.

Los archivos siguen siendo “secreto de Estado” por estar llenos de esas huellas de la acción del terrorismo de Estado amparada en los pliegues de la democracia. ¿Qué encubrieron si no fue el atentado mismo?

¿El Presidente y la interventora de la AFI no lo saben? Aún sin reconocer la participación del Estado en el atentado, hasta la CIDH reclamó abrir los archivos y un acceso efectivo a ellos, mientras negocia con el gobierno las condiciones de una eventual condena de la Corte Interamericana. La masacre impune de la AMIA y su falta de investigación real siguen siendo la piedra en el zapato para cualquier intención de “democracia profunda” y/o “calidad institucional”.

Las promesas de “recobrar el rol activo del Estado en el juzgamiento de los crímenes de lesa humanidad” parecen no alcanzar cuando se trata del atentado cometido en democracia. Establecen una diferenciación política difícil de explicar. El ejemplo es la Res. 467/21 de la AFI que propone analizar los archivos de la dictadura en su poder con organismos de derechos humanos.

Casi 45 años después, lo que puede ser un paso adelante para el esclarecimiento de esos crímenes se nos niega expresamente frente a la masacre de la AMIA. ¿No es acaso el mismo reclamo? Para el Gobierno ¿el atentado a la AMIA es o no un crimen de lesa humanidad?

Hoy, a 27 años de este crimen del terrorismo del Estado argentino contra su población, sin una investigación real sólo queda rediseñar la impunidad. La lucha de nuestro pueblo contra los crímenes de la dictadura es el motor para esclarecer los crímenes cometidos en democracia. Renovamos nuestro pedido para abrir los archivos, terminar con el secreto y constituir una Comisión Investigadora Independiente integrada por personalidades intachables, organizaciones políticas, sociales, académicas y de derechos humanos. Es el camino de Memoria, Verdad y Justicia.w