Elecciones sudamericanas: los ventarrones que corren
El capitalismo de Colombia, Chile y Perú se destacó, a diferencia del argentino, por su pujanza durante la última década. La inversión alcanzó montos importantes y los indicadores de inflación, deuda y déficit público presentaron cifras que se consideran admisibles.
Sin embargo, una serie de manifestaciones cuestionó a fondo en estos meses la forma y el alcance de sus frutos. Primero, en las calles de las capitales colombianas. Luego, en la elección de constituyentes chilenos. Y más tarde, en junio, cuando se realizó la segunda vuelta para definir al nuevo presidente de Perú.
Se trata de un colectivo heterogéneo, transversal, compuesto ante todo por maestros, estudiantes y trabajadores formales e informales, que aglutina aspiraciones diversas y está salpicado por la realidad de cada país. Aunque, si se estilizan sus rasgos, exhibe algunas características en común.
En primer lugar, el origen económico del descontento. En Colombia, el disparador fue un proyecto de ajuste fiscal del gobierno que, en aras de financiar el gasto, aumentaba los impuestos a los servicios públicos y a productos de la canasta familiar.
En Chile, gravitaron el alza de las tarifas del subte y las bajas jubilaciones, inferiores al salario mínimo, que prevé el sistema privado de pensiones. Mientras que en Perú, las causas, agravadas por el colapso sanitario, residen en la disparidad de ingresos y condiciones de vida que predominan en la costa y en las sierras del norte y del sur.
Cabe decir que en estas tres naciones la desigualdad es notable. En Chile, según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, el 1% de la población gana 40 veces más que el resto. Circunstancias que la ubica entre las sociedades que peor distribuyen la riqueza. En tanto que en Colombia y Perú, la renta anual de una pequeña minoría supera 80 veces la que obtiene el 92% de sus coterráneos.
En segundo lugar, las críticas sistémicas vienen de lejos. En Chile, es posible identificar los rechazos que despertaron, en distintos períodos, la organización del transporte, la educación, las jubilaciones y la salud. Y, claro está, el estallido social que, basado en estas y otras cuestiones, irrumpió en octubre de 2019.
En la sociedad colombiana se registraron paros en 2019 y 2020 en oposición a la política ambiental, al homicidio de líderes populares, el incumplimiento de los acuerdos de paz y a los casos de corrupción vinculados, entre otras, a la empresa brasileña Odebrecht.
Más aún: la trama ilegal de esta empresa también sacudió a Perú. De hecho, sobrevoló las manifestaciones que objetaron la sucesión presidencial en noviembre pasado. Y, además, tuvo la particularidad de involucrar a los cuatro últimos presidentes. Dos de los cuales, Alejandro Toledo y Ollanta Humala, habían sido electos por una coalición de sectores postergados que tenía un programa reformista similar, que luego abandonaron por cierto, al que enunció Pedro Castillo en su campaña.
En tercer lugar, ningún partido político tradicional fue capaz de entrever y canalizar hasta ahora estas demandas sociales. En Colombia, el Centro Democrático de Uribe y Duque parece no escuchar, no entender ni tener tiempo o respuestas para ellas.
En Perú, la transición que comenzó a principios de este siglo con la caída de Alberto Fujimori no pudo corregir las iniquidades de su gobierno y generó una constante desconfianza hacia las instituciones y los partidos. Al punto que en las últimas elecciones presidenciales hubo 18 candidatos, los dos más votados reunieron en la primera vuelta el 32% de los votos, y las corrientes históricas, APRA y Acción Popular por caso, tuvieron nula o escasa presencia.
Mientras que en Chile, los resultados del plebiscito por la reforma de la Constitución y el tipo de asamblea que debía hacerla y la elección de constituyentes, revelaron, aparte de una baja votación a los bloques de derecha y centroizquierda que rigieron en los últimos tiempos, el éxito de la izquierda y, sobre todo, de los independientes. Muchos de ellos sin antecedentes partidarios o de gestión.
En cuarto lugar, que en todas estas movilizaciones democráticas se constató la mayoritaria presencia de jóvenes y mujeres que se fue ampliando en la medida que cundió la represión policial. De hecho, en varias y relevantes comunas chilenas, por ejemplo en Santiago y Lo Espejo, fueron electas candidatas de 30 años de edad. Con proyectos que incluyen reivindicaciones factibles de alcanzar.
Ahora bien, ¿Anunciarán estos acontecimientos el fin de la modernización conservadora en estos países? ¿Acaso los hijos, invirtiendo el mito de Saturno, devorarán el modelo económico que acuñaron sus padres? Un proyecto que basó su discurso global en el Consenso de Washington de los años ‘90. ¿Podrán estas nuevas coaliciones gobernar sin sobresaltos? ¿Qué posibilidades tienen de imponerse en las futuras elecciones presidenciales de Chile y Colombia? ¿Resonarán en Brasil o Argentina acaso?
Por lo pronto, conviene tener presente que –si bien las perspectivas de corto plazo dependen en buena medida de la conclusión de la pandemia y la recuperación productiva ulteriores un movimiento que expresa cansancio por las promesas de bienestar incumplidas. A la par que una aguda percepción de las injusticias existentes. Y que los preconceptos o las categorías trilladas, como populismo, no bastan para caracterizar el dinamismo de una situación que una vez más, en palabras de Goethe, tiende a cubrir de gris la teoría y de verde al árbol áureo de la vida. ■
En Colombia, Chile y Perú, la desigualdad es notable. En los tres países hubo protestas.