El poder legislativo y la democracia
Ante un nuevo ciclo electoral para la renovación del poder legislativo, algunas reflexiones aguardan su debate. Es de vital importancia que, como ciudadanos, otorguemos valor a esta elección. El Congreso argentino es un órgano colectivo y deliberativo que tiene diversas funciones. En primer lugar, es el contralor por excelencia de los demás poderes del Estado: cuenta con mecanismos como el control presupuestario, el control sobre el nombramiento de altos cargos, la creación de comisiones de investigación, la solicitud de pedidos de informes e interpelaciones a distintos funcionarios del Poder Ejecutivo o, incluso, el juicio político.
El Congreso cumple otras funciones: legitima, representa y cumple una función de reclutamiento y entrenamiento de la clase política. Este párrafo esconde los temas que aguardan debate: las listas cerradas y bloqueadas, las listas papel por partido, las candidaturas testimoniales como forma de burlar el contrato representativo y, en la misma línea, los pases de distrito, los cambios de cargo en cualquier momento del mandato, los cambios de partido (transfuguismo), las reelecciones indefinidas.
Todos estos elementos, conjugados, ensanchan la brecha entre la voluntad del elector y el poder del partido. Así, el Congreso se convirtió en la caja de resonancia de los problemas de la política argentina. Otros países han implementado reformas como el desbloqueo de listas (Brasil y Perú, con listas cerradas y no bloqueadas, Ecuador con listas abiertas) o las candidaturas independientes (México).
Por otra parte, la renovación parcial en la cámara de diputados atenta contra el cambio de preferencias del electorado, ya que reduce a la mitad los efectos de ese cambio. Si las preferencias del elector tuvieran una modificación del 100% respecto de la elección anterior, esto se reflejará solamente en el 50% de la cámara.
En otras palabras, la renovación parcial protege a los partidos que pierden votos generando un efecto pro statu-quo, y perjudica a los que ganan. Esta renovación parcial relativiza la rendición de cuentas mediante el voto. Lo mismo ocurre con la renovación de tercios en el Senado. Argentina es el único país latinoamericano con renovación parcial en ambas cámaras.
Respecto de la función legislativa: ¿alguien calculó el costo de las malas leyes? ¿Cuánto nos cuestan las leyes sancionadas y que generan juicios contra el estado, que son violatorias de derechos constitucionalmente consagrados? ¿Y las que generan efectos negativos sobre la inversión, la producción o la economía? La falta de preparación de los legisladores se traduce en un pésimo desempeño legislativo, no por cantidad, sino por sus efectos. Tomemos una ley que provocó el efecto contrario al deseado: la Ley de Alquileres, ¿acaso alguien pensó que iba a ocurrir otra cosa?
¿Cuál es el costo de estas malas decisiones? Los resultados están a la vista y las estadísticas las conocemos todos. Finalmente, la inflación legislativa. Solamente en el período legislativo del 1-3-2020 al 28-2-2021, en plena pandemia, se sancionaron 70 leyes (estadística de la Dirección de Información Parlamentaria), es decir, en un año, cada 5 días tuvimos una nueva ley. La volatilidad normativa conspira contra las políticas de largo plazo. La democracia argentina aguarda un poder legislativo que esté a la altura que las circunstancias demandan.w