Chile escribe, de nuevo, su historia
Hay constituciones que regulan su propio reemplazo. Lo hacía la boliviana desde la reforma de 2004, lo que dio un marco legal al proceso que tuvo lugar unos años más tarde. Pero esta previsión no es la norma. La defensa de la rigidez tiene sentido: se busca evitar el cambio constante y la posibilidad de que un actor proclive al autoritarismo aproveche para consolidarse en el poder. La crítica a la rigidez también tiene sentido: la falta de respuestas a las demandas de cambio se traduce en desencanto y este puede volverse insostenible. La democracia peligra en ambas ocasiones.
La región muestra distintos escenarios. En Colombia, el acuerdo entre las fuerzas políticas para elaborar una nueva constitución en 1991 dio un marco al proceso. En Venezuela (1999) y Ecuador (2007), los gobiernos que convocaron las asambleas constituyentes lo hicieron a pesar de que la ley no los habilitaba y sin contar con mayorías parlamentarias. Tampoco tuvieron paciencia para intentar acuerdos.
Optaron por la vía rápida (para nada exenta de conflictos) impulsando referendos que forzaron la legalidad vigente. Las constituciones resultaron de un férreo control de los presidentes sobre el proceso. Fueron constituciones de parte, lo que no exime a las élites, que previamente bloquearon los cambios, de su cuota de responsabilidad.
La experiencia chilena se parece un poco a la colombiana. Por el escaso éxito de aquella constitución – que ni pacificó el país, ni repolitizó la sociedad ni superó sus grietas– debería ser observada con mayor detenimiento para no repetir errores y no caer en el gatopardismo: eso de “cambiarlo todo para que no cambie nada”. Pero Chile representa un caso único en muchos sentidos. Presionados por el estallido social de 2019, gobierno y oposición acordaron el plebiscito para habilitar el reemplazo constitucional. Se estableció la paridad de género y escaños reservados para la población indígena, dos novedades de peso.
La elección directa de las y los representantes para la constituyente volvió a sorprender. El bloque de la derecha no alcanzó el poder de veto que esperaba. La centroizquierda salió derrotada, superada por los nuevos y viejos partidos de izquierda en coalición en Apruebo Dignidad. Y los independientes dieron la gran sorpresa. La oportunidad está sobre la mesa. Los riesgos también.
El divorcio entre ciudadanía y élites políticas se mantiene. Los independientes son un grupo heterogéneo, algunos con escasa experiencia en los ribetes de la negociación, aunque no necesariamente ajenos a otras formas de construcción colectiva.
Los actores que aceptaron el cambio constitucional a regañadientes podrían verse tentados a usar mecanismos sutiles y no tan sutiles de desprestigio y bloqueo de la Convención. Confusos hechos de violencia aislada alimentaron este temor. La pluralidad existente vuelve imposible el consenso, que incluso podría ser indeseable si no permite salir de principios muy abstractos o vagos.
La solución: fijar unas reglas del juego adecuadas, que permitan avanzar el trabajo constituyente, y buscar soluciones democráticas. Por ejemplo, la ciudadanía podría entrar como poder moderador para desbloquear decisiones.
Finalmente, atención, si la grieta chilena dividía a la ciudadanía y las élites políticas (horizontal, en lugar de la división vertical argentina), también ha crecido la polarización (más actores se corren a los extremos en sus preferencias) y, alerta máxima, adquiere peso la opción de “salida”. En la segunda vuelta de las elecciones regionales de junio la participación quedó por debajo del 20%. No hay recetas mágicas y las cartas están jugadas. Chile escribe su historia.