Las denuncias por “miles de desaparecidos” agravan la disputa entre EE.UU. y Cuba
Legisladores bipartidarios de Florida presionan para que la OEA investigue “más de 5.000 arrestos y desapariciones” tras las protestas. Fuerte desmentida del régimen.
En un nuevo capítulo de la disputa entre Washington y La Habana, el gobierno de Cuba negó ayer la existencia de desaparecidos en la isla luego de las masivas protestas del 11 de julio, aunque aún sigue sin dar cifras de detenidos, según informaron medios estatales de la isla. La declaración del régimen isleño buscó salir al cruce de crecientes presiones de Estados Unidos ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para que investigue el tema y reclame la libertad de los arrestados y presos políticos.
El principal ariete de la ofensiva estadounidense fueron los reclamos de más de veinte legisladores demócratas y republicanos del estado de Florida, donde reside la mayor parte de la diáspora cubana, quienes firmaron un documento solicitando a la CIDH, que depende de la OEA, para que investigue las denuncias de “miles de desapariciones forzadas y violaciones” en la isla. Los congresistas recordaron que el pasado 15 de julio el Comité de la ONU contra las Desapariciones Forzadas (CED) solicitó a Cuba que tomara medidas urgentes para investigar 187 casos de puntuales de presuntas desapariciones.
“Deseamos hacernos eco y sumarnos a estas preocupaciones”, señalaron los legisladores en su nota. “De acuerdo a información en las redes sociales y fuentes de medios independientes, el verdadero número de desapariciones y detenciones de manifestantes es probablemente más de 5.000, que es mucho más que los 187 casos mencionados por el CED”. El último martes, el Movimiento Democracia del exilio cubano en Miami anunció que denunciaría a la ONU y la OEA las desapariciones de al menos medio millar de jóvenes.
Por su lado, el Departamento de Estado prometió ayer sancionar a funcionarios de Cuba señalados de violaciones de los derechos humanos durante las protestas.
Al reaccionar ante la ofensiva, el canciller cubano, Bruno Rodriguez, denunció ayer que Washington ejerce “brutales presiones” sobre gobiernos de un grupo de países de la OEA para que se sumen a una declaración contra La Habana. Al mismo tiempo, el segundo jefe de la Dirección de Investigación Criminal del Ministerio de Interior, el coronel Víctor Alvarez, rechazó que el régimen comunista mantenga manifestantes “desaparecidos” o los haya sometido a apremios ilegales. “Al igual que las desapariciones forzadas, la tortura no es una práctica en Cuba”, aseguró el militar ante la TV estatal.
El funcionario desestimó también las listas elaboradas por activistas independientes que circulan en redes sociales con los nombres de personas desaparecidas. A falta de datos oficiales, los activistas han documentado más de 500 detenidos, entre ellos varios menores de edad, mientras organizaciones religiosas asisten a familiares de los arrestados y salen a la luz duros testimonios de personas liberadas los pasados días.
Esta nueva fase de las disputas entre ambos países ocurren horas después de que la Casa Blanca del presidente Joe Biden anunciara que evaluaba reinstalar las remesas de dinero enviadas por cubanos expatriados a sus familias en la isla, cortadas por su antecesor, el republicano Donald Trump.
El líder demócrata también analiza reactivar la embajada de su país en La Habana enviando más personal. La delegación había sido reabierta en la última fase del gobierno de Barack Obama como parte de un deshielo que Cuba también buscó como condición para recibir más inversiones y reflotar una economía en caída.
Los sectores republicanos opuestos a los anuncios de Biden sostienen que La Habana confiscaría las remesas enviadas desde territorio estadounidense, evitando que “lleguen de forma directa al pueblo cubano”.
Biden prometió durante su campaña que eliminaría las restricciones al envío de remesas y los viajes a Cuba, pero hasta ahora ha seguido la senda de Trump, temeroso de que un cambio le quite votos en las próximas legislativas en ese estratégico Estado de Florida, donde ya perdió contra el magnate en los comicios de 2019.
Las protestas del 11 de junio, con el trasfondo de una grave crisis económica y sanitaria por los efectos de la pandemia, incluyeron manifestaciones pacíficas en reclamo de mayores libertades junto a choques con la Policía y saqueos. Ante ese desafío, el gobierno lanzó una ola de detenciones que abarcó a opositores y periodistas independientes. Hace una semana el presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, afirmó que los detenidos tendrán “garantías procesales” y que “recibirán la aplicación de las leyes en su justa medida, sin abusos”.w