Con la amenaza de prisión pendiente, se oscurece el futuro de Keiko Fujimori
Sufrió su tercera derrota seguida. La Fiscalía la acusa de lavado de dinero y pide 30 años de cárcel.
La nueva derrota electoral de Keiko Fujimori, que por tercera vez consecutiva se quedó a las puertas de ser la primera mujer en alcanzar la presidencia de Perú, deja a la política derechista un futuro incierto, donde puede acabar frente a un tribunal por presunto lavado de dinero.
La hija del expresidente Alberto Fujimori no sólo vio nuevamente frustradas sus ambiciones presidenciales, sino también la posibilidad de eludir temporalmente una acusación fiscal de más de 30 años de cárcel y la opción de liberar a su padre, que cumple una condena de 25 años de prisión por delitos de lesa humanidad.
Desde el día posterior a la votación, cuando veía que su nueva derrota electoral ante Pedro Castillo era irreversible, decidió denunciar un supuesto “fraude”, que nunca probó. Presentó más de un millar de impugnaciones y recursos legales, todos rechazados por las autoridades electorales, pero que retrasaron mes y medio la proclamación oficial de Castillo.
Fujimori anticipó en una conferencia que respetará la proclamación de Castillo, aunque que lo seguirá considerando un presidente “ilegítimo”. Esa contraposición entre respetar la proclamación y no la elección hizo recordar la posición muy similar tomada por Keiko en 2016, cuando aceptó su derrota pero lanzó un feroz asedio al Gobierno desde el Congreso, que controlaba con mayoría absoluta al haber obtenido 73 de los 130 congresistas.
Producto de esa oposición obstruccionista a Kuczynski y luego a su sucesor, Martín Vizcarra (20182020), Perú sumó cuatro presidentes y dos parlamentos diferentes en los últimos cinco años, en una profunda y larga crisis política e institucional. Bajo este escenario se celebraron las elecciones, donde Fujimori resurgió pese a no partir esta vez como favorita, pues llegaba debilitada tras pasar 15 meses en prisión provisional por la presunta financiación irregular de sus anteriores campañas.
Según el fiscal a cargo del caso, Fujimori incurrió en presunto lavado de dinero al ocultar en una contabilidad falsa millonarias donaciones de empresas, entre ellas 3,6 millones de dólares de Credicorp, el mayor grupo financiero del país, y aparentemente un millón de dólares de la constructora brasileña Odebrecht.
Por ello, la Fiscalía ha solicitado para Fujimori 30 años y 10 meses de cárcel, en una acusación pendiente de revisión por la Justicia, que en las próximas semanas debe decidir si abre un juicio contra ella, algo que habría eludido si ganaba las elecciones.
Más difícil de aventurar todavía resulta su futuro político como principal líder de la derecha peruana, un rol que volvió a ejercer pese a su paso por prisión, pero que puede perder en el futuro ante la irrupción en esta última campaña electoral de otros perfiles como el del empresario ultraconservador Rafael López Aliaga.
Tampoco hay claridad si continuará liderando el fujimorismo, ya que su tercera derrota electoral puede hacer que cobre mayor protagonismo su hermano menor, Kenji Fujimori, quien hace tres años creó su propio partido, paralelo al de su hermana, aunque en esta campaña electoral han vuelto a hacer las paces.w