Educación: con los gremios no se puede, sin los gremios tampoco

Abogado. Ex subsecretario de Educación de la Nación

Usted pensará que se confundió el diario al leer el título. No. Ante todo aclaro que no hablaré de la reforma educativa necesaria, diría imprescindible.Esa reforma, como bien lo sostienen Susana Decibe e Inés Aguerrondo, ya está parcialmente delineada en el Consejo Federal de Educación, en la Ley Nacional de Educación, en otras leyes concordantes, nacionales y provinciales, en decretos también de ambos niveles institucionales, resoluciones y demás normas.

Así, dar mayor autonomía a las escuelas, mejorar la formación docente, desarrollar la necesaria vinculación entre educación y trabajo, entre otras, son cuestiones que han sido tratadas, aunque genéricamente, en esos ámbitos.

Pero la reforma no avanza. Los sindicatos, que deben acompañarla, se sienten amenazados frente a esos cambios, y la estrategia es ignorarlos u obstaculizarlos, y así no puede hacerse. Y su oposición se hace más eficiente, porque a la influencia que tienen sobre sus afiliados, se suma el entramado de compromisos que la clase política –presidente, gobernadores, intendentes, ministros.- tiene con ellos, lo que les otorga más poder.

En resumen, los gremios, así como están las cosas -relaciones de poder y la necesidad de paz social- paralizan cualquier medida que modifique el actual estado de cosas. Por eso digo: con los gremios, así, no se puede.

Pero cuando agrego “sin los gremios tampoco se puede” es porque también hay razones para considerarlos imprescindibles. El impulso reformador requiere la participación de los docentes -más allá de analizar el grado de representatividad de cada sindicato- y recursos económicos.

Más salario, y seguramente en muchas jurisdicciones, mejor infraestructura. Para ello, en una reforma del actual funcionamiento, que dé esa autonomía escolar a la que nos referimos antes, mejor formación y normas laborales más exigentes –pero a la vez más flexibles-, se requieren acuerdos en los que confluyan la voluntad política y la continuidad institucional de ambas partes.

Voluntad política para que en todos los niveles de gobierno y en todas las jurisdicciones se comprenda y acepte la reforma. Continuidad institucional para que lo acordado tenga garantizada su permanencia más allá de la alternancia partidaria, necesaria en todo sistema democrático.

Hace ya tiempo que proponemos, y hasta decidimos, medidas educativas que luego no se implementan. Y eso ocurre porque los gremios no están comprometidos con ellas. Necesariamente tienen que ser parte de la solución.

Para eso hay que hacer un cambio sustancial: incluir a los gremios comprometidamente en los debates en el seno del Consejo Federal, en los del Senado y Diputados, y en las distintas instancias de los poderes ejecutivos donde se toman medidas.

Hoy en muchos casos esto se hace, y se ha hecho en el pasado, pero para temas poco sustantivos, que no implican reformas de fondo, o que se sabía de antemano que no iban a implementarse.

Claro que ese diálogo social va a requerir de más tiempo. Claro que las reformas pueden no ser todo lo drásticas o profundas que esperamos. Pero dejarán de ser sólo papel escrito para ser puestas en práctica, en un proceso sostenido. Será un primer paso, con una relación Estado – gremios virtuosa. Luego, con ese terreno ya transitado, se podrá avanzar hacia los cambios óptimos esperados. Pero comencemos ya.