Biden congela los bienes de militares cubanos
La medida está dirigida contra el ministro de Defensa, López Miera, y la unidad de élite “Boinas Negras”. Incluye el congelamiento de bienes de todos los militares.
El presidente de EE.UU., Joe Biden, anunció sanciones para el ministro de las Fuerzas Armadas cubanas, Alvaro López-Miera, y para una unidad militar de élite conocida como los “Boinas Negras”. La medida se debe a la participación que tuvieron esos militares en la represión contra las manifestaciones de protesta en la isla. Les bloquearan cuentas y bienes. La decisión indica que EE.UU. le pondrá presión política al régimen cubano.
Estados Unidos lanzó ayer nuevas sanciones contra Cuba por la represión de las recientes protestas populares en la isla, a las que llamó “prodemocracia”. En este caso son de índole financiero y se aplican contra el ministro de Defensa cubano, Alvaro López Miera, y la Brigada Especial Nacional, conocida popularmente como “los Boinas Negras”.
“Esto es solo el comienzo. Estados Unidos seguirá sancionando a los responsables de la opresión del pueblo cubano”, advirtió el presidente Joe Biden, al condenar “inequívocamente” las “detenciones masivas y la farsa de juicios” contra los manifestantes. “Estados Unidos apoya a los valientes cubanos que han salido a las calles para oponerse a 62 años de represión bajo un régimen comunista”, afirmó el mandatario norteamericano.
Las sanciones, que son aplicadas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro, bloquean cualquier activo que López-Miera o los integrantes de los “Boinas Negras puedan tener bajo jurisdicción estadounidense, y prohíbe a las personas en EE.UU. negociar con ellos. A ambos los considera responsables de la represión contra los manifestantes.
La medida se impone sobre la base de la ley global Magnitsky, una legislación estadounidense que permite a Washington congelar activos financieros y prohibir los viajes a aquellos que violen los derechos humanos en cualquier país del mundo.
Biden prometió trabajar internacionalmente, incluido con la Organización de los Estados Americanos (OEA), para “presionar al régimen para que libere de inmediato a los presos políticos detenidos injustamente, restablezca el acceso a internet y permita que los cubanos disfruten de sus derechos fundamentales”.
El 11 de julio, miles salieron a las calles en ciudades y municipios de toda Cuba al grito de “¡Tenemos hambre!”, “¡Libertad” y “¡Abajo la dictadura!”, en medio de la peor crisis económica de la isla en décadas y el mayor incremento de los contagios y muertes por Covid-19 desde el inicio de la pandemia.
Las manifestaciones fueron consideradas “pacíficas” por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la OEA que, al condenar “la represión estatal y el uso de la fuerza”, reportó al menos un muerto y 151 personas detenidas o con paradero desconocido. También describió varias agresiones por parte de la policía a miembros de la prensa.
“El pueblo cubano está protestando por los derechos fundamentales y universales que su gobierno debe garantizarle”, dijo la secretaria del Tesoro de EE.UU., Janet Yellen, al anunciar las sanciones este jueves.
Cuba respondió rápidamente. “Rechazo infundadas y calumniosas sanciones del gobierno de EE.UU. contra el GCE Álvaro López Miera y la Brigada Especial Nacional”, escribió el ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez, en su cuenta de Twitter. En la misma línea, el jefe de la diplomacia cubana sostuvo que Estados Unidos “debería aplicarse a sí mismo la Ley Global Magnitsky por los actos de represión cotidiana y brutalidad policial que costaron 1021 vidas en 2020”.
Estas nuevas sanciones muestran la decisión del gobierno de Biden de endurecer su política hacia las autoridades cubanas, a pesar de que durante la campaña electoral prometió volver al deshielo promovido por el expresidente Barack Obama.
Pese a ello, la Casa Blanca sigue evaluando adoptar algunas decisiones para mejorar las condiciones de la población cubana, como volver a autorizar el envío de remesas a Cuba, prohibido desde noviembre pasado. Pero antes quiere garantizar que el dinero “llegue directamente a las manos del pueblo cubano”, explicó un funcionario estadounidense.
Otra de las medidas que el Gobierno de Biden estudia es el traslado de mayor número de personal a la Embajada estadounidense en La Habana con el objetivo de “facilitar la participación diplomática, consular y de la sociedad civil”.
Biden también ordenó trabajar con el sector privado y el Congreso para hacer “más accesible” Internet en Cuba, tras el apagón del acceso en los móviles después de las protestas.