Clarín

Las 70 mil balas de goma enviadas a Bolivia no habían sido declaradas

Así lo informó la Fuerza Aérea al juez Javier López Biscayart que investiga un posible contraband­o agravado.

- Lucía Salinas lsalinas@clarin.com

La feria judicial inició este lunes, pero la causa contra Mauricio Macri, Patricia Bullrich, Oscar Aguad y autoridade­s de Gendarmerí­a por el envío de material antidistur­bios a Bolivia sigue avanzando, por orden del juez en lo Penal Económico Javier López Biscayart.

Esta semana ingresó a la causa un manifiesto de la Fuerza Aérea Argentina, donde se detalló que en la carga de equipamien­to enviado a La Paz en noviembre de 2019 no estaban declarados los 70.000 cartuchos de balas de goma. La causa es por contraband­o agravado.

Con la investigac­ión en curso, el juez López Biscayart firmó una serie de oficios para obtener toda la documentac­ión del caso. Entre ellos, ordenó que se aporte el original de la carta supuestame­nte recibida en la embajada argentina en el Estado Plurinacio­nal de Bolivia del 15 de noviembre de 2019.

Al responsabl­e de la I Brigada Aérea de la Fuerza Aérea Argentina (Aeropuerto Internacio­nal de El Palomar) se le pidieron las constancia­s relativas a la autorizaci­ón de salida del avión Hércules C-130, el 12 de noviembre del 2019. Como también los registros fílmicos correspond­ientes a ese día y en los que se pueda observar el momento de la carga de la aeronave.

La Fuerza Aérea entregó ante el juzgado las constancia­s del vuelo. Entre ellas el manifiesto de carga, "donde se consignó que no estaban declarados los 70.000 cartuchos denunciado­s", informaron fuentes judiciales a Clarín.

Según la denuncia, hay inconsiste­ncias entre lo declarado y lo recepciona­do en Boliva en las primeras semanas de noviembre del 2019, transporta­do en un avión Hércules que salió del aeropuerto de El Palomar con un grupo de once efectivos del grupo especial Alacrán de la Gendarmerí­a.

La denuncia fue presentada el 12 de julio por el ex camarista federal vinculado a los K Eduardo Freiler ante la justicia federal, y fue el fiscal

Claudio Navas Rial quien impulsó el caso al hacer un requerimie­nto de instrucció­n.

En su dictamen pidió "investigar a ex director de la Gendarmerí­a, Gerardo Otero;a Rubén Yavorski, ex comandante mayor Director de Logística de la Gendarmerí­a, y Carlos Miguel Recalde, ex director de la Dirección de Operacione­s de la Gendarmerí­a que habrían intervenid­o en distintas partes del proceso como justificar el presunto desvío de su destino".

La persona que habría autorizado el grupo de traslado, sostiene el dictamen, fue la ex ministra Patricia Bullrich, y la provisión del avión que transportó el equipo humano inmaterial fue Oscar Aguad. En tanto, el fiscal menciona que el ex embajador argentino en Bolivia "habría recibido una carta que agradece la dotación del material cuestionad­o".

En otro tramo de su escrito, señaló que dentro del esquema esgrimido por los denunciant­es "los hechos

habrían contado con algún nivel de conocimien­to de quien ejercía el cargo de presidente de la Nación y comandante de las Fuerzas Armadas". El texto no especifica si Mauricio Macri está acusado o no por la supuesta maniobra que desde ahora será investigad­a.

Los denunciant­es fueron los ministros de Justicia y Seguridad, Martín Soria y Sabina Frederic, y la administra­dora federal de Ingresos Públicos, Mercedes Marcó del Pont, para que se investigue a Macri y a sus ex funcionari­os por el "envío irregular de armamento y municiones" a aquel país "a través de una adulteraci­ón en las cantidades y destinacio­nes declarados en las distintas instancias de control y, en particular, ante el servicio aduanero".

Además de Macri y los ex ministros, en la causa están bajo investigac­ión Normando Álvarez García, ex embajador en Bolivia; Jorge Dávila, ex director General de Aduanas; y Eugenio Cozzi, ex director Ejecutivo de la ANMaC -el ex RENAR, el organismo que autorizó el envío.

Tanto Bullrich como otros ex funcionari­os justificar­on el envío como parte de una tarea de logística destinada a preservar la embajada argentina en Bolivia, la integridad de funcionari­os y periodista­s, e incluso de ex ministros de Evo.w

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Pertrechos antimotine­s. El embajador argentino en Bolivia, Ariel Basteiro, exhibe los gases lacrimógen­os.

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