En noviembre, la pelea será por los dos millones de desencantados
Un tercio del padrón no votó en las PASO. El Gobierno y la oposición buscan convocar a los ausentes, y eso será clave para el resultado de la elección.
El sistema electoral argentino impide conocer por qué candidato votó una persona, pero, en contraste, brinda mucha información sobre aquellos ciudadanos que deciden no votar. Por eso mismo, aunque suene como una paradoja, en la elección con menor participación de la historia, las PASO del domingo 12, los jefes de las campañas de los partidos políticos consiguieron un caudal de datos único y en un volumen desconocido hasta ahora: las señas personales de las 11.619.870 personas que ese día se quedaron en sus casas.
Si hicieron los deberes, cada fiscal de las más de 101.500 mesas en todo el país se llevó la copia del padrón de la mesa que le tocó controlar. Es cierto que sólo dos coaliciones tienen la capacidad necesaria para fiscalizar en todas las mesas de las 24 provincias el Frente de Todos y Juntos por el Cambio- y que incluso esos dos espacios tienen agujeros en sus redes de control del comicio, pero, aún así, esas planillas circulan en todas las provincias.
En el padrón que tienen los fiscales figura quién votó y quién no, el DNI, el año de nacimiento y la dirección de cada ciudadano. Los fiscales más entrenados, incluso, le agregan a mano información a esas listas, como, por ejemplo, el horario de votación de cada persona, para informarle a los punteros encargados de la movilización electoral de qué modo varía el flujo de la participación a lo largo del comicio y disponer así cambios en la estrategia en tiempo real.
Hasta el 14 de noviembre, cuando se haga la elección general, los comandos de campaña se concentrarán en la porción de los padrones que no tiene el tilde que marca el voto, porque allí es donde se definirá si Juntos por el Cambio mantiene su ventaja o si el Frente de Todos consigue revertir el resultado o, al menos, acortar la ventaja que le sacó la oposición en las PASO.
Castigados por el descrédito que arrastran desde hace décadas, los partidos políticos no están en condiciones hoy de pelearse por seducir a 11 millones de votantes. La cuenta es más chica por varios motivos.
En principio, porque nadie cree que, luego de una elección en la que participó el 66,21 % del padrón, la asistencia llegue al 100% en dos meses y que más de 34 millones de argentinos se movilicen. Eso es imposible.
Un cálculo optimista que manejan tanto en el oficialismo como en la oposición indica que, si se toman en cuenta las elecciones de los últimos años, la mejora en la participación podría llegar a unos 10 puntos porcentuales, con lo cual el universo de personas que se agregaría a la votación puede superar por poco los dos millones. Esa cantidad también es inmanejable para la política tal como está hoy, así que la población objetivo se reducirá aún más.
Horacio Rodríguez Larreta, que está encima de las elecciones de la Provincia de Buenos Aires y de la Capital Federal, mandó a que sus equipos se dediquen a buscar y convencer de que participen en la elección a los adultos mayores de los municipios y barrios en los que Juntos por el Cambio consiguió buenos resultados en las PASO. El centro de ese plan, entonces, estará en la Primera Sección de la provincia de Buenos Aires -los partidos del norte del conurbanodonde la boleta de Diego Santilli cosechó el mejor resultado.
Esa idea se basa en dos hipótesis: una sostiene, en base a las encuestas, que las personas de más edad tienden a votar a Juntos por el Cambio, y la otra indica que en una zona determinada quienes no votaron tienden a reproducir las opciones de sus vecinos que sí concurrieron a votar. “Siempre tenemos más posibilidades de encontrar votantes nuestros en los lugares en que ya sabemos que hay votantes nuestros”, explica uno de los organizadores de la campaña opositora a Clarín.
Si bien sus socios radicales tienen décadas punteando padrones los días de la elección, el PRO desarrolló mecanismos muy eficientes para cruzar información, e incluso llegó, en alguna elección, a trabajar escuela por escuela con mensajes y estrategias sectorizadas, para conseguir mejorar los resultados.
Ahora, el problema de Juntos por el Cambio no estará en los municipios que gobiernan sus intendentes, en donde tienen la estructura necesaria para implementar el trabajo fino -y costoso- de ir a buscar votantes reacios, sino en los partidos que controla el peronismo.
Allí tendrán que buscar acuerdos con los intendentes del Frente de Todos que quieran protegerse de la marea repartiendo boletas cortadas,
una estrategia que suele desplegarse cuando los candidatos a cargos provinciales y nacionales “tiran para abajo” a las ofertas municipales.
Juntos por el Cambio tendrá un problema adicional. Algunos de los observadores más atentos de ese espacio detectaron que, esta vez, la caída en la participación no se verificó sólo entre sectores sociales -como las personas de mayor edad- que solían dejar pasar las PASO y votaban sólo en las generales. Eso fue algo que ocurrió en las tres elecciones anteriores y que siempre benefició a Juntos por el Cambio, que sumó muchos más votos entre las primarias y las votaciones definitivas. Ahora eso cambió.
“Esta vez, la baja participación afectó más a los municipios y barrios que habitualmente votan al peronismo.
Hubo muchísimos kirchneristas que están tan enojados con el Gobierno que ni siquiera se molestaron en ir a votar, eso antes había pasado”, explicó un dirigente que trabaja en la campaña de Santilli. Eso indica que el Frente de Todos también tiene ahora posibilidades de crecer entre quienes no votaron.
En este caso, el gran problema es la desorganización que caracterizó la campaña del oficialismo. Sólo algunos intendentes peronistas de municipios de tamaño medio y con la gestión ordenada tienen a mano las herramientas para esa faena.
Para decirlo de otro modo, por más que manejan los resortes del Gobierno nacional y de la enorme mayoría de las provincias y municipios del país, en el Frente de Todos no están en condiciones de centralizar y cruzar las planillas de las mesas de votación
con, por ejemplo, las listas de beneficiarios de prestaciones sociales.
No hay manera de hacerlo porque, si bien el oficialismo tiene las bases de datos de quienes reciben ayuda
estatal, no existe un registro informático centralizado de todas las personas que no fueron a votar: esos datos solo están en los padrones de papel de cada mesa electoral y hoy nadie tiene las listas completas de los ausentes. A quienes gustan de prestar atención a las fantasías conspirativas -y en la política esos actores abundan- hay que decirles que una cosa son las posibilidades que ofrece la informática y otra muy diferente es la eficiencia del aparato estatal argentino.
Igual que Juntos por el Cambio, el peronismo está pensando en ese problema. La semana pasada, en una reunión que mantuvo Axel Kicillof en La Plata con los intendentes peronistas del sur y el oeste del conurbano bonaerense, donde se verifica la mayor concentración de votantes kirchneristas del país, el gobernador les pidió que trabajen para mejorar cinco puntos la cosecha de votos en cada uno de los municipios que conducen. Con ese resultado en esa zona -la Tercera Sección electoral- el Frente de Todos cree que podrá compensar la derrota que espera en el resto de la provincia.
Para cimentar esa aspiración, en el oficialismo citan un estudio que encargaron a una consultora que suele trabajar para el Gobierno. Ese trabajo calculó que, entre las PASO 2019 y las de este año, el Frente de Todos dejó por el camino unas 900.000 personas que no fueron a votar ahora. La consultora también estimó que en el caso de Juntos por el Cambio esa cuenta llega a 200.000.
Mover a la red de punteros no es gratis. En principio, los intendentes tendrán que repartir, como hacen siempre, las boletas casa por casa. Eso, por supuesto, no garantiza que la persona ponga en la urna la lista que recibió, y tampoco que se presente el día de la votación. Para eso, cada municipio contrata remises y autos particulares que se encargan de llevar a los fiscales propios a las escuelas y clubes y también -ahora, más que nunca- a la gente a votar.
El domingo 12, en uno de los municipios del sur del conurbano, un intendente pagó entre 3.000 y 5.000 pesos por auto para poder tener disponible una flota durante todo el día.
La tarifa más barata era la que correspondía a los barrios más pobres y la más alta en las zonas céntricas. Los precios varían también por municipio y, sobre todo, por la necesidad que tenga cada puntero de incrementar el caudal de votos en su zona. Son las reglas del mercado. ■
Los fiscales partidarios se llevaron una copia del padrón con los datos de quienes no votaron.