Oil: el fiscal del juicio pedirá condenas para Cristóbal López, De Sousa y Echegaray
En su alegato final, Juan García Elorrio consideró que durante las audiencias logró probarse la maniobra.
El juicio por fraude a la administración pública contra Cristóbal López, Fabián De Sousa y Ricardo Echegaray inició la etapa de los alegatos finales. La AFIP desistió de acusar a Cristóbal López después de concederle dos planes de pagos en el marco de la moratoria fiscal de 49 y 97 cuotas. El organismo que dirige Mercedes Marcó del Pont dijo que durante la gestión de Cambiemos hubo una "persecución" contra la empresa Oil Combustibles, acusada de defraudar al Estado tras no pagar 8.000 millones de pesos al fisco. Ayer fue el turno del fiscal Juan García Elorrio quie dijo que se dieron por corroborados "los hechos para una sentencia condenatoria".
La AFIP informó hace dos semanas que ya no acusará a Cristóbal López, a Fabián de Sousa y al ex titular del fisco, Ricardo Echegaray. La desestimación firmada por Mercedes Marcó del Pont sostenía: "La matriz de los hechos acontecidos entre diciembre de 2015 y diciembre de 2019 tiene un rasgo común: la finalidad de persecución y hostigamiento a determinados objetivos políticos y económicos”.
La decisión del organismo recaudador se sustentó en "la evidencia interna (auditorías y sumarios disciplinarios) y externa (denuncias administrativas y requerimientos judiciales) que dan cuenta de graves hechos de corrupción administrativa, basados en abusos de autoridad y desvíos de poder", explica la disposición.
Con la declinación del fisco para acusar, este jueves inició el alegato del fiscal que anticipó que al concluir su exposición, pedirá que Cristóbal López, Fabián De Sousa y Ricardo Echegaray sean condenados.
La fiscalía a cargo de Juan García Elorrio, quien dijo "tener por probado con el grado de certeza para un fallo condenatorio los hechos de este proceso, planteados en el requerimiento de elevación a juicio".
La acusación con la que se dio inicio al juicio sostuvo todo lo contrario a lo que ahora dice la AFIP: que existió "una maniobra de corrupción por la cual desde la AFIP, los funcionarios encargados de administrar las rentas de la Nación, encabezados por el titular del organismo Ricardo Echegaray, defraudaron a través del ITC de modo sistemático, deliberado y permanente al Estado Nacional, en beneficio de los empresarios Cristóbal López y Fabián De Sousa, ocasionando un perjuicio a la administración pública superior a los 8 mil millones de pesos".
Al avanzar con su alegato, dijo que hay pruebas suficientes para que "se condene a los acusados", ya que entendió que hay "certeza objetiva sobre la materialidad de los hechos y la participación de los acusados".
En el caso de Echegaray, fue procesado por el juez Julián Ercolini como coautor de la maniobra. En tanto, López y De Sousa como partícipes necesarios del delito de defraudación
agravada por haber sido contra el Estado.
El alegato de la fiscalía concluirá el próximo jueves, tras concluida esta primera jornada en la que se centró en los puntos más relevantes de algunas declaraciones testimoniales, reiteró cuál era el objeto de investigación del caso y sostuvo que hay prueba suficiente para encontrar culpables a los tres imputados.
La imputación que llevó a juicio a Cristóbal López, a su socio y a Ricardo Echegaray, sostiene que hubo tres momentos claros en la maniobra: el primero de ellos en 2010, cuando se constituyó Oil Combustibles, a la que considera una “estructura societaria para el fraude”. Después, comenzó la instancia de “acumulación ilegítima de deuda" del ITC. Se sostuvo que, con el otorgamiento “irregular de planes de facilidades de pago”, López usó de forma "indebida el impuesto”para financiar y expandir al Grupo Indalo.
Durante el debate oral la cifra estuvo en discusión durante el debate oral. Cristóbal López sostiene que esa deuda no superaba los 650 millones de pesos. La imputación se centró en otra ventana de tiempo y fijó otra cifra, igual multimillonaria. Así, la Justicia determinó que los planes de facilidad de pago otorgados por la AFIP al empresario K le permitieron no pagar el impuesto para que lo “utilizaran indebidamente y en su propio beneficio”. Ese dinero, según la Justicia,
se destinó a capitalizar a las sociedades del grupo K.