Imponen multas a funcionarios del PAMI de Salta por maniobras con el IFE

Un total de 14 concejales y tres empleados municipales deberán pagar más de $700 mil y realizar 978 horas de tareas comunitarias, como resultado de las conciliaciones y acuerdos logrados en el marco de una serie de juicios abreviados por tentativa de defraudación a la administración pública por el cobro irregular del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE).

Fuentes del Ministerio Público Federal informaron hoy que el juez federal de Garantías 1 de Salta, Julio Bavio, concedió las conciliaciones acordadas en favor de 14 concejales que están imputados por tentativa de defraudación a la Administración Pública por el cobro irregular del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE).

En tanto, el Juzgado Federal de Garantías 2 homologó ayer tres acuerdos de suspensión del juicio a prueba respecto de tres empleados del municipio de Campo Quijano, por el delito de defraudación respecto al cobro indebido del IFE.

El fiscal federal Ricardo Toranzos, a cargo del Área No Penal de la Unidad Fiscal Federal Salta, presentó los acuerdos que fueron admitidos por los imputados y sus defensas, en el marco de una audiencia coordinada por la Oficina Judicial.

Mientras, el fiscal investigan si autoridades del PAMI integrantes de La Cámpora "utilizaban las estructuras oficiales para la recaudación" ilegal, después de que dos exgerentes condenados por el cobro irregular del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) señalaron que les retenían el 20% de sus salarios.

Toranzos recordó que las irregularidades investigadas giraban en torno a las incompatibilidades establecidas por el decreto nacional 310/20, de implementación del IFE, las que impedían a los concejales su percepción.

Como los hechos no llegaron a consumarse, los casos fueron formalizados el 20 de abril pasado como tentativa de defraudación.

"No obstante ello, hemos advertido desde un inicio una gran disposición de los concejales y sus defensas por resolver el conflicto", señaló el fiscal, quien sostuvo que optó por aplicar el instituto de la conciliación dado el deber de los jueces y fiscales de arribar a una resolución, sin que necesariamente la condena sea el único camino, pues ello impediría la obtención de un resarcimiento social. En los acuerdos arribados, intervinieron la secretaria del Área No Penal Virginia Wierna y las investigadoras Evangelina Navarro, Andrea Espinoza y María Laura Saravia. De esa manera, se logró que los imputados donen 705.890 pesos que serán destinados a la compra de equipamiento médico, productos de higiene y limpieza, mercadería, fórmicas para pizarrones, estufas, horno eléctrico y caloventores, entre otros objetos.

Todos serán destinados a la infraestructura de 5 hospitales y tres centros de salud, dos establecimientos educativos, tres merenderos, un centro de jubilados, una fundación de ayuda a jóvenes e incluso a un grupo de voluntarios que cuidan de animales abandonados. Se trata de instituciones de localidades del interior de la provincia de Salta. Por otra parte, los 14 concejales se comprometieron a realizar 678 horas de tareas comunitarias".