Otra condena contra Nicaragua por violar la democracia y los derechos humanos
La presentó EE.UU. junto a Francia, Reino Unido y cinco países de la región, entre ellos, Chile y Ecuador.
Estados Unidos, Francia y Reino Unido, junto a otros cinco países, alertaron ayer jueves sobre la situación de Nicaragua, país que vive una “situación extraordinaria de deterioro del Estado de Derecho, del orden constitucional y de ruptura de sus instituciones democráticas”.
En una declaración conjunta, firmada también por Canadá, Chile, Colombia, Ecuador y República Dominicana, estas naciones indicaron que la situación se evidencia en la “detención, el acoso y las restricciones arbitrarias” que afectan “considerablemente” a la participación política y el respeto y garantía de los Derechos Humanos.
Asimismo, pidieron la “liberación inmediata” y la “restitución de los derechos políticos de los dirigentes detenidos sin el debido proceso, de acuerdo a los estándares internacionales y el “cese inmediato” del “hostigamiento” a estos grupos.
En referencia a las elecciones, estos países reiteraron que las medidas adoptadas por el Ejecutivo nicaragüense “no reúnen las condiciones necesarias” para la celebración de un proceso electoral libre y justo, lo que “pone en tela de juicio la validez y la legitimidad de las elecciones de noviembre, tal y como está organizado actualmente”.
El dictador, Daniel Ortega, de 75 años y en el poder desde 2007, buscará en las elecciones de noviembre próximo una nueva reelección en comicios.
Los pocos rivales que pudieron sortear las detenciones e ilegalización de partidos no muestran chances de poder imponerse en los comicios, severamente cuestionados desde adentro y afuera del país.
El Frente Sandinista de Liberación, el partido oficialista cuya lista es encabezada por Ortega y su mujer, Rosario Murillo, sacó en las últimas elecciones el 70% de los sufragios. Los cinco partidos de la oposición que fueron autorizados a participar de los comicios venideros han sido afines a las políticas del régimen y, además, son incapaces de superar al oficialismo por la vía de la urnas. Todos juntos apenas sumaron el 25% de los votos en el último escrutinio oficial.
Durante los últimos tres meses, 36 opositores fueron detenidos en Nicaragua, incluidos siete aspirantes a la presidencia para las elecciones del 7 de noviembre, en las que Ortega -en el poder desde 2007-aspira a un cuarto mandato consecutivo. En esta ocasión se presenta a la reelección junto a su mujer, Rosario, la actual vicepresidente.
A esa treintena de arrestos se sumó el pedido de la Fiscalía para que se detenga al escritor Sergio Ramírez, acusado de actos que “incitan al odio” y de “conspirar” contra la soberanía.
Ramírez, quien reside en el exterior, fue vicepresidente en los inicios del gobierno sandinista y luego se alejó del poder por serias discrepancias con Ortega.
El mandatario nicaragüense promovió en mayo una reforma constitucional que permitió su reelección inmediata. Pero, según estos ocho países que firmaron el comunicado conjunto, esta modificación electoral “no atiende a las demandas de la oposición, la sociedad civil y la comunidad internacional al no incorporar salvaguardas para garantizar la imparcialidad de las autoridades electorales”.
En este sentido, también pidieron a la comunidad internacional impulsar la observación del proceso electoral de una forma “imparcial” para permitir la participación de todos los candidatos, los partidos políticos y los medios de comunicación que están siendo objeto de restricciones.
Por otra parte, siete ex presidentes de Costa Rica solicitaron este jueves al Congreso de su país que otorgue la ciudadanía de honor al escritor Ramírez, quien vive en el exilio, y a quien consideran una víctima de persecución por parte de la “dictadura” de Ortega que ha pedido su arresto.
La misiva, firmada por los ex presidentes costarricenses Óscar Arias, Rafael Ángel Calderón, Laura Chinchilla, José María Figueres, Abel Pacheco, Miguel Ángel Rodríguez y Luis Guillermo Solís, solicita al Congreso “que honre la lucha por la libertad y declare a Sergio Ramírez como ciudadano de honor de Costa Rica y como titular de la nacionalidad costarricense”.
“Recientemente esa dictadura la emprendió contra de uno de los escritores latinoamericanos más reconocidos, quien hoy es víctima de amenazas, acusaciones acompañadas de órdenes de captura y persecución, lo cual le imposibilitará regresar a su patria”, indica la carta de los ex mandatarios.w