La deuda del Congreso: reclaman penas más duras contra la inseguridad vial
Pedido de familiares de las víctimas. Dicen que los proyectos no avanzan y critican a los legisladores: “Pónganse a trabajar”.
apretones de manos y palmaditas en la espalda. Escuchamos que las leyes van a salir, que hay que esperar un poco más. Pero las cosas tienen que cambiar y no cambian”, dice Teresa Mellano, por teléfono desde su casa. En 2005 pintó una estrella amarilla en el lugar donde su hijo Paolo había muerto, el 21 de septiembre de 2003 tras ser atropellado en el cruce de Libertador y Corrientes, en Olivos. En ese acto, sin saberlo, impuso un ícono que recuerda, en las calles de Ciudad y Provincia de Buenos Aires, en rutas nacionales y provinciales y hasta en los caminos del pueblo más chico, la muerte de una persona en un siniestro vial. Ella jamás dirá “accidente”.
“Son 18 años desde la muerte de Paolo y hace 17 que recorro el Congreso, como Viviam Perrone y muchos familiares que pedimos condenas más duras para quien mata al volante”, dice. El hijo de Viviam, Kevin Sedano, también murió atropellado en Olivos, a pocas cuadras de dónde asesinaron a Paolo. “Golpeamos las puertas de los despachos, nos reunimos, presentamos proyectos, hablamos. El diálogo es bueno, pero también hay que activar. Congresales, pónganse a trabajar porque pareciera que nos toman el pelo”, señala Mellano.
En año electoral, los legisladores están en campaña, algunos de manera directa porque buscan renovar sus bancas, y el Congreso entra en un letargo. A Teresa no sólo le molesta que las reuniones y los debates mermen. También reconoce algo más grave: “En las campañas jamás se habla de seguridad vial. No está en la agenda, con lo importante que es, con la cantidad de personas que mueren en el tránsito. Un incidente vial significa la muerte de una persona y secuelas en muchas otras que siguen con una salud mental más declinante”. En Argentina, los siniestros viales son la primera causa de muerte y de secuelas graves en niños y jóvenes.
La última modificación de los delitos viales entró en vigencia en 2017. A través de la ley 27.347 se subió la condena (de 2 a 5 años a entre 3 y 6 años de cárcel) para quien por imprudencia, negligencia o impericia mate al volante e incurra en alguno de estos agravantes: fugarse, no asistir a la víctima, manejar drogado y/o borracho -con más de 0,50 miligramos de alcohol en sangre, en el caso de los conductores profesionales, y con más de un gramo, en el resto-, ir a 30 kilómetros por hora por encima de la velocidad permitida, cruzar el semáforo en rojo y avanzar en contramano, entre otras circunstancias que incrementan la responsabilidad penal.
El endurecimiento de las sanciones había sido pedido por Madres del Dolor, la Red Nacional de Familiares de Víctimas de Tránsito y organizaciones afines. Insistieron durante doce años para que los diputados y los senadores votaran el cambio en el Código Penal. Finalmente, los legisladores lo aprobaron a fines de 2016, cuando el proyecto estaba por perder estado parlamentario. Hoy, ningún familiar quiere que eso se repita.
“Siempre hay una excusa para no tratar los proyectos”, se queja Viviam Perrone. El 1 de mayo de 2002, Eduardo Sukiassian atropelló a Kevin, el hijo de Viviam, y se escapó. El conductor fue condenado a tres años de cárcel, pero al segundo mes le dieron el beneficio de la prisión domiciliaria.
Cómo presidenta de Madres del Dolor, en febrero de 2020, Perrone presentó un proyecto de ley que pide un capítulo independiente dentro del Código Penal dedicado a delitos viales, una pena mínima de tres años y medio (hoy son tres) y una máxima de doce en lugar de los actuales seis para quien cometa algunos de los agravantes del homicidio culposo, tolerancia cero de alcohol para quien maneja y la incorporación como agravantes del uso del celular y no tener licencia o tenerla vencida.
“Desde hace casi dos años insistimos en que traten el proyecto, que nos digan si es una porquería, si está bien o hay que modificar algún artícul. En nuestra propuesta, lo más importante
El diputado nacional Ramiro Gutiérrez propone crear la figura de “homicidio vehicular”
es subir las penas en el homicidio culposo e implementar el alcohol cero en todo el país. Hay otros proyectos en discusión, pero no se habla de las penas. Es importante fijar el mínimo del homicidio culposo en tres años y medio para que la condena a prisión sea de cumplimiento efectivo”, explica Perrone.
Por momentos, Viviam siente que los legisladores no dimensionan el problema: “Está el pensamiento de que todo se soluciona con educación, que es importante, pero tampoco todo. Tiene que haber educación junto a controles, campañas -no hay ni una - y consecuencias”. En sus quejas hacia el Congreso, Viviam exceptúa a cuatro legisladores que mostraron interés o presentaron proyectos sobre el tema: Luis Petri, diputado nacional por Mendoza (UCR); María Luján Rey, diputada nacional por Buenos Aires (Juntos por el Cambio); Facundo Moyano (que renunció a su banca y había impulsado el tratamiento de una ley de alcohol cero) y Ramiro Gutiérrez, diputado nacional por Buenos Aires (Frente de Todos).
“Pero Carolina Gaillard, la presidente de la Comisión de Legislación Penal, y José Cano, el presidente de la Comisión de Transporte, no están yendo al Congreso, mientras los proyectos duermen en los cajones”.
En septiembre de 2020, el diputado Ramiro Gutiérrez presentó un proyecto de ley para modificar el Código Penal y crear la figura de “homicidio vehicular”. La iniciativa fue impulsada por el Ministerio de Transporte de la Nación, a través de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV), y persigue que quien mate mientras corre una picada reciba el mismo castigo que quien comete un homicidio simple, de 8 a 25 años de cárcel.
“La ley está pensada para casos extremos, aberrantes, como una picada ilegal que termina con la vida de alguien, como ocurrió con Tahiel Contreras -de 6 años, murió atropellado por dos conductores que corrían picadas en Laferrere-”, dice Pablo Martínez Carignano, director ejecutivo de la ANSV.w