Deliberación ciudadana y decisión democrática
Doctor en Derecho. Profesor Derecho Político-USAL) / Doctor en Sociología; Director de Posgrados, Facultad de Cs. Sociales-USAL.
En tiempos electorales y frente al creciente escepticismo ciudadano hacia los gobernantes, se vuelve necesario (re)pensar la política democrática más allá de lógica representativa electoral. Ya no alcanza con elegir a uno u otro candidato periódicamente, ni manifestarse en las calles circunstancialmente, o esperanzarse por los acuerdos “entre cúpulas”.
En estos tiempos, el divorcio creciente entre los intereses políticos partidarios y los problemas estructurarles de la comunidad nos invita a pensar los modos de encauzar democrática (e institucionalmente) la frustración que muchos ciudadanos tienen con la política tradicional.
Un camino a explorar sería el que favorezca que temas complejos y relevantes para la vida en común sean abordados desde la deliberación, la inclusión y la decisión democráticas. Deliberación que se estructure en torno de procesos de escucha y argumentación extendidos en el tiempo, sobre asuntos relevantes, sin las urgencias ni maniqueísmos a los que nos someten los procesos electorales.
Inclusión, porque la voz de la ciudadanía debe oírse junto con la de los representantes institucionales, pues la democracia sin representación es imposible, pero solo con ella es hoy insuficiente. De decisión democrática, en tanto se vincula con procedimientos efectivos e institucionales de decisión colectiva no electoral, como plebiscitos y referéndums.
Nuestra propuesta implica articular institucionalmente la dimensión abierta y extendida de la deliberación con la dimensión concreta y efectiva de la decisión democrática.
Debemos diseñar instancias de apelación efectiva a la comunidad mediante procedimientos de democracia directa, en donde todos los ciudadanos sean convocados a expresar su voluntad.
De esta manera, estaríamos todos en pie de igualdad y evitaríamos el habitual peligro de que muchos hablen (en nombre del pueblo) pero pocos decidan. Las cuestiones relevantes, de rasgos globales y efectos locales, que condicionarán estructuralmente nuestras vidas por años, como el pago de la deuda y las regulaciones para frenar el cambio climático, pueden y deben ser discutidas y decididas por todos los miembros de la comunidad.
Debemos salir de la lógica de la exclusión, que nos obliga a elegir entre élites (políticas, empresarias), o entre esas élites y el siempre difuso “pueblo”.
Ni la política estatal es el agente transformador de la sociedad per se, (como reza cierto entusiasmo militante) ni la sociedad se transforma a sí misma en forma autónoma (como cree un apresurado discurso libertario).
Es incluyendo a representantes y ciudadanos de a pie en concretos y extendidos procesos de deliberación y decisión que podremos argumentar más y mejor, al tiempo que dotaremos de una más amplia legitimidad a las decisiones que tomamos sobre cuestiones que nos afectan profundamente. Ningún proceso humano es infalible, podemos equivocarnos, pero también corregirnos escuchando y aprendiendo colectivamente de decisiones pasadas y conocimientos nuevos.
Estas propuestas no requieren cambiar la Constitución, sino cumplirla, activando instituciones como la iniciativa y la consulta popular. Con la Constitución vigente se pueden regular procedimientos que hagan de la deliberación inclusiva de representantes y ciudadanos una manera efectiva de decidir asuntos importantes, sin quedar atrapados en las dinámicas de conflictividad permanente que se promueven desde algunos ámbitos políticos. Vale la pena intentarlo.