Puigdemont fue liberado mientras Italia decide si lo extradita a España
Lo decidió una jueza un día después de haber sido detenido en Cerdeña. Pero no le prohibió dejar la isla.
El ex presidente catalán Carles Puigdemont, detenido en la isla italiana de Cerdeña el jueves por la noche por pedido de la Justicia española, fue liberado este viernes, a las seis de la tarde. Falta resolver si Italia lo extraditará o no a España, según esté o no vigente la euro-orden española que pretende, desde hace cuatro años, enjuiciarlo y condenarlo por declarar la independencia de Cataluña en 2017.
Su liberación la resolvió la jueza italiana de la Corte de Apelación de Sassari, Plinia Azzena. La magistrada considera que la detención de quien fue el presidente 130 de la Generalitat y huyó de España, no fue ilegal. Tampoco estableció medidas cautelares de protección para Puigdemont, que lleva 1.425 días prófugo de la Justicia española. E incluso podrá abandonar la isla.
“Nos vemos en un rato. Gracias a todos”, fue el mensaje que el ex presidente envi, apenas supo que sería liberado, a los independentistas que se movilizaron para protestar por su detención. “España no pierde nunca la oportunidad de hacer el ridículo”, fueron sus primeras palabras.
“Carles Puigdemont tiene que comparecer y someterse a la justicia”, dijo el presidente Pedro Sánchez que ve tambalearse su mesa de diálogo con los independentistas catalanes de la que depende, de algún modo, su gobernabilidad.
En Barcelona, este viernes por la mañana, unas 400 personas se reunieron frente al consulado italiano, con banderas esteladas -que representan al soberanismo-, y al grito de
“Puigdemont, nuestro presidente”.
El ex presidente había viajadopara participar en varios eventos, entre los que figuraba un encuentro con alcaldes sardos independentistas. En diciembre de 2019 el Parlamento europeo lo reconoció como eurodiputado, lo cual le concedió inmunidad diplomática que en marzo de este año
le retiró por pedido de España.
“En el contexto del espacio jurídico europeo, basta con que haya una orden por parte de una autoridad competente de un país solicitando a otro la colaboración para que un determinado imputado pueda ser juzgado en un país distinto de donde vive, para que se ejecute”, explica a Clarín Borja Mapelli Caffarena, director del Instituto de Criminología de la Universidad de Sevilla.
Eso es una euro-orden. Pablo Llarena, el juez que instruyó la causa por el referéndum de autodeterminación ilegal del 1 de octubre de 2017 y la posterior declaración unilateral de independencia por el que fueron condenados e indultados 12 líderes soberanistas catalanes, libró una contra Puigdemont en 2019.
Según el Tribunal General de la UE, España había suspendido la euro-orden y no eran necesarias medidas cautelares de protección para el eurodiputado Puigdemont. Pero la medida estaba “en suspenso”. “La euroorden no es ejecutable. Es decir, la orden sigue estando en el sistema de alertas pero como tal no se puede ejecutar por parte de la autoridad judicial”, asegura Gonzalo Boye, abogado de Puigdemont.
“Para el mundo del derecho sería inexplicable que no se llegara a producir el traslado a España y si no es así, será la política la que tendrá que dar explicaciones de por qué no se ha llevado a efecto la solicitud hecha por los tribunales de justicia española”, dice Caffarena, que es además catedrático de Derecho Penal.
“Este caso está muy contaminado por razones políticas. Probablemente Italia ha tomado la decisión de detenerlo para mandarle un mensaje al señor Puigdemont, para que no se meta en cuestiones independentistas en Italia”, señala el jurista.
Antes de informarle que iba a quedar en libertad, la jueza sarda fijó una próxima audiencia para el 4 de octubre. “Salió el sol”, fue la metáfora a la que apeló el abogado defensor de Puigdemont en un tuit.