La Justicia brasileña falla que prescribió la causa que llevó a la cárcel a Lula
Había sido condenado por corrupción pasiva y estuvo 580 días preso. El año pasado la Corte decidió liberarlo.
Un tribunal de Brasilia archivó este viernes definitivamente una causa penal por presunta corrupción contra el expresidente socialdemócrata Luiz Inácio Lula da Silva, por la que llegó a pasar 580 días en prisión, tras reconocer la prescripción del caso.
La jueza Pollyanna Alves aceptó así una demanda del Ministerio Público, presentada en diciembre pasado, la cual argumentaba que el asunto se remontaba a 2011 y subrayaba que el plazo de prescripción era de 16 años, aunque en el caso de Lula, por tener 76 años de edad, se reducía a la mitad, de acuerdo con las leyes en vigor.
Las acusaciones se referían a un apartamento en una playa en la localidad de Guarujá, en el estado de San Pablo, que supuestamente Lula habría recibido a cambio de favorecer a la constructora OAS en contratos con la petrolera estatal Petrobras.
El caso formaba parte de la mega investigación del Lava Jato, que centralizó la atención brasileña y del mundo. Se trató de una estructura de corrupción consistente en el reparto de la obra pública entre un grupo de empresas privadas que sobrefacturaban los contratos y con ese dinero aseguraban sobornos.
El entonces juez Sergio Moro llevó adelante la investigación que llevó a Lula a prisión. El arresto quitó al ex presidente socialdemócrata de la carrera electoral lo que facilitó la victoria del actual mandatario de ultraderecha Jair Bolsonaro. Posteriormente Moro asumió como ministro de Justicia del nuevo gobierno y se multiplicaron los informes sobre manipulaciones de los fiscales para forzar la prisión.
Moro ahora aspira a ser candidato a la presidencia en las elecciones del próximo octubre para las cuales Lula aparece favorito según las encuestas. Va primero detrás de Bolsonaro. El ex magistrado se encuentra en un lejano tercer lugar.
El ex mandatario llegó a cumplir un año y siete meses en prisión. Los procesos fueron anulados el año pasado por la Corte Suprema, que identificó un conflicto de competencias y ordenó que las causas a su cargo en las que Lula había sido condenado fueran retomadas en tribunales de Brasilia.
Esa decisión afectó a otros dos procesos, uno en relación a una casa de campo en la localidad paulistana de Atibaia, y otro sobre el Instituto Lula, fundado por el exmandatario, y que también ya han sido archivados por la Justicia federal de Brasilia.
Según el abogado Cristiano Zanin, que representa a Lula, la decisión adoptada este viernes “refuerza” la tesis de que “algunos miembros del sistema de Justicia persiguieron” al expresidente e “hicieron un uso político y perverso de las leyes”.
Lula, quien en campaña se autodefine como de izquierda, gobernó en dos periodos con políticas de orientación económica ortodoxa y un alineamiento fuerte con el entonces gobierno norteamericano del demócrata Barack Obama y con el Fondo Monetario Internacional.
Su plan económico permitió un crecimiento sostenido de la clase media y una expansión del PBI nacional a niveles sin precedentes. En ese periodo se produjo el escándalo de corrupción que involucró también a la estatal Petrobras. Lula, y su sucesora en el tercer gobierno del PT, Dilma Rousseff negaron la existencia de ese sistema de sobornos, pero las pruebas fueron múltiples por la confesión de los implicados.
La anulación de los procesos decidida el año pasado por la Corte Suprema le devolvió a Lula sus derechos políticos y abrió la puerta a su nueva candidatura presidencial El ex mandatario aun n o ha la confirmado pero trascendió que se presentará en una fórmula que completará el dirigente derechista, Geraldo Alckmin, un antiguo rival político. ■