Rosario violenta: ya se gatilla un arma cada tres horas en la ciudad
En 2021 se denunciaron 1.500 ataques a edificios públicos y privados. La mayoría son ordenados desde las cárceles.
El joven, de gorra azul y remera blanca, gira con su moto en una calle del barrio Belgrano, en la zona oeste de Rosario. Se detiene frente a una casa, saca un arma de su bolsillo y dispara ocho veces contra la fachada. No parece importarle demasiado el alcance de las balas.
La impunidad es absoluta. No se oculta en la oscuridad de la noche: son las 18.12, de acuerdo a los registros fílmicos. Es el 29 de octubre y el muchacho tampoco cubre su rostro con un casco. Ataca y huye después de cumplir con el objetivo.
Es apenas un ejemplo de la labor extendida de los “tira tiros” y de una modalidad que se instaló en la ciudad como parte de la disputa entre bandas, para lograr ocupar viviendas o para extorsionar a comerciantes a cambio de no atentar contra ellos o sus locales.
De acuerdo a un relevamiento de la Unidad de Balaceras del Ministerio Público de la Acusación (MPA), al que tuvo acceso Clarín, durante 2021 se abrieron 1.500 investigaciones por atentados de ese tipo.
El número podría ampliarse, pero son cientos los casos que no llegan a materializarse en una denuncia porque la víctima calla o porque no se pueden recolectar pruebas.
Ese universo, amplio, recurrente, feroz, no incluyen aquellas balaceras en las que hubo heridos o asesinados, que forman parte de otra estadística.
Eso marca que, además de esas 1.500 investigaciones en curso, existieron otros 859 ataques en los que alguien fue alcanzado por una bala, pero no murió, y otros 206 en la que se cometió un homicidio disparando a la víctima.
En el Gran Rosario, el 85,5% de los 241 crímenes registrados en 2021 –el tercer número más alto de la última década– se cometió con un arma de fuego. Sólo con esas cifras, que son las formales y reflejan una porción de lo que sucede y es posible materializar en una investigación judicial, puede decirse que alguien gatilla un arma en la ciudad cada tres horas.
El fenómeno de los ataques contra viviendas, comercios, sindicatos, colegios o clubes creció de tal forma que obligó, a fines de 2020, a crear una unidad especial de fiscales que dirige Valeria Haurigot e integran, además, Pablo Socca y Federico Rébora.
A mediados del año pasado, le sumaron a ese grupo la tarea de investigar extorsiones, generalmente el delito previo a las balaceras.
Esa clase de atentados está más vigente que nunca entre los grupos delictivos que, además de utilizarlo para dirimir sus disputas, encontraron en la extorsión materializada con armas de fuego un negocio rentable y mucho más sencillo de desarrollar que el del comercio de drogas.
En la audiencia que se realizó la semana pasada contra Uriel Luciano “Lucho” Cantero, hijo de Claudio “Pájaro” Cantero –el asesinado líder de la banda narco “Los Monos”– y señalado como uno de los actores de la nueva camada delictiva en Rosario, se ventiló cómo su banda utilizaba la modalidad del apriete y las balas.
A un comerciante de la zona sur le exigieron 30 mil dólares para no atacarlo. “Vas a tener que abonar, como tu socio. No la batas, si no hay plomo para tu casa de Avenida del Rosario, la tienda de tu novia y para el bar y la parrilla. La mafia”, detalla el mensaje que le enviaron el 21 de diciembre.
El hombre no pagó y la organización no tuvo paciencia. Dos días después balearon su casa, donde vive junto a su familia. Los mensajes exigiéndole dinero continuaron, pero en este caso no lograron que pague.
En la Justicia creen que son muchos los comerciantes que adoptan una postura diferente: entregan el dinero exigido y callan. Creen que de esa manera podrán seguir con su actividad sin problemas.
Los atentados alcanzan, también, a objetivos sensibles, del propio Estado. La semana pasada atacaron una oficina del Servicio Penitenciario. Tres días antes dejaron un cartel en el lugar que advertía: “Si siguen verdugueando a la familia de los (presos de) alto perfil, la próxima vamos contra las familias de los empleados del Servicio. El que avisa no traiciona”.
La presencia de Gendarmería –en octubre desembarcaron 575 agentes y se espera que en marzo lleguen 1.000 más– no modificó el escenario. Aun cuando en diciembre hubo una merma en la cantidad de homicidios –17, a diferencia de los 25 de noviembre, para los fiscales no es una merma que marque una tendencia a la baja.
En la Unidad de Balaceras ven, por el momento, que la presencia de fuerzas federales colabora contra delitos como el hurto o el secuestro de armas, elemento que sí es valorado porque colabora con algunas investigaciones por balaceras .
En la mayoría de los casos, los ataques con armas de fuego son ordenados desde la cárcel. Es un circuito que, más allá de las investigaciones, las detenciones y las condenas, lleva a los fiscales a advertir que la operatoria nunca se logra cortar.
Reclaman, por ello, mayor control de parte del Servicio Penitenciario, en el que observan un poco de negligencia y otro poco de complicidad.
El año pasado se secuestraron más de tres mil celulares en las cárceles. Los líderes de bandas son apresados, pero la comunicación con el exterior es permanente y eso permite que sigan manejando los negocios ilícitos.
El caso más paradigmático es el de Ariel “Guille” Cantero, que suma más condenas por delitos cometidos desde una celda que cuando estaba libre. El fiscal Socca dijo estar “harto” de investigar a personajes como “Guille”.
“No hay que investigarlo más. Tiene condenas por 84 años. ¿Qué estamos haciendo? Estamos gastando plata en policías, en fiscales, en jueces, en operativos. Para qué, si lo único que hay que hacer es impedir que tenga un teléfono”, exigió en octubre del año pasado.
Los nombres de líderes de bandas o grupos que desarrollan delitos desde la cárcel, y que fueron detectados detrás de las balaceras investigadas el año pasado incluyen, por ejemplo, a Alejandro “Chucky Monedita” Núñez, a Brandon Bay o a Lucas Smith.
Algunos fueron trasladados a dependencias del Servicio Penitenciario Federal (SPF), fuera de Santa Fe, lo que tampoco moderó el problema.
“Antes metíamos presa a esta clase de gente y la sacábamos de circulación por varios años. Ahora la cárcel ni siquiera sirve para eso. Siguen haciendo lo mismo desde adentro. Entonces, carece de sentido nuestro trabajo. Antes, la Justicia penal investigaba a los que estaban afuera cometiendo delitos. Ahora tenemos que investigar a los que están afuera, y a los que están adentro, también”, advierte amargamente Socca a Clarín.
Lo que pasa en el interior de las cárceles explica buena parte del fenómeno, pero no todo. Las armas proliferan en la calle. Y muchas provienen de la propia Policía. Armas que deberían estar en custodia, en depósitos oficiales, y que terminan alimentando el circuito delictivo.
En noviembre pasado hubo un raid de atentados que incluyó a seis estaciones de servicio, dos colegios, dos locales gastronómicos y un sindicato. En ningún caso hubo amenaza previa o pedido de dinero. Para los fiscales y las autoridades del ministerio de Seguridad esa seguidilla buscó generar conmoción y marcar el poder de fuego de las bandas. Está claro: sembrar el terror es una de sus mayores especialidades.
Ariel Cantero suma más condenas por delitos cometidos desde la celda que cuando estaba libre.