La crisis en el Congreso complica el inicio del gobierno de Xiomara
La crisis en el Congreso de Honduras por la existencia paralela de dos jefes del Legislativo, uno de ellos leal a la flamante presidenta Xiomara Castro, se trasladó el viernes al plano legal, cuando ambos bandos pidieron a la Corte Suprema que defina la situación.
Luis Redondo, del bando de Castro y sus aliados, y Jorge Cálix, del grupo rebelde y respaldado por la oposición, se hicieron elegir en asambleas paralelas y reclaman ser reconocidos como presidentes del Parlamento, en una crisis que estalló poco antes de la toma de mando de la nueva presidenta de Honduras.
Redondo pertenece al Partido Salvador de Honduras (PSH), que en campaña se alió a la agrupación de Castro, Libertad y Refundación (Libre), ayudándola a ganar. A cambio se le ofreció la presidencia del Congreso. Cálix, de Libre, desconoció el acuerdo y se postuló con el apoyo de los derechistas Partido Nacional y Partido Liberal.
Redondo legisla desde la sede del Congreso, con unos 40 legisladores titulares y similar número de suplentes, mientras que Cálix lo hace de forma virtual con más de 70 diputados titulares de los 128 que tiene el Parlamento.
El jueves, durante la ceremonia de asunción de la presienta Castro en el Estadio Nacional de Tegucigalpa, fue la jueza Karla Romero quien le tomó juramento, un hecho permitido por la ley pero poco habitual, porque usualmente lo hace el presidente del Congreso.
Redondo, jefe del Legislativo reconocido por Castro, estuvo en la ceremonia pero solo para colocar la banda presidencial. Esto dejaría en evidencia que el puesto de Redondo no tiene validez legal, consideran quienes respaldan a Cálix.
Este viernes, ambos bandos acudieron por separado ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema para pedir que se defina la situación.
La Corte deberá responder en la próxima semana. Cuatro de los cinco magistrados de la Sala Constitucional fueron nombrados por el anterior Parlamento, que dominaba el Partido Nacional (PN) del expresidente Juan Orlando Hernández. Esta sala es la que validó en 2017 su postulación a una reelección, pese a que la Constitución no lo permitía. Por eso están bajo sospecha.w