Un fracaso del Estado y del mercado
Un rasgo propio de la modernidad occidental ha sido su voluntad de producir instituciones abiertas y mecanismos de acceso. A diferencia de sociedades tradicionales, en las cuales los derechos están rígidamente establecidos por sistemas de privilegios que no pueden ser modificados a menos que se cuestione el sistema mismo, las democracias capitalistas surgidas del cruce de las revoluciones norteamericana y francesa, aunque impongan requisitos y opongan obstáculos, son sociedades abiertas.
Tanto en términos de derechos ciudadanos como sociales, económicos y culturales, ese carácter está en la base de la legitimidad misma de esos regímenes. En ellos, para obtener derechos es necesario desafiar al sistema, no deponerlo.
La Argentina existe como nación en la medida en que expresa su voluntad de ser una comunidad política que participa de ese mundo abierto. No es necesario hacer aquí el recuento de las numerosas formas de incorporación que, desde la nacionalidad al voto, de los derechos económicos a los sociales fueron ampliándose sucesivamente.
Si bien impulsados, las más de las veces, por la acción de quienes reclamaban para sí el acceso a bienes materiales o simbólicos de los que estaban privados, el Estado fue el responsable de institucionalizarlos, en una dinámica que, de la reivindicación a la formalización de los derechos, aseguró a la vez la pertenencia de los miembros a la comunidad política y la legitimidad de la existencia de la nación, configurando un nosotros político con un futuro común.
Desde el regreso de la democracia, el proceso de integración avanzó: el derecho a poner término a un vínculo matrimonial, increíblemente conculcado por el Estado durante décadas, fue incorporado con la ley de divorcio; el derecho a elegir el tipo de relación afectiva que se desea construir lo fue con la de matrimonio igualitario; el derecho a decidir sobre la maternidad y sobre el cuerpo propio con la de interrupción voluntaria del embarazo.
Simultáneamente con esos nuevos derechos, la Argentina fue suprimiendo otros, no menos importantes, para sectores cada vez más amplios de la sociedad: el derecho a un trabajo digno, el derecho a una vivienda, el derecho a un conjunto de bienes públicos de calidad.
La ampliación democrática producida en estas cuatro décadas ha sido resultado de las luchas de actores de la sociedad civil que desarrollaron una voz suficientemente potente, que supieron articularse como sujeto político y obtener el reconocimiento social y legal de los derechos anteriormente negados.
Por el contrario, la merma democrática, el adelgazamiento progresivo y sistemático de los derechos económicos y civiles que ha venido padeciendo una parte creciente de la sociedad, es el resultado de las fallas de dos dispositivos fundamentales de las democracias modernas: el Estado y el mercado. El capitalismo argentino se ha probado incapaz, desde hace medio siglo, de producir un crecimiento sustentable que incorpore trabajo, innove en tecnología y en conocimiento, admita o, mejor aun, propicie la competencia y sea capaz de participar en los mercados mundiales.
Cerrado, fundamentalmente rentista y extractivo, especializado en organizarse para inhibir o directamente impedir el desarrollo de mercados competitivos, se ha convertido en un obstáculo para el crecimiento.
Y el Estado, territorio colonizado por corporaciones que lo utilizan en defensa de sus intereses particulares, ha perdido toda capacidad de brindar los bienes públicos fundamentales salud, educación, acceso a la vivienda, instrumentos financieros que permitan la capitalización de los excedentes de los sectores asalariadosy una estabilidad macroeconómica que facilite el desarrollo de las actividades privadas y evite el deterioro de los ingresos salariales.
Así, mientras la sociedad civil argentina -todavía robusta, tensa, activa- hace avanzar los derechos y se organiza en defensa de ideas y principios y en la protección de sus miembros, mientras esa sociedad sostiene y mejora la democracia, las dos instituciones más complejas, básicas para el buen funcionamiento de la sociedad moderna, el Estado y el mercado, no hacen más que fracasar en sus tareas específicas, destruyendo así la idea de destino común y por tanto la posibilidad misma de existencia de una comunidad política.
Sin embargo, a pesar de la gravedad de la hora, la dirigencia política, crecientemente polarizada en defensa de sus propios intereses y de espaldas a la sociedad, ha venido radicalizando posiciones a favor de uno u otro dispositivo, desconociendo que es imprescindible promover la articulación adecuada entre ambos y la puesta de ambos al servicio de una idea del bien común que los trasciende y al hacerlo los subordina. Y que ambos, el Estado y el mercado, deben en Argentina ser reformados profundamente si se aspira a devolver un futuro posible a la sociedad.
Aquella Argentina de la inclusión se ha convertido en un país excluyente, expulsivo, cada vez más cerrado, respecto a la vez del mundo y de buena parte de los habitantes del territorio, que carecen de acceso a bienes económicos, sociales, culturales y políticos.
Esa dinámica de la exclusión es contraria al impulso fundante de la modernidad, y degrada las bases y la legitimidad misma del estado nacional. La divergencia es creciente entre una sociedad autoconsciente de sí misma, exigente y activa, y unos sectores dirigentes incapaces de organizar las instituciones al servicio del bien común, empecinados cada vez más en agredir a quienes tienen opiniones diferentes.
“Los regímenes democráticos, escribió Yael Tamir, requieren una asociación prepolítica que convierta a los ciudadanos en una entidad colectiva con un pasado y un futuro común. En ausencia de un nosotros político, el estado se desintegra, y la estructura política que le permite convertirse en una entidad democrática y decente se disuelve”. No es evidente que resulte todavía posible revertir el proceso que conduce a esa disolución, ni que quienes disputan el poder tengan la voluntad y la capacidad de hacerlo ■