Silencio e impunidad, la sombra de los abusos de la Iglesia latinoamericana
En muchos países de la región el silencio y el encubrimiento evitan que las denuncias lleguen a la Justicia.
Casi una década después de que el caso del sacerdote Fernando Karadima rompiera el tabú en Chile y espoleara la denuncia de abusos en países como Colombia, México o Nicaragua, las víctimas se quejan de que el enorme poder que conserva la Iglesia Católica haya logrado consolidar el encubrimiento, diluir la presión mediática y social y ralentizar la vía judicial.
Una influencia política y social intimidatoria que se refleja en las cifras: pese a ser la región del planeta con mayor población católica y el escenario de algunos de los casos más famosos, Latinoamérica destaca también por ser la que tiene la menor tasa de denuncias -apenas un millar-, según estadísticas de la ONU.
Y aunque en 2019 el prestigioso centro de pensamiento británico Child Rights International Network (CRIN) pronosticaba una reactivación gracias a la implicación de organismos como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que en diciembre de 2020 anunció un programa de defensa de las víctimas.
Lo cierto es que desde entonces la polémica ha casi desaparecido del foco mediático y legal debido, según algunos expertos, a la pandemia de la Covid pero sobre todo a la efectiva acción de la jerarquía eclesiástica, que ha redoblado una estrategia basada en el ocultamiento, el miedo a desatar conflictos familiares, la vergüenza, y distintos estigmas sociales hacia la homosexualidad, un prejuicio todavía muy extendido en todo el continente.
“La verdad es que incluso la Fiscalía ha bajado mucho la intensidad de la persecución, lo que es curioso”, explica a Efe el chileno José Andrés Murillo, víctima del ya fallecido sacerdote Karadima, al que el Vaticano condenó en 2011 por abusos cometidos entre 1980 y 2006, y que murió sin rendir cuentas a la justicia civil.
“Hablando de Chile, probablemente en términos absolutos no vivimos lo más grave, pero sí tuvo un nivel de publicidad mucho mayor porque hoy día la gente tiene mayor conciencia. Pero en Bolivia, en Paraguay, en México, en Brasil, en El Salvador, el poder que tiene la Iglesia Católica es realmente alucinógeno y muy peligroso”, advierte.
En Colombia el problema del encubrimiento es severo a pesar de que la Iglesia de ese país reconoció en 2019 más de un centenar de casos cometidos por sacerdotes. “Solo en la Archidiócesis de Medellín hay al menos 43 religiosos con antecedentes de abusos sexuales a menores”, explica a Efe el periodista Juan Pablo Barrientos, autor del libro “Dejad que los niños se acerquen a mí”, en el que se narra el caso del padre Roberto Cadavid, “un depredador sexual que violó niños en una parroquia en Bello”.
A Cadavid le tuvo que sacar de este municipio de Antioquia la Policía “cuando lo iban a matar los combos (bandas narco) porque precisamente violó al hermanito de uno de los delincuentes”, recuerda.
Pero lejos de castigarle, fue trasladado en 2005 a otra parroquia donde siguió acumulando denuncias, tantas que el arzobispo de Medellín, monseñor Ricardo Tobón Restrepo, optó por enviarlo a Nueva York para tratar de tapar el escándalo.
En Nicaragua, el caso de Marco Dessi, un sacerdote italiano juzgado y condenado en Italia por abusar de seis menores de edad en la provincia Chinandega, donde vivió 30 años, muestra cómo esa poder eclesial se proyecta a través de una veneración casi mística, que ejerce de escudo protector, especialmente entre las
La vergüenza y distintos estigmas sociales operan para que las denuncias no avancen.
clases más pobres.
Allí, muchas de las denuncia no prosperaron a causa de los ataques lanzados contra los primeros seis denunciantes, a los que se recriminaba que vilipendiaran a un hombre santo que había fundado el Hogar del Niño, la Comunidad Getsemaní, un coro de niños y muchas otras obras para beneficio de la niñez y la adolescencia chinandegana, sus víctimas, explica Efe Lorna Norori Gutiérrez, coordinadora del Movimiento Contra el Abuso Sexual.
Existía una “devoción impresionante” hacia Dessi, al que se apoyó con vigilias, rosarios, procesiones y hasta con pronunciamientos de personalidades nicaragüenses. La presión hizo que cuatro se quedaran a vivir en el exterior, y sólo dos regresaron a Nicaragua, donde viven sin hablar del tema y con bajo perfil..
Durante años, la Iglesia argentina trató de obviar las denuncias de abusos a menores. Ejemplo de esta política de ocultamiento es Sebastián Cuattromo, quien sufrió abusos en el Colegio Marianista de Buenos Aires, una institución “fuertemente autoritaria, donde había múltiples abusos de poder”.
“Ese chico que yo era con trece años se sentía muy vulnerable dentro del colegio, frente a este abusador sexual que era el hermano marianista Fernando Picciochi”, relata Cuattromo a Efe. Tras doce años de lucha judicial. en 2012 condenaron al abusador a doce años de prisión, una experiencia “reparatoria” para el abusado pero que reveló la “cultura institucional de abusos de poder, violencias y de malos tratos”.w